CI.- Este martes 7 de julio, en las primeras horas de la madrugada, la Alcaldía de Medellín adelantó un operativo de desalojo contra vendedores informales que históricamente han trabajado en el Parque Berrío. Las familias instalaron un refugio humanitario mientras se restablece su derecho al trabajo y al mínimo vital.

«No nos oponemos al desarrollo de la ciudad. Exigimos que las obras no se hagan sacrificando el derecho al trabajo y la vida digna de cientos de familias que dependen de la economía popular. La ciudad también se construye con quienes la habitan y trabajan todos los días», afirmó la vocera de las familias.

Esteban Romero, vocero de la articulación de territorios urbanos del Valle de Aburrá, denunció que este desalojo afecta a cerca de 300 vendedores y sus familias:

«Varios vendedores y vendedoras, junto a defensores de derechos humanos, nos congregamos en el sitio para impedir la instalación de vallas, pues para nosotros representa una vulneración al mínimo vital y al derecho de los trabajadores, porque pasa por encima de la mesa de negociación en la que estábamos sentados con el Metro de Medellín, la Alcaldía de Medellín, la Subsecretaría de Espacio Público, la Defensoría del Pueblo y la Personería, quienes no cumplen con los acuerdos».

La Cumbre Nacional Popular, que agrupa a múltiples organizaciones de varias ciudades del país, expresó en un comunicado:

«La economía popular no es un obstáculo para el desarrollo; se trata de personas que sostienen su vida y la de sus familias con trabajo digno y de cara al público… No a la criminalización del trabajo que sostiene a la mitad de la población colombiana».

Igualmente, hicieron un llamado a la ciudadanía, a la Defensoría del Pueblo y a las organizaciones sociales para que acompañen y defiendan a estas personas.

Refugio humanitario

Ante el desalojo y las agresiones desproporcionadas de las fuerzas policiales, los trabajadores y trabajadoras decidieron instalar un refugio humanitario, una acción de permanencia y resistencia civil mediante la cual buscan proteger sus derechos, mantener abiertos los espacios de mediación institucional y exigir que se restablezca el diálogo con la administración municipal.

Las organizaciones sostienen que la actuación de la Alcaldía desconoce los compromisos establecidos en la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas. También desconoce los escenarios de concertación que venían desarrollándose con la administración municipal para buscar alternativas que garantizaran el derecho al trabajo y evitaran afectaciones sociales derivadas de las obras.

Las organizaciones exigen:
  • La suspensión de cualquier actuación que implique desalojos sin garantías para la población trabajadora.
  • El desarrollo inmediato de la mesa de diálogo y mediación con participación de las organizaciones de la economía popular.
  • El cumplimiento de la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas, y de los compromisos de concertación adquiridos por la administración municipal.
  • La adopción de medidas que garanticen el derecho al trabajo, el mínimo vital y la seguridad alimentaria de las familias afectadas.
  • El acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital de Medellín y demás organismos de control para verificar la situación y garantizar el respeto de los derechos humanos durante el desarrollo de las intervenciones.

Las organizaciones advierten que las obras de renovación urbana que se desarrollan en el centro de Medellín no pueden traducirse en el desplazamiento económico de quienes han construido históricamente este territorio con su trabajo y vivienda. En ese sentido, insisten en que cualquier intervención urbana debe incorporar garantías para la permanencia, la protección de los medios de vida y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades.

CI CZ/FC/07/07/2026/14:00