CI.- Organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas de las fuerzas militares han formulado múltiples denuncias contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues consideran que varias de sus decisiones habrían favorecido a altos oficiales y militares responsables de crímenes de lesa humanidad.

Recientemente, la periodista Claudia Julieta Duque informó que al menos dos militares victimarios suyos fueron acogidos por la JEP. Según Duque, ese tribunal convirtió en verdad judicial la estigmatización contra ella, quien ha sido víctima del Estado colombiano durante más de 20 años.

El 30 de junio, la periodista presentó ante la JEP un escrito sobre la falta de competencia de ese tribunal para conocer los casos de Carlos Sastoque Rodríguez y William Alberto Merchán López, ambos procesados en la justicia ordinaria por tortura psicológica contra Claudia Julieta Duque.

Duque, quien también fue defensora de derechos humanos entre 2001 y 2004, sufrió amenazas de muerte, secuestros, vigilancia ilegal, campañas de desprestigio y estigmatización sistemática. A pesar de contar con protección del Estado, algunos de sus guardaespaldas resultaron ser espías. Así lo confirmaron informes internos que revelaron que esos guardaespaldas facilitaban información al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) sobre sus actividades. De igual forma, formularon falsas acusaciones en su contra. Entre 2004 y 2008, Duque y su hija vivieron en el exilio.

Sus investigaciones han derivado con frecuencia en demandas contra integrantes de las fuerzas armadas, políticos, integrantes de la rama judicial y periodistas vinculados con actos delictivos.

Madres y familiares de victimas de ejecuciones y desaparición forzada

Las críticas contra la JEP no son nuevas.

Luz Marina Bernal Parra es una líder social colombiana que, junto a otras mujeres, fundó el colectivo Madres de Soacha, cuyos hijos fueron asesinados por el Ejército colombiano en los llamados «falsos positivos».

Ella y otras mujeres rechazaron varias decisiones de la JEP y consideran que ese tribunal habría facilitado altas dosis de impunidad para las fuerzas militares.

Aunque la JEP ha informado en varias ocasiones, mediante investigaciones y pronunciamientos, que las fuerzas militares y sus altos mandos son responsables de varios crímenes, el tribunal se ha negado a reconocer que las ejecuciones extrajudiciales constituyeron una política de Estado. Varias unidades militares y batallones repiten los mismos patrones para cometer estos crímenes en todo el país.

Luz Marina Bernal es madre de Fair Leonardo Bernal, un joven asesinado por el Ejército colombiano. La Fiscalía General reconoció el asesinato de su hijo como crimen de lesa humanidad, así como la desaparición de más de 4.500 jóvenes, en el marco de los llamados «falsos positivos».

Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras Bernal y trabajadora incansable por las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Los militares desaparecieron al hijo de Bernal. El joven, de 26 años, tenía una discapacidad mental que lo hacía actuar como un niño de 10 años. Luz Marina Bernal vio a su hijo por última vez el 8 de enero de 2008, cuando salió de su casa en Soacha, ciudad de 800.000 habitantes ubicada al sur de Bogotá. Ella afirma que no ha recibido justicia, verdad ni reparación, como les prometieron a las víctimas. Aunque algunos militares fueron judicializados, las cabezas principales de este crimen permanecen en la impunidad.

Igualmente, el pasado 25 de junio, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) expresó su preocupación por la decisión de la JEP de conceder el beneficio de renuncia a la persecución penal a seis exintegrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional. Estos oficiales son responsables del secuestro, la ejecución extrajudicial y la incineración de seis jóvenes, hechos ocurridos en Bogotá los días 6 y 7 de septiembre de 1996, conocidos como la Masacre de Mondoñedo.

Luz Marina Bernal, madre de uno de los jóvenes asesinados por los militares y presentados como bajas en combate.

Impunidad para los militares

La Corporación Jurídica Libertad, organización que desde hace años visibiliza algunos de los puntos problemáticos de la JEP, declaró a Colombia Informa en 2025 que este tribunal no ha priorizado a las víctimas como lo anunció el acuerdo de paz de 2016 y este año cumplió 10 años.

Además, la Corporación Jurídica Libertad denunció que la JEP ha limitado la participación de las víctimas en escenarios judiciales, una práctica que considera revictimizante.

Uno de los elementos más graves de las denuncias se relaciona con los macrocasos priorizados por la JEP. Según la organización de derechos humanos, la JEP avanzó en casos que la Fiscalía colombiana ya investigaba. La Corporación solicitó al tribunal investigar los casos no esclarecidos, pero la JEP continuó adelante pese a esas peticiones.

Del mismo modo, la Corporación Jurídica recalcó que la cifra oficial —primero 6.402 en el gobierno de Uribe y luego 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1990 y 2016— está lejos de ser definitiva. Esto sugiere que el número de personas engañadas y asesinadas por militares para presentarlas como bajas en combate podría ser mayor.

De hecho, la Corporación Jurídica Libertad alertó que, en el proceso de priorización, la JEP no investigó todas las unidades y batallones de las fuerzas militares, sino solo una parte de miles de casos.

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Faltan más víctimas

Incluso, las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado de forma reiterada que la cifra de víctimas a manos del Estado es mucho mayor. Solo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) busca a más de 137.000 personas desaparecidas.

De los 32 departamentos colombianos, la JEP priorizó solo seis, lo que redujo el número de víctimas que accederán a justicia.

Igualmente, la Corporación Jurídica Libertad señaló que, aunque la JEP priorizó a Antioquia por ser uno de los departamentos con mayor número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales (más de 1.600 casos), solo investiga a la Cuarta Brigada del Ejército, ubicada en ese departamento.

Las brigadas Décimo Cuarta, la Décimo Sexta, la Décimo Séptima y la Brigada Móvil 11, que también tienen casos de ejecuciones extrajudiciales, no son investigadas por la JEP.

A esto se suman las denuncias de defensores y defensoras de derechos humanos, quienes explican que, tras enormes esfuerzos, lograron llevar ante la justicia a algunos altos oficiales y generales, pero estos quedaron en libertad tras acogerse a la JEP.

CI FC/10/07/2026/12:00