CI.- Llegamos casi a la mitad del mandato y es evidente que las aspiraciones de cambio del primer Gobierno progresista de Colombia se encuentran maniatadas por un establecimiento que, desde varios sectores del Estado, tiende a perpetuar los privilegios de las viejas élites que siempre han gobernado este país.

Para buena parte de la izquierda, esta situación de asedio era una posibilidad, pero para muchas personas que votaron y lucharon en las calles durante el Estallido Social de 2021 y que esperaban una mejoría en sus condiciones básicas de vida, se sienten defraudadas.

Mientras tanto, la derecha, en todas sus expresiones, se aprovecha del escepticismo social y compite para convertirse en la cabeza de la oposición.

Como ocurrió en otras partes del continente, es posible que en 2026 la derecha vuelva al gobierno. Mientras el progresismo se quede corto en alternativas de solución reales, que mejoren sustancialmente las condiciones materiales de las clases trabajadoras, su unidad y la organización, la derecha aprovechará estos espacios para resurgir.

Al respecto, el pensador Álvaro García Linera dijo: “Las izquierdas, si quieren consolidarse, deben responder a las demandas por las que surgieron y, si quieren en verdad derrotar a las extremas derechas, tienen que resolver de manera estructural la pobreza de la sociedad, la desigualdad, la precariedad de los servicios, la educación, la salud y la vivienda. Y para poder realizar eso materialmente, tienen que ser radicales en sus reformas sobre la propiedad, los impuestos, la justicia social, la distribución de la riqueza, la recuperación de los recursos comunes en favor de la sociedad”.

La paz no avanza

La paz no se ha podido materializar. Las lideresas y líderes sociales aún son asesinados por diferentes grupos paramilitares. Los ceses al fuego pactados entre las fuerzas militares y los grupos armados no han beneficiado a la población civil y el paramilitarismo sigue fortaleciéndose con la ayuda del Estado, como dijo recientemente el padre Javier Giraldo: “No se ha avanzado un milímetro en romper la relación entre la Fuerza Pública y el Clan del Golfo”.

El proceso de paz con la insurgencia del ELN ha avanzado significativamente, pero se atasca con las premuras del Gobierno de mostrar como resultados la desmovilización y desarme de la insurgencia, quien ha manifestado en repetidas ocasiones que ese no puede ser el centro de la negociación.

Estos atascos, junto a discursos y discusiones abstractas, hacen que las grandes mayorías tomen distancia del proceso.

La participación y el proceso constituyente

El presidente Gustavo Petro desató un debate nacional, desde su encuentro con la Minga de Resistencia del Suroccidente colombiano, cuando expresó que era necesario un proceso constituyente, que en la mayoría de sectores, incluso de izquierda, es rechazada con el temor de que sea aprovechada por la derecha.

Esta alternativa se presenta ante el bloqueo a las reformas sociales en el Congreso de la República por parte de los partidos tradicionales y medios de comunicación hegemónicos, que a pesar de varios intentos de conciliación del Gobierno, no han cedido en su interés de defender negocios como las EPS y los fondos privados de pensión. Es decir, mantener la salud como una mercancía.

Coincidimos en la necesidad de que los sectores populares, históricamente excluidos de los órganos de gobierno y del Estado, puedan realmente establecer sus agendas y demandas históricas y llevar a cabo los cambios estructurales en el país dentro de una nueva institucionalidad.

Consideramos que el proceso constituyente debe ser transformador y no puede estar limitado ni enmarcado dentro de las reglas de juego de la democracia liberal corroída por prácticas clientelistas y corruptas.

El proceso de participación de la sociedad producto de los diálogos con el ELN está por terminar su primera fase de diseño. También contiene el espíritu del proceso constituyente, por lo cual esperamos que estos dos procesos se encuentren y le aporten al fortalecimiento de una fuerza social transformadora que pueda defender los cambios en el futuro.

En el continente han existido experiencias constituyentes que respondieron a crisis y levantamientos populares como el Caracazo de 1989 en Venezuela, la Guerra del Agua en Bolivia y la Revuelta de los Forajidos de 2005 en Ecuador.

En esos países, los sectores populares y los gobiernos crearon nuevas constituciones que garantizaron la ejecución de los cambios sociales. Con distintos matices según la correlación de fuerzas en cada país, estas nuevas constituciones rechazaron el neoliberalismo y limitaron el poder de las viejas oligarquías para transitar a un cambio de régimen político.

También hay malas experiencias, como la que dio origen a nuestra actual Constitución, donde el pueblo no fue el sujeto constituyente, sino representantes de los partidos políticos, en su mayoría tradicionales, los cuales se limitaron a discutir solo algunos temas que solo sirvieron para hacer una apertura al neoliberalismo en el país.

El caso chileno fue el más reciente en donde, como resultado del estallido social en 2019, floreció un gran entusiasmo para reformar la Constitución que venía de la época de la dictadura de Pinochet.

Aunque en ella participaron en gran mayoría sectores populares que se movilizaron, los cuales plantearon importantes cambios como la plurinacionalidad, el indigenismo y la ecología, el proceso fue objeto de desprestigio y estigmatización por los grandes medios.

El miedo a los cambios provocó que al final la nueva constitución fuera rechazada en el primer plebiscito del 2022, con el 62%.

Ante esta situación, las fuerzas de derechas victoriosas en ese momento redactaron un texto aún más conservador que también fue rechazado con un 55% el pasado diciembre del 2023. De esta manera sigue hoy vigente la vieja Constitución y el Gobierno desistió de la reforma.

A partir de varios años de trabajo junto al movimiento social, consideramos que el objetivo de un proceso constituyente no solamente es un texto de nueva Constitución, es también empoderar a las comunidades sobre sus territorios, el ejercicio de la solidaridad, la democracia directa y la capacidad de organizarse de manera autónoma para la exigencia de sus derechos.

Nuestro compromiso como medio alternativo

Como medio alternativo y popular informaremos y resaltaremos las luchas y logros de la Colombia que se moviliza desde hace años, lo cual hizo posible la llegada de este gobierno progresista.

También vamos a continuar en la labor de vigilar y hacer veeduría a las promesas de campaña. No vamos a escatimar esfuerzos en hacer las críticas que surjan desde la legitimidad de las comunidades.

Cubriremos todas las acciones políticas que provengan del movimiento social, como la denuncia permanente del paramilitarismo y del asesinato a lideresas y líderes sociales.

De igual forma, vamos a seguir en nuestra labor de denunciar los crímenes de Estado y de las políticas antipopulares de cualquier gobierno, en el rescate de la memoria de las luchas sociales en la búsqueda de aportar a un cambio ideológico de la sociedad colombiana.

CI 09/05/2024/18:00