CI.- En la emisión del 6 de julio, el programa de noticias dijo que, según un informe de la Contraloría, el Gobierno le adeuda a las EPS 32 billones de pesos, aunque en realidad son estas empresas privadas las que deben ese monto a la red hospitalaria del país.

Hasta el día de hoy el noticiero no ha rectificado a pesar de las críticas en redes sociales, principalmente en X, donde la tendencia #CaracolMiente alcanzó los primeros lugares por varios días.

En la emisión del mediodía del 6 de julio, la presentadora Alejandra Murgas y luego otro periodista de sala de redacción dijeron: “Se agudiza el ya estado crítico de la salud del país; según los organismos de control, las deudas del gobierno con las EPS evidencian la insostenibilidad financiera del sistema”.

Luego Esteban Bejarano, otro periodista, añadió: “Según las cifras con corte al 31 de diciembre del 2024, el dinero que el gobierno le debe a las EPS por sus servicios de salud asciende a 32.9 billones de pesos, lo que ha generado su estado crítico”.

Sin embargo, el informe de la Contraloría dice: “Como se observa en la Tabla N.17, la deuda de las 29 EPS a 31 de diciembre de 2024 por concepto del costo en salud asciende a 32.9 billones de pesos. Es obligación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes contributivo y subsidiado la creación de reservas por obligaciones pendientes con el fin de garantizar que las deudas puedan ser pagadas oportunamente”.

 

Crisis de la salud

Mientras hace un año y medio solo diez de las 29 EPS activas contaban con los recursos para operar, hoy ese número se reduce a seis: Salud Total EPS, EPS Familiar de Colombia, Aliansalud EPS, Confaoriente, Salud Mia EPS y Salud Bolívar EPS.

El informe de la Contraloría añade que 15 EPS no cumplen con el capital mínimo requerido. 14 EPS no cumplen con el indicador de patrimonio adecuado, por lo que ponen en riesgo el uso eficiente de los recursos públicos y 22 de estas empresas no cumplen con la inversión de sus reservas técnicas, con lo cual afectan la garantía de la prestación de los servicios de salud.

“Por cada 100 pesos que reciben se gastan 110”, dijo el vicecontralor Carlos Zuluaga, quien señaló que hay que ser más eficiente en el manejo y en la prevención.

El informe de este ente dice, al igual que el del Gobierno, que estas entidades priorizan y pagan anticipadamente a hospitales y clínicas de su propiedad (integración vertical), y dejan de un lado la red pública.

Además, las quejas de los usuarios aumentaron principalmente en la Nueva EPS (22%), Sanitas EPS (13%) y Famisanar (7%).

Finalmente, el vicecontralor dijo que no se explica por qué hay tantos reclamos en la entrega de medicamentos cuando el Estado financia el 90% de ese rubro, por lo cual sugiere que se podría estar buscando generar pánico y acaparamiento con este tema entre los usuarios.

Críticas al periódico, El Espectador

A partir de las revelaciones sobre un posible golpe de Estado liderado por el ex canciller Álvaro Leyva y otros políticos de extrema derecha, el periódico El Espectador, uno de los más influyentes del país, tituló el pasado 29 de junio: “La prensa internacional reveló audios en los que, al parecer, el ex canciller Álvaro Leyva estaría gestionando la salida de Gustavo Petro de la presidencia”.

Esto también ocasionó una lluvia de críticas en redes sociales, donde varias personas proponen que el reconocido periódico de propiedad de la familia Santo Domingo minimizó y encubrió un hecho grave como lo es un golpe de Estado.

Además de ello, se cuestionó que las importantes revelaciones hayan sido emitidas por la prensa internacional y no por los medios nacionales.

Caricatura del caricaturista Patán retirada por El Espectador

Aun así, este medio nunca rectificó; sin embargo, sí lo hizo con la caricatura de su colaborador Patán, que se basaba en un capítulo de Los Simpson y planteaba la idea de que el libre porte de armas podría traer resultados como el atentado a uno de sus mismos defensores: Miguel Uribe Turbay.

Ese mismo medio fue denunciado en redes sociales por invisibilizar el genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino.

En la medida en que la oposición al actual Gobierno busca allanar su camino a 2026, los grandes medios corporativos dejan ver su sesgo de clase e interés político y pasan por encima de la misma ética periodística, algo que los ciudadanos cobran fuertemente en redes sociales y medios alternativos.

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