27 ene. CI.- Después de 10 horas de diálogos y casi cinco días de protestas, las comunidades del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia y Magdalena Medio lograron un acuerdo en el cual el Gobierno Nacional reconoce la existencia de una emergencia humanitaria por cuenta del accionar de grupos paramilitares y ofrece garantías a las y los manifestantes. Las comunidades organizadas iniciarán una apertura gradual de la vía.

En la Universidad de la Paz, en Barrancabermeja y tras una ardua negociación de las comunidades y el Gobierno Nacional, se logró un acuerdo, que se espera sea cumplido por el Ejecutivo. Entre los aspectos fundamentales del acuerdo, el gobierno reconoce que: “existe una crisis humanitaria en los territorios y una grave violación de derechos humanos debido a la reconfiguración del paramilitarismo, entendido este, no solo desde el punto de vista militar, sino político, cultural, económico y social”. El gobierno colombiano también reconoció que durante décadas ha existido un genocidio contra el movimiento popular.

Firma del acuerdo entre las comunidades y el gobierno.

El Gobierno Nacional también se comprometió a brindar las garantías de retorno a los manifestantes a sus territorios. Para esto, no habrá estigmatización de las y los manifestantes, cesarán los retenes militares y policiales durante el retorno de las comunidades movilizadas. Tampoco, se permitirán los empadronamientos, ni las fotografías contra las delegaciones, ni los informes de inteligencia, ni las solicitudes de las guías de transporte de las y los manifestantes.

El gobierno se comprometió a no judicializar a las y los manifestantes. La policía ni ningún organismo de seguridad podrán tomar imágenes de las comunidades. La fuerza pública no realizará ningún acompañamiento durante los traslados de las comunidades a sus territorios. En el acuerdo se acordó que la MAPP-OEA será acompañante y la ONU será garante.

De igual forma, en el acuerdo fue definida la creación de una comisión de declaratoria y solución de la Emergencia Humanitaria que iniciara como punto de partida en el Magdalena Medio. Esta comisión estará conformada por las organizaciones sociales que participaron del paro, funcionarios del gobierno, la comunidad internacional y los garantes. La instalación de la comisión será el próximo 13 de febrero en Bogotá y las comunidades tendrán un espacio autónomo preparatorio el día anterior.

Por su parte, la comunidad se comprometió a iniciar la apertura gradual de la vía en la Lizama, desde la noche del 26 de enero. Dicho proceso tendrá el acompañamiento de la policía de tránsito.

Incumplimientos de la policía

El equipo Jurídico Pueblos denuncio que, cuando las comunidades y las organizaciones sociales procedieron a regresar a sus territorios, hacia las 9:20 de la mañana, en el punto La Tienda Nueva, fueron retenidos por agentes de la Policía Nacional, quienes abiertamente desconocieron los compromisos que fueron pactados, expresamente respecto a las garantías de retorno de las comunidades, que incluía la prohibición de tomar fotografías de los manifestantes así como la identificación de los vehículos en los que se movilizaran.

La organización defensora de derechos humanos denuncio que el Subintendente Cristian Villarreal y el intendente Jhon Aguilera requirieron a los defensores y defensoras del Equipo Jurídico Pueblos a mostrar sus cédulas de ciudadanía, mientras que otros uniformados tomaron fotos del vehículo en el que se movilizaban especialmente a la placa. De igual forma, realizaron grabaciones y fotografías de quienes retornaban.

El Equipo Jurídico Pueblos denuncio a la Policía Nacional y señaló que ignoró abiertamente los acuerdos firmados por el Gobierno rompiendo todos los protocolos que habían sido establecidos con los delegados del nivel nacional, y además están realizando acusaciones graves contra defensores y manifestantes, pues el Subintendente Villareal afirmó que quienes se estaban movilizando era personas que venían con la guerrilla.

En la denuncia realizada por el Equipo Jurídico Pueblos dijo: “Lo que se está presentando en este momento es sumamente grave porque aun cuando los acuerdos fueron establecidos, en el territorio la institucionalidad los ignora y acentúa la crisis humanitaria que se vive. Exigimos que el Gobierno Nacional defienda los acuerdos que suscribió con el campesinado de la región de Dos Ríos y que tome las medidas necesarias para que pare el genocidio”.

CI FC/27/01/2023/10:00