26 ene. CI.- La visita de una delegación del Gobierno Nacional en el día de ayer produjo expectativas por la instalación de una mesa de diálogo entre las organizaciones campesinas y populares que protestan contra la represión y el paramilitarismo en La Lizama y el gobierno del Presidente Gustavo Petro. No obstante, el mayor escollo para iniciar las negociaciones en el día de hoy, se debe a que los funcionarios del gobierno se niegan a efectuar la negociación en el lugar donde se encuentran las comunidades.

Según informó el Congreso de los Pueblos en un comunicado, la delegación del Gobierno Nacional mantiene su negativa de desarrollar esta primera etapa de diálogo con las comunidades en La Lizama, lugar donde se desarrolla el paro, alegando la necesidad de contar con un espacio que permita las condiciones de tranquilidad para el diálogo.

Las comunidades han expresado tener total disposición de iniciar el diálogo con el Gobierno Nacional y explican que el sitio del paro cuenta con las condiciones básicas y de seguridad para desarrollar el diálogo. De igual manera, han solicitado a la Viceministra de Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Lilia Solano, iniciar el diálogo en La Lizama, sin embargo, ella aún no se ha presentado en el sitio. Colombia Informa intento comunicarse con ella, pero aún no tenemos respuesta.

Las comunidades exigen la participación directa de funcionarios del gobierno nacional con capacidad de decisión, para que puedan garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

Del mismo modo, explican que la decisión de levantar el paro depende de que se logre unos acuerdos favorables en la mesa de negociación, teniendo como elementos fundamentales; el reconocimiento público por parte del gobierno de la emergencia humanitaria, las garantías de retorno de las comunidades a sus territorios y la definición de una ruta que atienda efectivamente la emergencia humanitaria y sus causas estructurales.

Las y los manifestantes anunciaron que nuevas comunidades y procesos organizativos siguen sumándose al paro, como consecuencia del avance paramilitar que viene incrementando la Emergencia Humanitaria en todo el país. En el comunicado reiteran que: “el sitio de paro en La Lizama representa, para las vocerías y las comunidades manifestantes, un lugar de resguardo y refugio humanitario; por tanto, nos mantenemos en la decisión de permanecer en este espacio hasta que, como fruto del diálogo con el Gobierno Nacional, se ponga en marcha una ruta que permita frenar el genocidio que vivimos y garantice el retorno y permanencia en nuestros territorios”.

Las comunidades insisten en que han mantenido el corredor humanitario para garantizar el libre acceso de ambulancias, carros funerarios, entre otras necesidades especiales y reducir afectaciones a la población. Sin embargo, en la madrugada del 25 de enero, en uno de los puntos principales del cierre de la vía a La Lizama, las personas que protestan denunciaron la realización de una reunión entre la fuerza pública y camioneros donde acordaron lanzar algunos vehículos sobre los manifestantes para finalizar con el cierre de la vía de manera violenta. Por otra parte, en la tarde de ayer las comunidades sostuvieron una reunión con entidades de Santander como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Gobernación departamental; Allí acordaron llevar a cabo un diálogo con el sector de los camioneros para minimizar las amenazas que se han venido presentando contra los manifestantes y además garantizar que se efectúe el corredor humanitario, que está siendo obstaculizado por algunos conductores de vehículos de carga pesada.

Se debe recordar que las campesinas y campesinos se vieron obligados a realizar un cese de sus actividades para iniciar un paro indefinido, debido al constante ataque y amenaza que sufren tras el repunte paramilitar en la región de los Dos Ríos, en el Magdalena Medio.  Voceros de las organizaciones campesinas y populares del paro regional en La Lizama indicaron que se han visto afectados, ya que no hay garantías para el retorno y la permanencia en sus territorios.

Según Gerardo Caballero del Coordinador Nacional Agrario (CNA), “Hemos venido informando a través de denuncias públicas, Caravanas Humanitarias, Audiencias en el Senado, Refugios Humanitarios en el territorio, evidenciando que en diferentes departamentos (Cesar, Bolívar, Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia, Santanderes), existe una avanzada paramilitar que cuenta con las condiciones logísticas que le está brindando la fuerza pública, en este caso el Ejército Nacional. En ese sentido, vemos con total preocupación que se venga negociando con las Autodefensas Gaitanistas (AGC), y que estás hayan tomado esa negociación como la forma de expandirse en el territorio”.

En el día de ayer fue realizada la visita de una delegación del Gobierno Nacional compuesta por delegados y delegadas de la Dirección de Derechos Humanos y de la Dirección de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior, así como del Ministerio de la Defensa, la Defensoría del Pueblo y organismos regionales. Aunque las comunidades esperan la instalación de una mesa de diálogo con las organizaciones campesinas y populares que protestan contra la represión y el paramilitarismo en La Lizama, aún no llegan los representantes del gobierno.

El día de hoy, 26 de enero, se espera que sea concretada la mesa de negociación entre los voceros y voceras de las personas manifestantes con el Gobierno Nacional para lograr avanzar en la construcción de una ruta que permita atender la Emergencia Humanitaria. El paro regional indefinido completó cuatro días, en los cuales los voceros de las comunidades esperan que los funcionarios y funcionarias del gobierno hagan presencia en el punto de concentración para que conozcan de forma directa las exigencias del campesinado.

CI FC/26/01/2023/11:45