17 ene. CI. – Mientras el país en la primera semana del mes de septiembre de 1999 vivía un tenso escenario en todos los órdenes de la vida nacional, en Ariguaní los narcoparamilitares asesinaban a su exalcalde Andrés Alfonso Palmera Anaya, con la abierta complicidad de la Policía Nacional y la presunta participación intelectual de algunos dirigentes locales para los que el joven político era incómodo. Sin embargo, hoy está prohibido hablar de eso.

Por Víctor Garavito. Hace 17 años, el 1 de septiembre de 1999, el país amaneció con un Paro Nacional convocado por las Centrales Obreras, hecho al que no fueron indiferentes los trabajadores del Magdalena, como lo registró la prensa regional. Sin embargo, el único interés de los medios en el Magdalena fue el orden público y no las razones por las que el movimiento sindical salió a protestar en medio de una sociedad avasallada y al servicio del narcoparamilitarismo. Ese día el titular de primera página del Hoy Diario fue: “Y no pasó nada, sigue el paro”.

Los “Paras” y la región

En el Municipio de Ariguaní, cuyo casco urbano, El Difícil, se encuentra ubicado en la subregión del centro del departamento del Magdalena, a 216 Kms. de Santa Marta y en 1999 nada se movía sin la autorización de los “paras”, las cosas parecen seguir el mismo curso de una historia petrificada y construida con el despojo de tierras a los campesinos de la zona y una extensa lista de asesinatos que aún no logran visibilizarse, como lo reconocen sus pobladores, porque continúan enterrados en diversas fosas comunes disgregadas por la fragmentada geografía.

El Difícil, un poblado de 32.166 habitantes, sigue anclado en la década de los 90 y sus pobladores señalan que otrora su clase política y sus autoridades decidieron entregarse a los narcoparamilitares, colaboraron abiertamente con ellos y patrocinaron las acciones del Bloque Norte. Esto implicó que los parapolíticos se enriquecieran rápidamente en medio de una cruenta guerra que los “paras” le declararon a los campesinos de la región para despojarlos de sus tierras. A pesar de ello, hoy se excusan detrás del “no podíamos hacer nada” o lo que es más lamentable: “nos obligaron”.

No obstante, con el proceso de la parapolítica  emergieron los secretos a voces que develaron el entramado de complicidades entre la dirigencia y los narcoparamilitares. Fue así como el país conoció los llamados “Pactos de Chivolo y Pivijay”, por los que algunos líderes políticos de la región disfrutan hoy del beneficio de casa por cárcel. Aquellos que cogobernaron con narcoparamilitares en los entes territoriales del Valle del Río Ariguaní para saquear los recursos del Estado en beneficio propio y de los comandantes del Bloque Norte siguen en la impunidad.

Pero la sentencia de “casa por cárcel” no se cumple en su totalidad, porque algunos de los políticos condenados, así como los excomandantes que viven aún en El Difícil, se pasean impunemente por estos territorios mientras los organismos de seguridad parecen no darse cuenta de la situación, como tampoco lo hacen con la aparición del “Ejército de Antirestitución de Tierras”, el Clan Úsuga, la trata de blancas -con el arribo a la región de un grupo numerosos de venezolanas ilegales que ejercen la prostitución-, el aumento del tráfico de estupefacientes ni la criminalidad. En la actualidad, para nadie es un secreto “quién es quién” en El Difícil y en cada uno de los municipios del Valle del Río Ariguaní; ni cómo fue el macabro accionar de la ultraderecha colombiana, porque 1999 los criminales ya habían tocado a las puertas de muchas familias, al tiempo que enterraban sus muertos bajo la estricta vigilancia de una sociedad que rápidamente entró en pánico y terminó al servicio de los narcoparamilitares, y fue estigmatizada y señalada como la más «paraca» del país.

¿Quiénes mataron a Palmera?

El  7 de septiembre de 1999 no fue un día más en el Valle del Río Ariguaní. Bajo la mirada impasible del Estado, los paramilitares demostraron que eran los amos y señores de estas tierras. Ese día, mientras el exalcalde de Ariguaní, Andrés Alfonso Palmera Anaya, retornaba a la ciudad de Barranquilla, donde se había establecido con su esposa Yurbey Núñez y sus tres hijas, un kilómetro adelante del Corregimiento de Pueblo Nuevo, sobre la vía que conduce de El Difícil a Bosconia, fue abordado por un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes al Bloque Norte que comandaba Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40”.

A Palmera Anaya lo bajaron del vehículo, y de ahí en adelante todo fue confusión y angustia. La noticia del secuestro corrió rápidamente y durante 72 horas la gente de El Difícil, sus simpatizantes y familiares vivieron la zozobra. Sin embargo, los únicos que no se enteraron de lo sucedido fueron los agentes de Policía de la región, los cuales guardaron silencio y siempre mantuvieron su complicidad frente al asesinato de Andrés Palmera.

Al respecto, el 8 de septiembre la prensa regional mencionó el hecho y advirtió que: “El plagio se le atribuye a la guerrilla”, así lo señaló incluso en su titular de primera página el periódico Hoy Diario del Magdalena. Por su parte, la administración municipal del exalcalde Guillermo Sánchez Quintero, convocó a un Consejo de Seguridad para tratar de minimizar los hechos, mientras los autores intelectuales seguían confabulando en las calles de El Difícil.

En ese momento, el entonces comandante de la Policía del Magdalena, Coronel Hernán de Jesús Bonilla Álvarez, precisó que aunque esa institución adelantaba las investigaciones, aún no tenía conocimiento de sus autores. Pero lo cierto es que los últimos en movilizarse tras el secuestro del exalcalde Palmera Anaya fue esa entidad. Finalmente, el 9 de septiembre fue hallado en las inmediaciones de la vía que conduce de Fundación al corregimiento Santa Rosa de Lima, el cuerpo de Andrés Palmera Anaya con varios disparos y evidentes signos de tortura.

Alias «Tolemaida» reconoció la muerte de Palmera Anaya

Años después, el reconocido comandante narcoparamilitar, oriundo del El Difícil, Óscar Ospino Pacheco, alias “Tolemaida”, dentro de una audiencia pública de Justicia y Paz, manifestó que el asesinato de Palmera Anaya fue ejecutado por la orden de Rodrigo Tovar Pupo, como respuesta a lo que él llamó “desacuerdos políticos”, es decir, reconoció que el exalcalde de Ariguaní se negó a confabularse con los “paras”. Sin embargo, Ospino Pacheco no reveló los nombres de los autores intelectuales del homicidio y, aunque existen diversas versiones que recorren el Valle del Río Ariguaní sobre los responsable de este infame hecho, no hay evidencia fáctica necesaria para resolver este crimen.

Otros opinan que llegar al fondo del asesinato del exalcalde Palmera Anaya, destaparía nuevamente ese entramado de vínculos entre la dirigencia regional y la clase política con los “paras”; por eso los implicados prefieren hacer “grandes esfuerzos económicos” para que las investigaciones queden en el olvido. Así concluyen quienes apelan a los tradicionales refranes y de manera puntual manifiestan ante la muerte de Palmera Anaya que “Cuando el río suena es porque piedras lleva». A pesar de ello, existen los que se atreven a señalar a los presuntamente instigadores o autores intelectuales del crimen, pero… los trágicos sucesos del 7 de septiembre de 1999 siguen impunes porque aún no se ha dicho toda la verdad.

Por otro lado, es preciso mencionar la indolencia y el tratamiento de tercera que le dieron al magnicidio. Tanto la prensa regional como la dirigencia del Magdalena trataron el hecho como una noticia judicial sin ir más allá de las circunstancias políticas, le restaron la importancia que requería el momento y se encargaron de guardar silencio. Además, no hubo ningún tipo de investigación ni se llevó la noticia al ámbito nacional. Así mismo, se observó la pasmosa indiferencia de los diversos sectores sociales y administrativos del departamento.

Colombia, septiembre de 1999: entre el paramilitarismo y la crisis económica [Parte II]

Los avatares del Magdalena en medio del paramilitarismo [Parte III]

 

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