25 ago, CI.- La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- hizo público el pasado 12 de agosto el hallazgo de 19 fosas comunes en la región Montes de María (ubicada entre los departamentos Sucre y Bolívar), con un número aún no determinado de personas identificadas que serían víctimas del conflicto armado. Para esta región representa un significativo avance en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de quienes vivieron la tragedia de la guerra.
Según datos registrados de la UBPD, entre los años 1958 y 2016 el conflicto armado en el departamento de Sucre ocasionó más de 2.000 hechos de desaparición. Esto estuvieron focalizados principalmente en los municipios San Onofre, Sincelejo, Ovejas y Colosó.
“El hallazgo de estas fosas fue posible gracias a la información acopiada por la Unidad de Búsqueda en el desarrollo de la investigación extrajudicial adelantada en el territorio, y representa una esperanza para los cientos de familias del departamento de Sucre que buscan a sus familiares desaparecidos”, comentó Luz Marina Monzón Cifuentes, actual directora de la UBPD.
¿Qué sucedió en Montes María? Es una pregunta cuyas respuestas aún sigue construyéndose con los testimonios de las víctimas y de los victimarios de hechos de violencia y violaciones de Derechos Humanos en el marco del conflicto armado.
Montes de María, una región marcada por tragedias
A Montes de María le caracteriza el sonido de las gaitas, las tamboras y la tradición oral que se inspiraron en las densas selvas y montañas de esta región constituida por 15 municipios entre Sucre y Bolívar. La mayoría de las comunidades que les han habitado, han vivido de la economía ganadera y agropecuaria, siendo la más fuerte la primera.
Montes de María también es reconocida por la calidad de su tierra y su estratégica posición geográfica, entre corredores naturales como el Golfo de Morrosquillo. Desafortunadamente, estas condiciones resultaron ideales para la incursión de grupos armados legales e ilegales y, por tanto, de proyectos de guerra, represión y control.
Debido al conflicto armado, pasaron muchos años para que las gaitas volvieran a sonar en la alegría y celebraciones de las comunidades. Tomas paramilitares y la violencia que acarrean apagaron sus melodías y las convirtieron en dolorosos recuerdos. Asimismo, hay marcas crueles que dejaron las guerrillas, el narcotráfico y el Estado cómplice, impune y financiador de la guerra.
“En el caso de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia], la violencia contra la población civil hace parte de una estrategia basada en el terror para eliminar el presunto apoyo o base social de la guerrilla. Bajo este marco, se perpetran 42 masacres que dejan 354 víctimas fatales, entre ellas, las más destacadas son la de Tolúviejo en 1999 y El Salado en el año 2000. También deben señalarse las de Chengue (2002), Pichilín (2002), Ovejas (2002) y Macayepo (2002)”, explica el documento investigativo “Análisis regional de los Montes de María” de la Fundación Ideas para la Paz -FIP.
Según la FIP, el período en que hubo la espiral de violencia que se expandió drásticamente fue entre los principios de los noventa hasta el año 2007. En el año 2000 se presentó un pico de 400 asesinatos por cada 100.000 habitantes solo en los Montes de María.
Este período coincidió con la propuesta de una versión unificada del paramilitarismo por parte las AUC en esta región, encabezada por los exparamilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Aunque esa unificación estuvo dándose desde el año 1997, desde antes varios proyectos de seguridad privada (como las cuestionadas Convivir) ya habrían conformado un mecanismo de terror contra los habitantes de los municipios.
“No se puede contar el origen del paramilitarismo en los Montes de María sin tener en cuenta que desde los años ochenta llegaron a la región a comprar grandes fincas varios personajes con fortunas misteriosas, la mayoría vinculados al narcotráfico o con negocios asociados a este. Vinieron con hombres armados, pues estaban acostumbrados a lidiar con un negocio que se regula a bala”, analiza Verdad Abierta sobre el conflicto armado en la región.
La mayoría de conflictos armados en la región fueron ocasionados por las dinámicas de la tenencia y lucha por la tierra, una lucha que también fue sostenida por el campesinado organizado en la histórica Asociación Nacional de Usuario Campesinos -ANUC-, quienes se enfrentaron a los hacendados del territorio. Entre 1984 y 1994 fueron asesinados cerca de 12 líderes agrarios.
El escenario de Montes de María ha tenido una mezcla compleja de diferentes dinámicas en las que han estado distintos actores sociales y políticos, muchos de ellos que actuaron encubiertos de una institucionalidad aliada con la guerra y el narcotráfico. Varias declaraciones de actores armados desmovilizados han evidenciado la participación explícita e implícita de políticos como gobernadores (entre ellos el condenado exgobernador de Sincelejo, Miguel Nule Amín) o el empresarios (como el esmeraldero Víctor Carranza sindicado de conformar grupos paramilitares).
Buscar hasta encontrar
Los familiares de los desaparecidos son cientos y buscan en todos lados, por sus propios medios y otros. Quieren encontrar por fin la paz de enterrar dignamente a sus seres queridos y, con suerte, saber qué fue lo que pasó. Muchas de ellas incluso siguen buscando a los suyos, vivos.
En Sucre desaparecieron 945 personas durante el conflicto armado, de ellas 223 corresponden al municipio San Onofre, que hace parte de la subregión Montes de María. Así lo documentó el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria histórica. Actualmente, la UBPD busca 3.757 personas víctimas de desaparición forzada en Colombia. Las cifras de personas desaparecidas en Sucre y Bolívar ascienden en Sincelejo con 181 casos, Ovejas con 106, San Pablo con 451, Carmen de Bolívar con 367, y Cartagena con 214 desapariciones.
“Gracias por estar aquí preocupándose por las víctimas. Queremos verdad, justicia y no más víctimas”, afirmó una de las habitantes que vivió la guerra en San Onofre, durante el espacio de la audiencia pública efectuado este 20 de agosto en Sincelejo por la Justicia Especial para la Paz -JEP-. En estos espacios se busca escuchar a las víctimas de desaparición forzada y continuar con el proceso de seguimientos de los casos. Asimismo, establecer medidas cautelares en zonas donde habría personas inhumadas.
El reciente hallazgo de cuerpos en fosas comunes constituye un avance para el camino de la paz, la justicia, verdad y reparación de las familias y comunidades que durante sus vidas han estado luchando por los seres queridos que les arrebató la guerra.
CI AO/PC/25/08/2021/11:30
