26 ene. CI. – Los acontecimientos de la primera semana de septiembre de 1999 dan cuenta de un país que se debatía entre los mismos males que hoy nos aquejan, en medio del entretenido encantamiento de sus telenovelas y esa fétida noción de actualidad de los medios privados de información. El país comenzó el año 1999 en medio de una profunda recesión económica que venía del 98; por esos días en Colombia se registró un crecimiento negativo del -4,5 % en el PIB por el déficit fiscal generado por el excesivo endeudamiento del Estado bajo el gobierno de Andrés Pastrana y del sector privado.

Por Víctor Garavito*. Todo esto dejó a los colombianos sin capacidad de compra, lo que aceleró la pobreza, la caída de la producción nacional y el aumento del desempleo, el cual alcanzó un récord histórico que sobrepasó el  20 %. Al tiempo que las tasas de interés fueron del 50 al 60 %. Así, en medio del descontento social, la corrupción y las ayudas destinadas solo a los grandes empresarios, se hundía la economía sin que nada la pudiera detener.

Mientras Andrés Pastrana y el entonces Director Nacional de Planeación, Mauricio Cárdenas Santamaría, sacaban a la venta la empresa pública de energía Isagen para contener la crisis económica, muchos trabajadores perdieron sus casas por cuenta del Sistema de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, -UPAC-; una trampa que montaron los bancos y el gobierno de Misael Pastrana, el padre de Andrés, para enriquecer al sector financiero a punta del sueño de casa propia de muchas familias.

En septiembre de 1999, y debido a la gran cantidad de demandas que se interpusieron frente a la voracidad de los bancos y contra el refinado mecanismo del UPAC, el cual estafó a quienes se arriesgaron a endeudarse para tener casa, la Corte Constitucional resolvió acabarlo con la sentencia C-700 del 16 de septiembre, pero solo 25 años después inició su desmonte. Además, el país no salía de la profunda tristeza y el dolor que significó para los colombianos el asesinato del Periodista y Humorista Jaime Garzón, el 13 de agosto en Bogotá, a manos de los narcoparamilitares y en medio de un operativo montado y patrocinado por el Estado colombiano, hechos que aún están por aclararse.

¿Qué cambió desde entonces?

Nada. Los protagonistas políticos de 1999 son los mismo de hoy y sus postura ideológicas solo se han acomodando a los tiempos del poder. Ellos caracterizan perfectamente un Estado donde subsiste una especie de híbrido: una  democracia cuestionada y su selecta clase política marcada por la sagrada tradición de lo heredado, a punta del linaje de los apellidos y otras pócimas.

En cierta medida, esta realidad refleja cómo la hegemonía Liberal-Conservadora ha buscado resolver las grandes disyuntivas nacionales; como lo hizo con el Frente Nacional y su reparto equitativo de las riquezas país, que solo benefició a la clase política y la plutocracia colombiana. Dese este punto de vista, ¿Quién dijo que en Colombia no hay equidad? ¿Acaso aún no tenemos el mismo Estado equitativo del Frente Nacional donde los corruptos de siempre  se reparten las riquezas que producimos?

Algunos escándalos: corrupción y parapolítica

Por aquellos días Jesús Armando Pomarico Ramos y Miguel Pinedo Vidal, políticos ilustres del departamento del Magdalena, enfrentaron sonados escándalos de los que no salieron bien librados. El primero fue Pomarico Ramos, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 12 años de prisión porque durante su presidencia en la Cámara de Representantes se esfumaron $5.300 millones. Miguel Pinedo Vidal, de Cambio Radical, y entonces Presidente del Senado, fue señalado en los hechos de la parapolítica y fue condenado a 9 años por la Sala Penal de la Corte Suprema. Esto mismo sucedió con buena parte de los dirigentes políticos del Magdalena, quienes estuvieron estrechamente ligados al narcoparamilitarismo.

Por este tiempo se destapó otro gran escándalo en el país por cuenta de un mico jurídico en el Congreso. Muy hábilmente y sin ningún tipo de vergüenza los honorables padres de la patria intentaron aprobar, mediante un acto legislativo, el sistema de prevención y seguridad social exclusivo para los congresistas y elevarlo a rango constitucional. Los autores  fueron Zamir Silva y Joaquín Vives, excandidato a la Gobernación del Magdalena y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, respectivamente, ambos del Partido Liberal.

El Cesar también caía en desagracia de la mano de su farandulero gobernador Mauricio Pimiento, quien también estuvo preso por parapolítica. La Contraloría General de la Nación evidenció que  $2.627 millones de los $3.000 millones que el Gobierno Nacional le entregó a Pimiento para atender a los damnificados del invierno en este departamento, desaparecieron. Lo que puso al descubierto el manejo fraudulento de los recursos públicos por parte de algunos los mandatarios regionales y locales.

Por otro lado, el alcalde de Bogotá para la época, Enrique Peñalosa, salió airoso de una revocatoria de su mandato impulsada por la Red de Veedurías Ciudadanas frente a lo que algunos calificaron como una desastrosa gestión; lo interesante del hecho es que los ciudadanos colombianos se dieron cuenta del espinoso camino que hay que recorrer para  adelantar un proceso revocatorio en el país. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia o, más bien, una historia condenada a repetirse una y otra vez.

Diversidad sexual

Septiembre de 1999 abrió el debate que sonrojó a muchos, levantó ampollas en otros e inició toda una cadena de exorcismos, rosarios y oraciones contra el mal de los tiempos: el reconocimiento de que el país le debía mucho a la diversidad sexual y a las opciones de vida distintas al de las parejas heterosexuales. Así entró Colombia a modernizar su legislación en temas de género, en la cual aún existen diversos tabúes y mentiras como las que esgrime la senadora liberal y pastora Viviane Morales, los Conservadores y los del Centro Democrático.

No obstante, los logros en esta materia fueron mínimos pero notables, y esa notoriedad les imprime mucha importancia. Aunque los temas de género siguen buscando un lugar pertinente y justo en la política y la sociedad colombiana , siguen sorteando obstáculos tan diversos como el mismo concepto, entre ellos: la homofobia, las creencias religiosas, el sexismo, la indiferencia y la violencia.

Orden Público

En materia de orden público el fin de la década de los 90 dio cuenta de un incremento de la actividad de los narcoparamilitares, quienes aventajaron ostensiblemente a las insurgencias FARC y ELN. Así lo anunció el entonces Ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, quien precisó un aumento del accionar de las «autodefensas» en un 23 %. Las «autodefensas», que contaban con una evidente simpatía de los grandes medios de comunicación y del gobierno, perpetraron  8 masacres, 5 secuestros y 87 homicidios, según las estadísticas reportadas a las autoridades en 1999.

El 2 de septiembre, luego del asesinato de 15 personas en Yolombó, Antioquia, por parte de grupos narcoparamilitares en una operación militar contra guerrilleros de las FARC, que habían atacado la noche del 31 de agosto a la población de Hato Corozal, Casanare, El Tiempo publicó que esta era la “cuarta derrota” que en 1999 le propinaba las Fuerzas Armadas al grupo subversivo con un total de 50 guerrilleros muertos, al tiempo que se realizaban los diálogos del Caguán entre las FARC y el gobierno Pastrana.

Fotografía: Marcha Patriótica.

Los avatares del Magdalena en medio del paramilitarismo [Parte III]

Entre la complicidad del Estado y la impunidad: el caso del municipio de Ariguaní [Parte I]

CI VG/DM/26/1/17/14:07