24 oct. CI- Desde el 24 de noviembre de 2016, día en el que se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc-EP han sido asesinados aproximadamente 150 excombatientes; esta cifra continúa en aumento y se suma a la falta de voluntad por parte del gobierno para cumplir el Acuerdo.

El pasado 10 de octubre, Carlos Ruiz Massieu, encargado de la Misión de la ONU en Colombia, visitó el municipio de Dabeiba-Antioquia, en donde se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- ‘Llano Grande’. Afirmó que es necesario un mayor esfuerzo y voluntad por parte del Estado para proteger a los excombatientes, lideres sociales y defensores de derechos humanos en varios territorios del país.

El último caso sucedió el martes 22 de octubre, cuando Dago Hernán Galíndez Chicangana, excombatiente de las Farc, fue asesinado en el corregimiento de Santa Cruz al sur del Cauca.

Asimismo denunció que más de 8 mil excombatientes no cuentan plenamente con los beneficios de la reintegración, convirtiéndolos en población vulnerable o incluso expuestos a ser reclutados por nuevos grupos armados.

Según los representantes del partido Farc el gobierno está incumpliendo con los Acuerdos, lo cual se evidencia en las precarias condiciones de algunas ETCR, la falta de recursos para el desarrollo de proyectos productivos y las nuleas garantías de seguridad para sus integrantes.

También Jairo Cala, diputado y miembro de la dirección del partido, afirmo que de las 123 mil familias que firmaron los compromisos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, apenas se cumplió a 7 mil.

Lo anterior se ve reflejado en el declive que vive el partido actualmente y en las razones expuestas por los miembros de la organización que decidieron retomar las armas.

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