23 ene. CI.- La multinacional árabe Minesa desde hace años se ha establecido en la provincia de Soto en Norte de Santander con la intención de realizar explotación minera en el Páramo de Santurbán. 

Está empresa radicó un Estudio de Impacto Ambiental -IEA- para optar de nuevo por una licencia ambiental ante la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales -ANLA- que le permita ejercer acción con fines extractivistas sobre este ecosistema protegido.

Según Santiago Ángel, Presidente de Minesa, el proyecto contempla dos aspectos importantes: El primero es la protección absoluta del paramo y como segundo el respeto por las comunidades, por lo cual el proyecto es más pequeño, será alejado de las regiones del páramo y se hará con nuevas tecnologías.

Minesa asumió el proyecto el 28 de agosto de 2017 presentando un primer IEA tras el escándalo de corrupción de la empresa brasileña AUX. Este primer estudio fue retirado el 13 de marzo de 2018 y se presento nuevamente 10 meses después con una reducción de la huella del proyecto en 14 hectáreas por lo cual serán intervenidas 161 entre California y Surata.

Tras estas declaraciones y el nuevo estudio realizado. El comité para la defensa del páramo de Santurbán mantiene su postura y cuestionó que una entidad como la Anla reciba un proyecto de esta clase sin siquiera conocer la nueva delimitación que se llevara a cabo en el páramo. Aclaran que así se mitigue el impacto una y otra vez, será simplemente en vano ya que los métodos de extracción usados y la minería en general contaminan de manera desmesurada el medio ambiente, especies, pobladores y ecosistemas completos se perderían por este tipo de políticas extractivistas.

Uno de los grandes opositores a todo tipo de proyectos mineros es el Alcalde Rodolfo Hernández quien en varias ocasiones ha mencionado que ningún tipo de minería es responsable con el medio ambiente, ya que la contaminación de los afluentes hídricos es inminente, así se mitigue el impacto con cualquier tipo de tecnología.

La actual delimitación del paramo sigue en proceso, tras considerar que la hecha en 2014 violo los derechos de participación de los pobladores. La sentencia debió cumplirse en noviembre de 2018, sin embargo, no será hasta antes de julio de 2019 que se tome una decisión por parte del Ministerio de Ambiente.

El Comité de la Defensa del Páramo exige una nueva delimitación, ya que el Gobierno Nacional accionó todo el proyecto con la delimitación del 2014 que pasa por encima de los habitantes de los pueblos cercanos y de los más de 3 millones de Santandereanos que se abastecen con el agua que fluye del páramo.

CI SC/FC/23/01/2019/15:00

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