Por *Wilmar Harley Castillo Amorocho.- Hace unas semanas, diferentes liderazgos y procesos colectivos que dedican su vida a defender los derechos humanos (DDHH) en el país recibieron el Premio Nacional de Derechos Humanos.

Entre los procesos organizativos ganadores están la Fundación Joel Sierra, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y l[catposts]as personalidades Doria Bautista y Elizabeth Moreno, provenientes de diferentes territorios de Colombia.

Este logro para las comunidades y sus procesos organizativos me motiva a compartir algunas reflexiones sobre la defensa y promoción de los derechos humanos de cara al periodo de cambios y transformaciones que estamos viviendo.

Para esto abordaré de manera general cómo son defendidos los DDHH en los territorios y en las movilizaciones sociales, donde el Estado sigue tratando de manera contra-insurgente a las comunidades que se movilizan.

Tanto en ciudades como veredas, el conflicto social y armado sigue vivo, con los matices y articulaciones locales propias de cada departamento y municipio.

Las cifras de la violencia

Existen estadísticas de asesinatos selectivos de liderazgos sociales, ambientales, sindicales, firmantes de paz, e incluso de defensores y defensoras de derechos humanos por su labor.

Dentro de las cifras se cuentan las desapariciones forzadas, los destierros y las expoliaciones que sufren los bienes comunes naturales.

A esto se le suman las denuncias públicas sobre estos actos violentos, las respectivas gestiones en entidades como: la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Personería y hasta en los ministerios nacionales e incluso a otras organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales, gobiernos solidarios con las víctimas y organismos multilaterales sobre los derechos humanos.

Represión estatal y acciones de defensores de derechos humanos

Durante la protesta social, bien sea en un barrio o en una avenida nacional, los colectivos defensores de derechos humanos acompañan a los manifestantes para proteger a quienes usan su legítimo derecho a la protesta.

Pero cuando la policía o el Ejército Nacional atacan, estos defensores y defensoras centran su labor en exigirle a la fuerza pública que cumpla los protocolos institucionales para la protesta social, donde se busca evitar la sacada de ojos, los golpes con bolillos o los disparos de gases lacrimógenos directos al cuerpo de quienes protestan.

Esta labor es acompañada con los celulares y cámaras para registrar los ataques o abusos del Estado en contra las comunidades.

Ahora bien, cuando los manifestantes son llevados a un calabozo, los colectivos de derechos humanos se mueven rápidamente para que estas personas sean liberadas de inmediato o por lo menos se sepa a dónde están, en qué condiciones pasarán la noche y si fueron respetados sus derechos por parte de la policía.

A este ejercicio se le suma el contacto directo con las instituciones estatales que en teoría deben proteger los derechos humanos, conocen las normas y decretos que sirven de herramientas jurídicas para que no se violen. A esto se suman la actualización permanente de la normatividad vigente, que es otro aspecto fundamental.

Esa comunicación directa con el Estado da ventajas a estos colectivos en los casos de violaciones de los DDHH, porque con un clic informan de las vulneraciones que están ocurriendo en el territorio. Incluso esa comunicación directa ayuda a presionar a la institucionalidad cuando descuida el cumplimiento de sus funciones.

Exigencias para oídos sordos

Sobre lo anterior, hay cuestiones que no dejan dormir. Por un lado, la exigencia a la fuerza pública a que “cumpla” los protocolos sobre la protesta social se parece a cuando en la época de las decapitaciones públicas existían personas encargadas de exigir al verdugo cortar la cabeza a su víctima de un solo golpe para evitarle sufrimiento a la víctima. Sin embargo, tanto el verdugo como las razones de sus asesinatos no desaparecen.

Así ocurre con estas “exigencias” o “veedurías” de los defensores y defensoras de derechos humanos, porque sus quejas y reclamos no son atendidas de forma inmediata y, por el contrario, se evidencia que los agentes no acatan las exigencias de los chalecos de DDHH, por lo que la sangre popular continua corriendo en las protestas.

Ahora, con las denuncias públicas sobre vulneraciones de derechos humanos contra las comunidades, liderazgos sociales y la naturaleza llevada a redes sociales, los medios de información privada y alternativa, y también al Estado no tienen la suficiente articulación con las otras actividades desarrolladas por el movimiento social y las comunidades.

Ese ruido hecho por las denuncias, llegan a oídos sordos de la institucionalidad que en últimas responden a una normatividad vigente que no cambiará, limitándose a una acción mediática que no traspasa el muro de los cambios normativos correspondientes a las exigencias de los defensores y defensoras de derechos humanos para evitar que se repitan las vulneraciones a los derechos humanos.

Paternalismo y asistencialismo en la defensa de los derechos humanos

Junto a lo anterior, veo con preocupación cierto paternalismo o asistencialismo en la defensa de los derechos humanos, que explicaré con tres episodios de protestas diferentes:

En uno ocurrido en una universidad pública del país, quienes estuvieron a cargo de la protección de los derechos humanos se llevaron a un grupo de estudiantes universitarios lejos de la protesta para evitar que fueran heridos o atacados por la policía.

Durante el paro nacional del 2021, una de las personas con chaleco de derechos humanos persuadía a los jóvenes que protestaban para que no cerraran un cruce de avenidas y evitar con esto que los agrediera el ESMAD, y porque los agentes de policía de derechos humanos estaban quejándose por el nuevo punto de protesta que querían organizar los jóvenes, ya que estaba “afuera” del esquema de movilización que habían conversado los defensores de derechos humanos.

Y la última anécdota, fue en medio de una caravana humanitaria, en un territorio asediado por los grupos paramilitares conocidos como disidencias. Allí, los encargados de la protección de derechos humanos, buscaron impedir el trabajo de cubrimiento de los comunicadores, periodistas y corresponsales internacionales que apoyaron esa labor en dicha caravana humanitaria, con el argumento de evitar ser blanco de ese grupo armado durante el recorrido en chivas.

¿Qué tienen de común estas tres anécdotas? Que en todas se tiende a la desmovilización o paralización de la protesta social y de los trabajos especializados que se desarrollan durante estas jornadas bajo el enfoque paternalista de algunos sectores que protegen los DDHH, restándole fuerza social a la movilización que por sí sola es un torrente de gente reunida por la indignación y ganas de transformaciones sociales.

En la práctica y en el calor de la protesta, se cae a veces en el error de direccionar una acción directa colectiva por parte de las personas que llevan el chaleco de DDHH hacia objetivos diferentes.

Los pueblos defendemos a nuestra manera los derechos humanos

La denuncia tiene un fuerte posicionamiento actualmente en la labor de los colectivos de DDHH, por lo que la meta de transformar las causas del conflicto social y armado, así como el cambio de modelo social, político-económico y cultural capitalista, debería tener la misma intensidad que la labor de denuncia. Pues los pañitos de agua tibia o fría no sirven para atacar el mal de raíz, solo calman el dolor o la fiebre.

Con el ánimo de soltar definitivamente el enfoque burgués de los DDHH sigue siendo fundamental abordar la reflexión y la praxis desde un enfoque traído de la experiencia organizativa, de la lucha, de la reproducción de la vida de los pueblos del Sur mundial. Para de esta forma, no continuar usando herramientas jurídicas y enfoques provenientes de la clase explotadora de la humanidad y depredadora de la naturaleza. Hoy está vigente la Carta de Argel o la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de 1976 (4) para estudiarlo a la luz del actual periodo histórico.

*Wilmar Harley Castillo Amorocho es comunicador social y defensor de derechos humanos.

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