3 oct. CI.- El Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (MOVETE), la Corporación Jurídica Libertad, y la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño alertan sobre la situación ambiental en la región.

Las organizaciones del Oriente Antioqueño anuncian que la declaración de alerta ambiental en el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios busca evidenciar los riesgos socio-ambientales que puede generar el licenciamiento masivo de proyectos hidroeléctricos en la subregión del Oriente Antioqueño.

Los proyectos hidroeléctricos

Estas organizaciones sociales alertaron sobre la existencia de 15 proyectos hidroeléctricos en la región. Datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) señalan que en 2022 las aguas del Oriente Antioqueño generaron 15.724.23 GWh de energía, lo que representa el 20,45% de toda la energía que se produjo en Colombia.

De igual forma, las organizaciones afirman que aunque la región aporta una quinta parte de la energía producida en el país, el Gobierno pretende aumentar estas cifras, de acuerdo con la política nacional de transición energética que dará a las pequeñas centrales hidroeléctricas mayor importancia.

Estos argumentos son usados por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) para justificar el licenciamiento creciente de pequeñas centrales hidroeléctricas.

De hecho, los proyectos hidroeléctricos en el Oriente Antioqueño podrían ascender a 37 si se suman dos pequeñas centrales hidroeléctricas que están en construcción; otros 18 proyectos de este tipo que cuentan con licencia ambiental de Cornare; y otros dos proyectos licenciados por la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) en jurisdicción de Sonsón, sobre el río Arma.

Consecuencias dejadas por las hidroeléctricas en el Oriente Antioqueño

Además, las organizaciones sociales denuncian que desde hace años en la región se han presentado varias afectaciones sociales y ambientales.

Explican que la histórica tradición en esta zona de desarrollar proyectos hidroeléctricos ha generado la fragmentación de los flujos hídricos y la alteración de sus condiciones naturales, afectando la dinámica propia de los procesos ecosistémicos.

Así mismo, en el Oriente de Antioquia ocurre una pérdida de la economía, la cultura campesina y la soberanía alimentaria.  A esto se suma la formación de microclimas en algunos territorios aledaños a los proyectos, los cuales afectan la productividad de la tierra y provocan enfermedades en los cultivos tradicionales.

Otra de las afectaciones producidas es la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y el sobre cargo en los trabajos de cuidado del hogar.

A esto se suman la interrupción de procesos de retorno y restitución de tierras a víctimas del conflicto armado, como la estigmatización y amenazas contra quienes se oponen a este tipo de proyectos en la región.

Exigencias de las organizaciones

La Corporación Jurídica Libertad, la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño y el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio exigen al Estado garantías para un debate amplio e incluyente sobre la carga histórica asumida por el Oriente Antioqueño

  1. Realizar un estudio sobre los impactos acumulativos de las hidroeléctricas, haciendo un énfasis en las afectaciones diferenciales a las mujeres.
  2. Auditar y evaluar el papel administrativo que ha cumplido la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) en los últimos 20 años, entidad que, entre 1993 y junio del 2023, ha recibido $ 623.169.714.615 del sector eléctrico.
  3. Reglamentar y aplicar el Acuerdo de Escazú y todas las demás acciones pertinentes y necesarias para garantizar la vida y protección de las y los líderes ambientales.

CI Redacción Colombia Informa/03/10/2023/12:30

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