Entre aguaceros y corrupción policial

CI.- Cuando la patrulla policial llegó al lugar donde Jairo Castillo yacía con la pierna fracturada bajo la lluvia, su primera gestión no fue asegurar su atención médica urgente, sino preguntar por si no quería «demandar». Varios casos de corrupción en esa institución generan dudas sobre el actuar de la policía.

Durante un aguacero el 12 de noviembre, Jairo Castillo fue arrastrado por un camión cisterna en una calle de la localidad de Bosa en Bogotá. Mientras los tornillos y los puntos reparan la tibia y el peroné de su pierna izquierda, y un taller puede arreglar los golpes y las piezas partidas de su moto Suzuki V-Strom 160, hay algo que no se repara con la misma facilidad: la dignidad de Jairo.

Para Jairo, las dudas del caso son si existió algún tipo de «acuerdo» que presuntamente involucre a los policías que atendieron el caso con el chofer del camión cisterna, quien se pudo ir del lugar mientras la ambulancia atendía a la víctima del accidente.

Las sospechas son razonables, puesto que en Colombia la Policía Nacional no escapa de la cultura de la ventaja; se sustenta en billetes, permisos o ascensos y se traduce en un beneficio tramposo para quienes ostentan privilegios frente a quien no los tiene.

El procedimiento cuestionable

Mientras Jairo yacía herido sobre la Avenida El Tintal, en el semáforo de la calle 54 sur, la patrulla de tránsito que atendió el accidente habló primero con el chofer del camión. Luego se acercó a Jairo para decirle, con voz suave, que si quería, no presentaría la denuncia. Así, harían un informe que evitaría la inmovilización de los vehículos.

Empapado, con el dolor agudo de las fracturas y conmocionado, Jairo no recuerda haber accedido a la sugerencia de los dos agentes. Tampoco grabó ningún audio o video donde constara su aceptación. Al final, el chofer del camión cisterna se fue. La ambulancia trasladó al herido a la Clínica Medical S.A.S. a las 7:18 p.m., y la moto averiada terminó guardada en un montallantas cercano. El accidente había ocurrido a las 5:50 de la tarde.

La gravedad de las heridas

A partir de ese momento, la demora de la patrulla policial añadió nuevas escalas al dolor de las heridas y fracturas de Jairo dentro de la ambulancia. A pesar de los cuidados de los paramédicos, estos no fueron suficientes para tranquilizarlo, por lo que requirió atención urgente de traumatología.

Después de 40 minutos, lo trasladaron a la Clínica Medical S.A.S., que se encuentra a 22 minutos en carro desde el CAD El Porvenir. A esto se sumaron el alto tráfico de la hora pico, las obras del Metro elevado y, por supuesto, el aguacero, factores que ralentizan el tráfico en Bogotá incluso cuando una ambulancia lleva la sirena encendida.

Un actuar sospechoso

Cuando llegó la policía de tránsito, los agentes no solo increparon a la esposa de Jairo, sino que tampoco le permitieron acercarse mientras le preguntaban a él sobre su intención de demandar. Solo le advirtieron que debía mover la moto a un parqueadero.

Algunas personas que presenciaron el accidente ayudaron a ingresar la moto al montallantas cercano. En paralelo, contactaron a los familiares de Jairo, que viven en Ibagué, para informarles lo sucedido. El procedimiento de los uniformados generó tantas dudas que uno de los familiares de Jairo viajó a Bogotá para hablar directamente con la policía.

Inconsistencias oficiales

En las respuestas a las peticiones dirigidas a la Policía Nacional, se evidencia una inconsistencia: el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT), entregado cinco días después por solicitud de un hermano de Jairo, está fechado el 13 de noviembre. En él se informa que no habrá denuncias por parte del accidentado contra el chofer del camión cisterna.

La respuesta del comandante de la Estación de Policía de Bosa, firmada por el teniente coronel Óscar Mauricio Chauta Escamilla, al derecho de petición en el que se solicitaban explicaciones sobre el proceder de la patrulla, señaló que se actuó conforme a la norma y que existen pruebas audiovisuales donde supuestamente Jairo accedió a no demandar.

¿Puede una víctima razonar bajo el dolor?

¿Quién sería capaz de razonar preguntas complejas bajo el efecto del dolor de una fractura o de cualquier otra fuente de dolor extremo?

Una persona con múltiples heridas en un accidente busca, en primer lugar, atención médica urgente. Solo después, con la tranquilidad del reposo y sin coerción alguna, iniciaría el proceso de denuncia penal contra el responsable.

Si, según los parámetros legales de la Policía Nacional, se le pregunta a una víctima de un accidente grave «si quiere o no denunciar» antes de priorizar su atención médica especializada, entonces esa institución no tuvo en cuenta ni la vida ni la dignidad de la persona. Por el contrario, existen fuertes indicios de que el funcionario público se inclinó por el victimario, como parece ser el caso.

La sombra de la irresponsabilidad y el interés

Al parecer, el camión cisterna no tiene póliza de responsabilidad civil. De lo contrario, la empresa a la que está vinculado el vehículo debería responder ante Jairo por el accidente. ¿Tiene esto alguna relación con el actuar de la policía y la actitud del chofer?

Además, presuntamente el camión cisterna venía cargado desde la planta de abastecimiento de Terpel Mulaló, en Yumbo (Valle del Cauca). ¿Habría algún interés del chofer en que su vehículo no quedara a disposición de la policía?

Una institución bajo sospecha

La desconfianza hacia la policía colombiana es una tradición, tan constante como los escándalos que rodean a la institución.

En 2021, la policía se vio involucrada en un caso por hacer apología al nazismo durante un «evento pedagógico». Hace pocos días, capturaron al general (r) Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias. Este mismo general, quien fue director de la institución, había salido de ella por escándalos de prostitución masculina en sus filas. A estos casos se suma la acusación más grave: varios casos de tortura sistemática contra quienes participan en la protesta social, como ocurrió en 2021 durante el estallido social.

El caso de Jairo podría entenderse como un hecho aislado, pero cuando la violación de derechos humanos y la corrupción se denuncian como prácticas sistemáticas de esa institución, Jairo se suma a la lista de víctimas, no de beneficiarios. Sin embargo, esa entidad no duda en poner a Dios y a la Patria primero, mientras exige las llamadas «mordidas» o sobornos para proteger delitos e infracciones.

La cultura de la ventaja: un mal colectivo

Por parte del chofer del camión cisterna, su cobardía, insensibilidad y falta de solidaridad con su víctima reafirman la crisis integral que sufre la sociedad (salvo excepciones). Si alguien atropella a una persona, lo mínimo es responder con la clara voluntad de asumir la responsabilidad. Y si actúa como trabajador de una empresa, esta también debe cumplir con las pólizas que exige la ley. ¿Acaso los gremios económicos colombianos no se autoproclaman referentes de progreso y bienestar? Predomina la cultura de la ventaja, del individualismo y la corrupción en todos los ámbitos de la vida personal y colectiva.

Las otras dudas sobre los agentes de tránsito

Aunque en los últimos años la policía ha cedido parte de sus funciones a los agentes de tránsito, las dudas sobre su proceder, lejos de desaparecer, han aumentado.

A finales de octubre de este año, el concejal Julián Forero denunció que, de los 450 agentes de tránsito que operan en la capital, 176 están bajo investigación. Las principales causas son abuso de autoridad, irrespeto a la ciudadanía, actos de corrupción, extralimitación de funciones, incumplimiento del manual, y falsedad o adulteración de documentos, entre otras.

Según el concejal, el 39% de los agentes de tránsito en Bogotá son investigados por distintas causas. También señaló que en los últimos cinco años se han proferido 1.106 autos inhibitorios. Esto significa que, ante una queja ciudadana, la Secretaría Distrital de Movilidad no solo no investigó, sino que se inhibió de hacerlo. Aunque abrió 482 investigaciones, solo tres culminaron en sanciones, lo que evidencia la posible inoperancia de la misma Secretaría para tomar decisiones contundentes contra sus propios funcionarios.

CI WC/FC/01/12/2025/12:00