CI.- El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas encabezaron un golpe de Estado e instauraron una dictadura cívico-militar. Durante el régimen, miles de personas sufrieron persecución, tortura, asesinato y desaparición forzada a manos del terrorismo de Estado. Medio siglo después, la sociedad argentina aún arrastra las heridas de ese pasado, en un contexto de negacionismo impulsado desde el propio gobierno de Javier Milei.

Hace 50 años, con el apoyo del empresariado, la jerarquía de la Iglesia católica y la extrema derecha, los militares derrocaron a la presidenta peronista María Estela Martínez de Perón.

La dictadura —que los propios militares denominaron “Proceso de Organización Nacional”— impuso un plan sistemático de represión articulado en el marco del Plan Cóndor, una coordinación represiva impulsada por Estados Unidos y aplicada en Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y otros países de la región.

Terrorismo de Estado y genocidio

Los militares justificaron sus crímenes con la excusa de combatir la “insurgencia”, el comunismo y la corrupción. Sin embargo, la dictadura militar alcanzó a estudiantes, sindicalistas, militantes de izquierda, trabajadores, docentes, indígenas, campesinos y a cualquier persona que el régimen considerara “enemiga”. Grupos guerrilleros como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fueron la excusa, pero la violencia militar fue extendida a toda la sociedad argentina.

La Junta Militar —integrada por el almirante Emilio Eduardo Massera, el teniente general Jorge Rafael Videla y el brigadier general Orlando Ramón Agosti— desplegó un genocidio sistemático mediante el terrorismo de Estado.

La coordinación represiva del Plan Cóndor comenzó a delinearse el 25 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante una reunión entre Manuel Contreras, jefe de la policía secreta chilena (DINA), y líderes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. A partir de 1976, la DINA chilena y la SIDE argentina actuaron como puntas de lanza de este mecanismo de cooperación represiva.

“Nunca Más”: Las cifras de la tragedia

Tras el retorno de la democracia, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) documentó 8.961 casos de personas desaparecidas y asesinadas en su informe “Nunca Más”. La propia comisión aclaró que esa cifra no representaba el total de víctimas, sino los casos que pudo confirmar en poco tiempo y con información incompleta. Muchas familias no denunciaron por temor, los militares destruyeron archivos y evidencias y miles de víctimas aún no han sido identificadas.

A lo largo de los años, el pueblo argentino sostiene que la dictadura dejó más de 30.000 personas desaparecidas, ya que hubo más de 800 centros clandestinos de detención —lugares usados por los militares y donde ejecutaron los crímenes—.

En 1985, Argentina llevó a juicio a las juntas militares en tribunales civiles, un hecho histórico en el derecho internacional.

Las pruebas y los testimonios confirmaron que la Junta Militar fue responsable de secuestros, torturas, violaciones, desapariciones forzadas, robo de bebés y otros crímenes de lesa humanidad. El informe “Nunca Más” demostró la existencia de un plan sistemático de represión genocida por parte del Estado.

Dictadura neoliberal

La dictadura no solo ejerció el terror, sino que también sentó las bases de un modelo económico neoliberal que endeudó al país y desmanteló el aparato productivo nacional.

Este plan fue apoyado por Henry Kissinger, secretario de Estado de los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford, y más tarde con el impulso de la administración de Ronald Reagan. La Junta Militar multiplicó la deuda externa, un mecanismo que aún hoy mantiene a Argentina y a otros países de la región bajo las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Milei y Netanyahu

Negacionismo: El gobierno de Javier Milei

A 50 años del golpe, el negacionismo ocupa el centro del poder político. El actual presidente, Javier Milei, minimiza la magnitud de los crímenes y desconoce las cifras de víctimas, pese a la abrumadora evidencia judicial e histórica.

Desde su llegada al gobierno, los ataques contra las políticas de memoria, verdad y justicia se intensificaron: El gobierno redujo los recursos destinados a programas de derechos humanos y estigmatiza a las organizaciones que durante décadas lucharon por esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, 50 años después, cientos de familias continúan la búsqueda de sus seres queridos. Periódicamente, aparecen nuevos archivos, testimonios y restos de víctimas que aún aguardan identificación. La historia no está cerrada.

CI FC/24/03/2026/12:00