Semana clave para la reforma tributaria en el congreso

10 oct CI.- El Congreso de la República será escenario de la discusión decisiva de la Reforma Tributaria esta semana. Si bien el Gobierno ha planteado que el objetivo de la modificación es hacer del sistema tributario un escenario «más equilibrado y eficiente», sus objetivos reales responden a un conjunto de impuestos, como el IVA, que aumentarán la desigualdad entre ricos y pobres en Colombia.

Con el objetivo de estudiar el sistema tributario en Colombia y proponer una reforma para hacerlo más equilibrado y eficiente, la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria presentó al Gobierno Central, en diciembre de 2015, propuestas definitivas para modificar el actual régimen tributario. Al analizar las propuestas, sus objetivos reales responden a un conjunto de impuestos, como el IVA, que aumentarán la desigualdad entre ricos y pobres en Colombia.

Creada en el marco de la reforma tributaria del año 2014 (Ley 1739 de 2014), la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria -CEECT-, trabajó durante el año 2015 junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, asesores internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, y el Fondo Monetario Internacional -FMI-; para redactar el documento final de la reforma tributaria que, según Juan Manuel Santos, será aprobada por el Congreso de la República antes de terminar el 2016.

En su contenido, la reforma destaca un diagnóstico al sistema de administrativo tributario colombiano, la manera como el Gobierno Central recauda los impuestos; un análisis para aumentar impuestos territoriales; y una propuesta de reforma a los impuestos progresivos y regresivos.

Aumento del IVA

La propuesta que hizo la CEECT, pero aun no ha sido aprobada, es elevar del 16% al 19% el impuesto del IVA, y un aumento al número de bienes y servicios, incluso de primera necesidad, que pagarían esta carga impositiva. Según la CEECT y de la empresa de consultoría Baker & McKenzie, la tarifa del IVA en Colombia está por encima del promedio de los países de América Latina (14%) y el resto del mundo (15%); pero debajo del promedio de aquellos países que pertenecen a la OCDE (19%).

Según el presidente Juan Manuel Santos, con la reforma al sistema tributario, «se bajarán los impuestos a empresarios para que sean más competitivos y productivos […] pues queremos tener una reforma que nos permita ser más eficientes». No obstante, Santos no menciona el protagonismo del aumento al IVA para lograr que los empresarios paguen menos impuestos.

La fuerza del IVA puede evidenciarse en la proporción de los ingresos del Gobierno Central que se obtiene al cobrar este impuesto. En el informe de la CEECT se evidencia cómo en el año 2014 el recaudo de IVA, incluyendo el impuesto al consumo, fue de 5.7% del PIB. Así pues, el recaudo del IVA como proporción de los ingresos totales del Gobierno Central, osciló alrededor de un 43% entre 2000 y 2009, aumentando hasta el 44.7% en 2010, para luego descender hasta un 36.6% en el año 2014.

El gasto gubernamental

Ahora, al escuchar el carácter de eficiencia que menciona y reclama el presidente Santos, es preciso observar cómo el Gobierno Central gasta sus ingresos, y cómo lo hace en el marco del posacuerdo para la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’, el gasto de inversión pública, desde el 2015 hasta el año 2018, se estima en un valor de setecientos tres punto nueve billones ($703,9). Para el total del gasto público se destaca el ámbito relacionado con la seguridad y la defensa pues supera la inversión en temas como la transformación del campo y el buen gobierno. Según el Plan, es el resultado a que «en un eventual escenario de posconflicto se mantendrá un pie de fuerza militar estable por un periodo de transición de al menos diez años con el objetivo de asegurar la irreversibilidad de los acuerdos alcanzados y disuadir el desarrollo de cualquier amenaza».

Al seguir las declaraciones de Santos y su gobierno, acerca de la eficiencia y los objetivos de la reforma, guiados por los principios de suficiencia en el recaudo, equidad horizontal, progresividad vertical, eficiencia económica y eficiencia administrativa; se evidencia la necesidad de un aumento en el recaudo de dinero pero también la urgencia para disminuir, desde el Gobierno Central, la inversión económica que no responde a la eficiencia y la equidad en la economía colombiana.

Gastos relacionados a la seguridad y la defensa, que fueron generados históricamente en el marco de la guerra entre las FARC y el Gobierno, pueden ser disminuidos para evitar la ineficiencia y la iniquidad generada desde Gobierno Central.

¿IVA para bienes y servicios de primera necesidad?

De seguir las recomendaciones de la CEECT, el Congreso de la República estaría debatiendo la posibilidad de legislar en favor de la aplicación del impuesto del IVA para aquellos bienes y servicios que tradicionalmente se han excluido debido a su carácter de ‘primera necesidad’; alimentos, medicamentos y los servicios sociales de educación, salud, agricultura, servicios públicos y transporte (art. 424 y 476 del Estatuto Tributario).

No obstante, según la sentencia C-776 de 2003 de la Corte Constitucional, para no aumentar la base de bienes y servicios que pueden ser sujeto de este impuesto regresivo, surge el argumento sobre el mínimo vital. Según la Corte: «Los bienes y servicios de primera necesidad son aquellos que consumen “sectores muy amplios de la población” con el propósito de atender “aspectos vitales de sus necesidades básicas”. Así, los bienes y servicios de primera necesidad son los que se requieren para satisfacer el “derecho a la subsistencia”, es decir, para contar con “las condiciones económicas y espirituales necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad”. Los bienes y servicios de primera necesidad, en fin, guardan una relación estrecha con el derecho al mínimo vital».

Además, la Corte Constitucional hizo el reclamo al Gobierno Central pues el dinero que ingresa, gracias al IVA, para su presupuesto, no se refleja en gastos focalizados para la población; dentro de un concepto de justicia y equidad. No existe un gasto en creación de escuelas o centros médicos para sectores muy amplios de la población, por ejemplo.

La gente no confía

Luego de dos años de la última reforma tributaria, aprobada en el año 2014, los resultados de la más reciente medición de la Encuesta de Opinión del Consumidor -EOC-, realizada por Fedesarrollo, registraron que la población colombiana no tiene confianza y, mucho menos, una expectativa favorable ante la economía colombiana.

En julio, el Índice de Confianza del Consumidor -ICC- registró un balance de -14,9%, lo que representa una caída de 3,6 puntos porcentuales -pps- frente al mes anterior y de 17,5 pps respecto a julio de 2015. La expectativa de tener buenos tiempos económicamente, en los próximos doce meses, se ubicó en un balance de -38,1%; y ante la percepción de una mejoría en la economía de los hogares, frente a la situación del año pasado, el índice se ubicó en un balance de-18,9%.

Según Fedesarrollo, la percepción acerca de la situación económica colombiana, desde los hogar colombianos, está deteriorada; una manifestación que será más evidente ante la posible aprobación de la nueva reforma tributaria.

Así pues, es claro que las condiciones económicas para la vida digna en Colombia no están garantizadas a pesar del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las FARC. De allí, entonces, el Congreso de la República tiene la responsabilidad legal y legítima para evitar que elementos perjudiciales, como el aumento del IVA, sean aprobados con esta nueva reforma tributaria.

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