13 jul, CI.- Luego de su visita, parlamentarias, instituciones y organizaciones sociales denunciaron una “visión fascista” por parte del Estado colombiano frente a la protesta social y exigirán el embargamiento de venta de armas desde España.

Cuatro parlamentarias catalanas de distintas fuerzas políticas llegaron a Bogotá el sábado 26 de junio a constatar las graves vulneraciones de Derechos Humanos que la población colombiana vive desde hace dos meses en el marco de las protestas del Paro Nacional.

En movilizaciones permanentes por una vida digna y contra el gobierno de Iván Duque, según la ONG Temblores desde el 28 de abril 73 personas han sido asesinadas, 43 de ellas por la fuerza pública, cuatro por civiles armados y el resto de los casos se encuentran en investigación. Además, por lo menos 4.687 manifestantes han sido víctimas de violencia policial, 28 de violencia sexual y se calcula, con riesgo de subregistro, que hay 548 personas desaparecidas. La delegación se ha encontrado “un régimen autoritario encubierto de democracia”, “un estado muy violento, muy autoritario y una población muy resistente y resiliente que continua a pesar del poder del estado”, según palabras de dos parlamentarias.

La delegación cuyo objetivo fue evidenciar y denunciar la violencia estatal durante las protestas estuvo encabezada por Basha Changuerra, activista antirracista catalana y diputada en el parlamento catalán por la Candidatura de Unidad Popular; Jessica Gónzalez, politóloga y feminista decolonial, nacida en Barranquilla y parlamentaria por En Comú Podem; Aurora Madaula, historiadora catalana parlamentaria de Junts Per Catalunya; y Maria Dantas, activista y jurista original del nordeste brasilero, congresista en las cortes de Madrid por Esquerra Republicana.

“Un gobierno con visión fascista”

Acompañadas por Marta Grau de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, David Llistar, director de Justicia Global y Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona, y cinco miembros de organizaciones sociales catalanas, se encontraron en Bogotá con representantes del Comité Nacional del Paro, el movimiento campesino, con la alcaldía de Bogotá, Defensoría del Pueblo y con la comisión de paz del senado. “Mi primeria impresión es que la juventud en este país tiene muy poco futuro con las instituciones y el régimen actual”, aseguró David Llistar. “El Gobierno Nacional, dirigido por la elite latifundista, tiene una concepción del país muy patrimonialista, una visión muy estrecha, muy poco democrática, fascista, que se despliega con la excusa de los cárteles con toda la violencia a través del aparato del ejército y la policía”, añadió.

Una vez en el epicentro del Paro, en la ciudad de Cali, con una agenda frenética de solo un día y medio se encontraron a primera hora con la Misión de Verificación y Acompañamiento a los Puntos de Concentración de Cali. Escucharon los testimonios desgarradores de tres mamás de jóvenes asesinados durante las protestas, una víctima de pérdida de ojo, activistas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice- y abogadas de la ONG de derechos humanos NOMADESC. Estas últimas aseguraron que “es hora de pasar de las recomendaciones a las sanciones por parte de las Naciones Unidas. Hemos llegado a límites de barbarie en Colombia”.

Delegación Catalana ante la Misión de Verificación y Acompañamiento de los Puntos de Concentración de Cali.

A continuación, se reunieron con colectivos feministas, transexuales y de trabajadoras sexuales, donde una guardia indígena del pueblo yanakuna dio otro doloroso testimonio de la violación que vivió por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- durante las protestas.

Más tarde llegaron a una reunión con la Unión de Resistencias de Cali -URC- donde más de 50 jóvenes que cubrían su rostro por miedo a represalias y el periodista del Canal 2, José Alberto Tejada, los esperaban para denunciar la situación de violencia extrema en las calles. Luego de este encuentro, Aurora Madaula denunció una clara “utilización política del poder judicial para perseguir la disidencia”.

Maria Dantas, congresista española toma nota ante los jóvenes de la Primera Línea de la Unión de Resistencia de Cali.

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La violencia estructural contra pueblo negro e indígena

En la tarde la delegación catalana se fue para el Distrito de Aguablanca, visitó Manuela Beltrán, el barrio de mayor concentración de población afrodescendiente y siguió hacia la Casa del Chontaduro donde se encontró con el Proceso de Comunidades Negras -PCN-, AFRODES y lideresas sociales como la candidata a la presidencia Francia Márquez.

En este espacio se denunció el genocidio y el “afrojuvenicidio” que vive el pueblo negro en Colombia a partir de hechos como la pobreza estructural en la que viven las comunidades desplazadas forzadamente de sus territorios en el pacífico colombiano, la miseria extrema de algunas familias que viven con menos de 300.000 pesos al mes (67 euros). Además, el 35% de las personas asesinadas durante el Paro Nacional son afrodescendientes.

La mañana siguiente fue el turno del movimiento indígena. A las 6:00 a.m. el grupo catalán salió hacia Santander de Quilichao donde se encontró con la Cxhab Wala Kiwe, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca -Cric-.

La Delegación visita un espacio ceremonial nasa de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

Allí denunciaron las más de 220 lideresas y comuneros indígenas asesinados en los últimos dos años y medio, el asesinato de una decena de comunicadores de la organización indígena, entre ellos Bea Cano, quien murió el pasado 7 de junio en un atentado por parte de las disidencias de las Farc; la no implementación de los acuerdos de paz y la extensión de los monocultivos de caña de azúcar de los latifundistas. A partir de estas narraciones las parlamentarias catalanas pudieron entender que la violencia racista de la que fue víctima la Minga Indígena durante el Paro Nacional solo es una pequeña muestra de la situación de violencia estructural en la que viven las comunidades indígenas del Cauca y de todo el país.

La Delegación visita la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

Acciones desde el Norte global

Según Jessica González, así como en Bogotá “hay una negación de la realidad: se niegan las violaciones, las muertes, la brutalidad policial y se tiran balones fuera en cuanto a responsabilidades, en Cali se asumen un poco más esas responsabilidades”. Aun así, después de escuchar la contundencia de los testimonios y la magnitud de la situación que aún no termina, dos de las parlamentarias aseguraron que salen del país sensiblemente asustadas.

González describió este viaje de la delegación como “absolutamente imprescindible, desgarrador y esperanzador”. “Todo lo que hemos recogido transmite ya no solo abandono por parte de las instituciones, sino el ataque de las instituciones a la población. Territorios que necesitan inversión social, educación, salud, el estado solo llega en forma de militarización.”

Mayoritariamente conscientes de la responsabilidad colonial que cualquier país europeo, especialmente España como antigua metrópoli, tiene con América Latina, la delegación se mostró decidida a tomar medidas ante la violencia a la que se enfrenta el pueblo colombiano.

“Cuando hablamos de justicia global debemos situarnos donde estamos y nosotros estamos en el Estado español, en Catalunya, y lo que tenemos que hacer es ejercer de representantes de la diáspora colombiana, exigir que se aplique el capítulo de Derechos Humanos del acuerdo entre la Unión Europea y Colombia; ahí es donde le tocas el bolsillo a las elites, es donde podríamos hacerles recular”, explicó el responsable de Justicia Global de Barcelona, David Llistar. También eurodiputados han propuesto esta medida que solo podría ser aprobada por una mayoría favorable en el Parlamento Europeo, escenario que por el momento aún es lejano.

Por su lado, Dantas explicó que ya registró “una pregunta parlamentaria al gobierno de España sobre la venta de armas del Estado español a Colombia. Debemos intentar desde todas las instancias legislativas que el estado español deje de vender armas. Son millones y millones de euros y municiones que matan”. Así, la delegación presentará un informe “denso”, según la brasilera, con una valoración y unas recomendaciones.

Aun así, como aseguró Madaula, “creemos que dada la magnitud de las vulneraciones de Derechos Humanos, las instituciones internacionales deberían pasar efectivamente de las recomendaciones a las sanciones. Alzaremos la voz para que así sea».

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