Así cambió el paramilitarismo en Colombia

24 ago, CI.- Desde hace varios años, distintos gobiernos, organismos nacionales e internacionales, así como medios de comunicación, entre otros, insisten en señalar que el paramilitarismo desapareció de Colombia. Sin embargo, fenómenos como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, las llamadas Águilas Negras, entre otros grupos, confirman que el paramilitarismo está presente en las regiones del país. El reciente libro “¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografías de una paz violenta en Colombia” analiza cómo se encuentra este fenómeno y sus actuales conexiones con el Estado, empresas y «grupos narcoparaterratenientes».

Hoy, 24 de agosto, en el Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep-, se realizó una rueda de prensa y la posterior presentación de este libro.  Este evento contó con la presencia de Alexandra Valencia, Magistrada de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá; Javier Giraldo, Sacerdote Jesuita comprometido con los Derechos Humanos; Leonardo Luna de la Fundación Rosa Luxemburgo; y Camilo González, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-.

La investigación presentada en el libro analiza cómo se encuentra actualmente el fenómeno paramilitar en Colombia con datos inéditos. “Las regiones donde se hicieron las investigaciones evidencian que hay un re-acomodo, una cierta renovación del paramilitarismo” dijo el sacerdote Javier Giraldo, quien, además, señaló: “aunque asume nuevas dimensiones, no pierde las características de su origen, que es ser un brazo clandestino del Estado”.

Por su parte, la Magistrada Alexandra Valencia advirtió: “si no se toman en este momento las medidas o las decisiones políticas correctas, en unos 10 años estaríamos en una encrucijada de máxima violencia en el país”, y agregó que “podríamos, eventualmente, concluir que en este momento casi que nos encontramos en una etapa previa a lo que fueron los últimos años de los noventa, cuando se dio la gran confederación paramilitar”; y se refirió a la responsabilidad histórica de este gobierno, la cual es fundamental para evitar que esto suceda.

De acuerdo con las cifras de Indepaz del 2021, consignadas en el libro, existen más de 14 grupos narcoparamilitares con presencia en diferentes departamentos del país, siendo las autodenominadas AGC las que tienen mayor control en los territorios: Clan del Golfo o ACG (25 departamentos), EPL-Pelusos (4 departamentos), Los Rastrojos (9 departamentos), Los Caparros (3 departamentos), Los Pacheca (5 departamentos), La Oficina (Valle de Aburrá) (1 departamento), Los Puntilleros (2 departamentos), La Constru (1 departamento), Los Pachelly (1 departamento), Los Contadores (1 departamento), La Cordillera (4 departamentos), Libertadores del Nordeste (1 departamento), La Empresa (1 departamento), La Local (1 departamento), otros grupos (8 departamentos).

Leonardo Luna explicó algunas de las diferencias de los actuales grupos paramilitares en comparación con las anteriores: “de las fases del paramilitarismo me parece importante resaltar su anclaje territorial y en este momento su forma de actuar frente al anonimato. Creo que algo que es muy sonado en el país es el tema de los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Hubo un tiempo, antes de la desmovilización, en que los grupos paramilitares se posicionaban arguyendo ser los autores  de los hechos criminales para generar ese terror y el copamiento del territorio; pero después de la ‘desmovilización’ su forma ha sido más el anonimato y se entiende que sigue habiendo una alta tasa de homicidios y de violencias sociales en los territorios. Sin embargo, ellos no se declaran como autores de estas acciones”.

Explica, además, que los nuevos mandos de los grupos paramilitares no han logrado ser identificados: “no se logra desentrañar con tanta claridad cómo está esa relación de los políticos y los grupos paramilitares en el ejercicio de la violencia armada y sus nexos con las empresas y multinacionales”.

De otro lado, la Magistrada Alexandra Valencia analizó un asunto polémico respecto a las iniciativas del gobierno de buscar la paz y el sometimiento a la justicia de estos grupos: “uno de los primeros pasos sería la desvinculación de jóvenes que fueron vinculados a estas estructuras armadas siendo menores de edad, para que desde el primer momento se le dé un tratamiento jurídico distinto, es decir, un tratamiento jurídico de menores de edad. Me refiero a lo siguiente; la fuerza violenta o la fuerza humana en estos grupos ilegales por lo general se encuentra integrada por jóvenes que fueron reclutados sobre los 15, 16, 17 años. La decisión de desvincularse de estos grupos para ellos es muy compleja, porque al adquirir la mayoría de edad estás asumiendo un régimen de responsabilidad penal ordinaria; es decir, que podría llegar a pensarse un tratamiento jurídico distinto para personas que en estos momentos puedan tener 25, 27 años y les facilite la incorporación a la sociedad civil”.

CI FC/JT/24/08/2022/19:00