29 mar. CI-. Unos enfrentamientos se presentaron en medio de las comunidades indígenas Embera Dobidá, del resguardo Jagual del Río Chintadó del municipio de Riosucio en el departamento del Chocó, el pasado 27 de marzo; según los habitantes hubo presencia de grupos paramilitares en estos hechos.

En esta zona también hace presencia el Ejército Nacional colombiano y el ELN.

Frente a los hechos ocurridos las comunidades manifiestan temor, debido a la posibilidad de que continúen los enfrentamientos dentro del resguardo y sus alrededores.

Mientras tanto el Gobierno de Iván Duque se enfrenta a la Minga del suroccidente en donde confluyen las exigencias de los pueblos indígenas, campesinos y afros; hasta el momento la respuesta del Estado se ha enfocado en el uso del pie de fuerza, dejando militares, estudiantes y mingueros heridos y muertos.

Por otro lado, en el Chocó, tampoco escampa.

En Colombia, los sectores populares mantienen una lucha constante con el Estado. Por un lado, durante décadas el país ha estado inmerso en un conflicto armado que tiene sus pilares en la falta de garantías políticas y sociales. La postura belicista y meramente militar que han tomado los gobernantes han incrementado tanto la violencia como estás problemáticas.

En este sentido, son las comunidades que habitan lo rural las que han padecido con mayor intensidad los enfrentamientos armados; un claro ejemplo es la comunidad del resguardo Jagual del Municipio de Riosucio.

Según fuentes de la zona, luego de los enfrentamientos protagonizados por grupos paramilitares adscritos al ‘Clan del Golfo’, se ha incrementado la tensión y el temor dentro de la comunidad. Asimismo, se preocupan por la constante estigmatización y amenazas de muerte que ha recibido el dirigente comunitario Embera del Jagual, Julio Mecheche.

Hasta el momento se tiene certeza de que paramilitares habrían ingresado a la comunidad con orden estricta de asesinar al dirigente, pero al percatarse de esto, la Guardia junto con la comunidad lograron resguardar al dirigente.

A pesar de que la intención de diálogo por parte de las autoridades indígenas, estos grupos han afirmado tener la orden estricta de asesinar a Mecheche.

Así, se hace un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo para que se pongan al tanto de la situación y no permitan que se siga vulnerando la vida de quienes contribuyen a mejorar las condiciones de vida en sus territorios; este ha sido el caso de los múltiples líderes sociales asesinados, sistemáticamente, en los últimos años.

Ahora bien, es necesario cuestionar la responsabilidad que tiene el Estado colombiano frente a los eventuales acontecimientos guerreristas que se están presentando en el país, pues comunidades como las del Jagual manifiestan que la Fuerza Pública hace presencia continua en el territorio, y sin embargo el conflicto se recrudece aún más. Esto teniendo en cuenta que en numerosos casos el Estado se ha visto vinculado con grupos paramilitares que han tenido el objetivo de llevar a cabo estrategias comunes.

Cuando la paz se reconoce únicamente bajo una concepción de lo militar y no tiene como objetivo la construcción de vida digna en los territorios, el conflicto continuará intensificándose. Mientras tanto los discursos oficiales se enfocan en una idea de ‘progreso’ que continúa empobreciendo a muchos y beneficiando a unos pocos que históricamente se han valido de los grupos paramilitares para la apropiación de recursos en el campo colombiano.

CI DO/ND/29/03/19/13:30

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