El pasado 24 de julio se realizó un conversatorio en el Centro Memoria, Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá en el que participaron el docente de la Universidad Nacional Carlos Medina Gallego, el analista político Rafael Guarín y el director de la Corporación Plural, Armando Novoa. Debatieron sobre las reformas constitucionales que debería asumir el país para enfrentar un eventual periodo de posconflicto.
El conversatorio inició con la intervención del profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina Gallego. El docente universitario destacó que el Congreso que se posesionó el 20 de julio pasado debe ser «el Congreso de la paz, pero de la paz de la Nación colombiana». Aseguró que “no hay forma de acabar un conflicto si no se producen ajustes institucionales y cambios sustanciales en el orden constitucional”. Asimismo, manifestó su preocupación porque “no todo momento es pertinente para hacer una Asamblea Nacional Constituyente, ya que se puede generar una Constitución más retrógrada, represiva y más autoritaria”, aseguró.
Para Medina es necesario un cambio sustancial en la correlación de fuerzas políticas. Un bloque o una fuerza política de paz debe “construir identidad de criterios y de propósitos, un lugar constituyente para la formulación de una Constitución en un ámbito renovador y democrático que satisfaga las expectativas posibles para la finalización del conflicto».
Acto seguido tomó la palabra el analista político Rafael Guarín, quien inició su intervención haciendo énfasis en los mecanismos de refrendación que darán fuerza a los acuerdos entre las partes que integran la Mesa de Diálogos en La Habana. Destacó dos ámbitos que, según su opinión, son fundamentales: El de la seguridad política, y el de la seguridad jurídica. El primero refiere a un Gran Pacto por la Paz que no podría realizarse sin los críticos del Proceso de Paz, el uribismo. Para Guarín, el segundo ámbito responde a la pregunta: ¿Cómo blindar los acuerdos frente a la Jurisdicción Internacional? Pues las FARC son acusadas de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, violaciones a los DDHH que resultarían en una alta vulnerabilidad a los acuerdos jurídicos.
La última intervención estuvo a cargo de Armando Novoa, director de la Corporación Plural. Para Novoa el proceso de negociación en La Habana ya ha pactado reformas constitucionales, “en particular en el acuerdo número dos sobre Participación Política, ya que ese solo aspecto requiere reformas constitucionales, hace referencia a la Ley 134/1994 sobre mecanismos de Participación Ciudadana.”
El conversatorio preveía la participación de una cuarta invitada que no pudo asistir, la presidenta de la Unión Patriótica -UP-, Aída Abella. Su ausencia impidió que se conociera y debatiera la posición de la UP frente al debate de Asamblea Nacional Constituyente.

