20 jun. México- Diversos sectores se movilizan en México tras la brutal represión que sufrió la sección 22 de magisterio en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio. Hasta el momento se tiene registro de seis personas asesinadas por la Policía Federal -PF-, 102 civiles lesionados 55 de ellos policías.

 

Por Imelda Carranza*. Los acontecimientos iniciaron a las 8:00 de la mañana con el desalojo de dos bloqueos carreteros que mantenía la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado -CNTE-, organización disidente al sindicato oficial, acompañados por padres y madres de familia que apoyan la movilización magisterial. Testigos informan que la PF fue solicitada por el ahora exalcande Daniel Cuevas Chávez, la fuerza arribó por tierra y en helicópteros que descendieron en el rancho de Hermino Cuevas Chávez, diputado y hermano del ahora exalcalde.

La respuesta del Estado mexicano, después de su responsabilidad en los acontecimientos del día de ayer, ha indignado a la población. En un primer momento, la cuenta oficial de Twitter de la PF informó que su personal no portaba armas de fuego. Sin embargo, después de las primeras denuncias en redes por el asesinato de dos profesores, se emitió un segundo trino en el que la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, intentó deslegitimar la veracidad de las imágenes en las que se observa el uso de armas de fuego por parte de la PF en desalojo de Nochixtlán. Posteriormente,  el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, reconoció que la policía estaba armada y solicitó a la CNTE que se deslindara de los grupos violentos para poder establecer el diálogo.

La movilización magisterial en México es consecuencia de la implementación de la reformas estructurales, en particular la educativa. Esta reforma se caracteriza por modificar el régimen laboral y administrativo de la educación en lugar de los aspectos de contenido y forma. Apela a “fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante las órdenes de gobierno que corresponda, con el objetivo de mejorar la infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básica”, es decir, inicia un camino ‘legal’ hacia la privatización de la educación en México. Entre otros elementos, contempla la evaluación punitiva que busca la destitución inmediata de los docentes que no aprueben elementos estandarizados, lo que omite las diversas realidades en las que las y los niños viven su proceso de aprendizaje, elementos de vital importancia si se considera que la evaluación del profesor está vinculada a la evaluación de sus estudiantes.

Hasta el momento la situación es tensa pero la población civil se pronunció a favor de los maestros en diferentes partes del país. La presencia de la PF se mantiene con fines de intimidación. Esta situación de violencia hacia el magisterio no solo se vive en Oaxaca es semanas anteriores en magisterio, en Chiapas también fue víctima de la represión de Estado. La informidad ha rebasado a los grupos de maestros, la inconformidad se va generalizando.

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* Imelda Carranza es colaboradora de Colombia Informa en México.


CI IC/MP/20/06/16/15:00