CI.- Desde el martes 29 de julio, mil familias empobrecidas agrupadas en la Minga Cali ocuparon pacíficamente las oficinas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Exigen la entrega de los terrenos que diferentes entes del Gobierno prometieron para solventar la crisis humanitaria que viven desde hace más de 4 años.

«Nos cansamos de promesas incumplidas, de diálogos, que se suspenden, de derechos que se niegan», denuncian las comunidades en el comunicado de la Minga Cali, Juntanza de Comunidades Populares, organizaciones territoriales, consejos comunitarios, juventudes, infancias, fundaciones, colectivos, familias desplazadas, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.«Nos cansamos de promesas que no llegan, de diálogos, que se suspenden, de derechos que se niegan», denuncian las comunidades en el comunicado de la Minga Cali, Juntanza de Comunidades Populares, organizaciones territoriales, consejos comunitarios, juventudes, infancias, fundaciones, colectivos, familias desplazadas, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Exigen al Estado, al Gobierno, a la alcaldía de Cali, la SAE y la ANT los siguientes acuerdos y compromisos.

1. Reconocimiento legal y municipal de los Consejos Comunitarios Urbanos de la Minga Cali, sujetos organizativos que sostienen procesos de defensa territorial y vivienda digna.

2. Entrega de lotes urbanizados para implementar el decreto de autoconstrucción.

3. Implementación de un Protocolo de Garantía de Derechos frente a los desalojos, no más operativos policivos sin enfoque de derechos.

4. Creación de un banco de tierras urbano para proyectos de vivienda popular, autoconstruida y gestionada desde las comunidades.

5. Inclusión de las familias de la Minga Cali en los actuales proyectos de vivienda, que garanticen la autogestión y la aplicación del decreto nacional.

6. Reactivación de los diálogos con la Minga Cali suspendidos de forma unilateral por la alcaldía en diciembre de 2024.

7. Suspensión de todos los desalojos forzados, mientras no existan garantías reales para las comunidades afectadas.

A esto se suman otros compromisos que denuncias fueron incumplidos por parte del Estado y sus entidades:

  1. En octubre de 2023, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se comprometió a entregar seis predios (3 urbanos y 3 rurales) como soluciones de vivienda digna para las familias de Minga Cali con fecha de cumplimiento en febrero de 2024. Expresan que en la actualidad siguen a la espera.
  2. El 30 de junio de 2024, en acto público en el Concejo de Cali, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) firmó un acuerdo para entregar predios en Dagua y El Cerrito a la Minga Cali. Hasta hoy no se ha materializado.
  3. En agosto de 2024 se acordó revisar y evaluar los bienes inmuebles de la SAE con el fin de entregarlos en comodato como soluciones de vivienda digna para las familias de la Minga Cali. Este acuerdo tampoco fue cumplido.
Las personas que protestan

Diego Maldonado, líder de Minga Cali, expresó varias de las causas por las cuales desplazaron a estas familias: “En su mayoría son familias afectadas por la violencia, desplazadas hacia la ciudad. También existe un alto porcentaje de personas desalojadas dentro de la ciudad por diferentes políticas, ya sea megaproyectos, por los planes de desarrollo territorial y, obviamente, en algún nivel, por voluntades políticas de los últimos alcaldes y gobernadores respecto al acceso a la tierra y la vivienda”.

Entre los megaproyectos que han desplazado a las familias están el Plan Jarillón en el Oriente y el Tren de cercanías en el sur de la ciudad.

Igualmente, la lideresa Bernarda Pabón explicó cómo es el proceso de organización de Minga Cali:

«Es esa lucha en la calle la que nos unió más que nunca. Así mismo, las movilizaciones, la ocupación pacífica, la toma de las calles de esta ciudad que ha sido ajena, que no toma en cuenta las peticiones que hemos hecho. La Minga Cali es un proceso en ascenso, que se ha hecho en la calle, al calor de la olla comunitaria, al calor de la amistad, al calor de la lucha».

Agregó que es necesaria una reforma urbana integral que garantice el derecho a la ciudad como derecho fundamental, que incluya un modelo de vivienda que realmente responda al bienestar de las comunidades y no a los poderosos negocios.

Manifiestan que están cansados de firmar acuerdos y que esta vez no abandonarán la ocupación sin conseguir la tierra para poder vivir dignamente tanto en el campo como en la ciudad.

CI CZ/FC/31/07/2025/19:00