CI.- En septiembre iniciará en Santander el cobro de un impuesto a la seguridad que será incluido en el recibo de la energía eléctrica y que fue promovido por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, exgeneral señalado de tener vínculos con ejecuciones extrajudiciales y corrupción dentro del Ejército colombiano.

A finales de abril y con el apoyo de la Asamblea Departamental, el gobernador Juvenal Díaz consiguió la aprobación de un impuesto a la seguridad que será incluido en los recibos de la luz eléctrica.

Este nuevo impuesto que empezará a ser cobrado en el mes de septiembre afectará principalmente a personas de los estratos 4, 5 y 6 y al sector comercial de los estratos 1, 2 y 3.

Las organizaciones de derechos humanos afirman que este impuesto o tasa de seguridad afectará a miles de hogares en el departamento de Santander. Además, afectará panaderías, tiendas de barrio, supermercados, microempresas y otros negocios.

Juvenal Díaz Mateus

“Este impuesto regresivo lo terminaremos pagando todos los trabajadores y trabajadoras en Santander”, afirman diversas organizaciones sociales como el Movimiento Político de Masas, Social y Popular del Centro Oriente Colombiano, Ciudad en Movimiento, la Coordinadora de Mujeres 8 de Marzo, entre otros procesos y organizaciones regionales.

Según el Gobernador, este impuesto es para fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública y modernizarla con tecnología de punta, como es el uso de cámaras de seguridad.

Además, el Secretario de Gobierno, Óscar Hernández, explicó que la primera inversión será en tecnología y se centrará en el área metropolitana de Bucaramanga y en Barrancabermeja.

El impuesto empezará a cobrarse el 1 de septiembre de 2025 y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2028.

Las dudas que genera la iniciativa

Aunque el Gobernador justificó su decisión debido al recorte presupuestario por parte de la Nación, las organizaciones sociales afirman que Díaz omitió decir que el presupuesto de la Nación para el sector defensa en 2025 superó los 61 billones de pesos. Esto significa que cada uno de los más de 500 mil militares y policías le cuesta al país 122 millones de pesos.

Las organizaciones sociales denuncian que hasta ahora la estrategia de seguridad del gobernador Juvenal Díaz hizo posible el fortalecimiento de los grupos paramilitares en el departamento de Santander.

En la actualidad, el grupo paramilitar conocido como el Clan del Golfo o también llamado Ejército Gaitanista de Colombia ocupa mayores territorios en el Magdalena Medio santandereano y sostiene una ofensiva expansionista en todo el país.

A esto se suman las disputas entre grupos delincuenciales articulados a los paramilitares y que en las ciudades controlan el microtráfico de sustancias alucinógenas con la permisividad de las autoridades, quienes permiten su accionar a cambio de que realicen control social sobre la población.

Las organizaciones sociales denuncian la falta de acciones de la fuerza pública para enfrentar testaferros, políticos determinadores, auspiciadores y financiadores de la estrategia paramilitar.

Además, las organizaciones afirman que en el territorio también opera el llamado Frente 33 de las disidencias, grupo señalado, al igual que el Clan del Golfo, de mantener connivencia y complicidad con las fuerzas militares.

Control de la vida en Santander

Igualmente, las organizaciones denuncian que este impuesto no solo afectará los ingresos de la ciudadanía en Santander, sino que financiará políticas de control social y perfilamiento contra organizaciones sociales, hinchadas y expresiones sociales que se movilicen.

De hecho, el Gobernador y funcionarios de su Gobierno departamental reconocen que las nuevas medidas permitirán no solo contrarrestar el delito, sino prevenirlo al anticiparse a situaciones que se presenten en lugares como el estadio, movilizaciones sociales, reuniones, entre otros.

“Estas acciones autoritarias constituyen una grave amenaza a los derechos de reunión, manifestación y la exigibilidad de otros derechos”, expresan las organizaciones sociales que exigen el desmonte del paramilitarismo y las prácticas de control social y político.

Protesta contra el paramilitarismo

Un gobernador cuestionado por ejecuciones extrajudiciales

En 2024, varios medios destaparon una investigación contra el actual Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, por un presunto caso de ejecuciones extrajudiciales, ocurrido cuando Díaz fue general de las fuerzas militares en el Gobierno de Iván Duque.

El general retirado es señalado de encubrir el asesinato de una persona a manos de los militares, quienes presentaron el caso como un falso caso de una baja en combate.

Un juez penal militar habría solicitado que Díaz fuera investigado al encontrar indicios de que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

El actual gobernador habría ayudado a ocultar el caso, tras presentarlo en enero de 2021 como un logro militar que fue apoyado por el exministro Carlos Holmes Trujillo, quien era el jefe de la cartera.

El juez 22 de instrucción penal militar, Jorge Alberto García, radicó en la Fiscalía el 2 de junio de 2021 un documento en el cual compulsó copias contra los generales Díaz Mateus y Fredy Marlon Coy.

De acuerdo con el juez, se debía abrir una investigación en contra de los dos altos oficiales por la probable comisión de los presuntos delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, favorecimiento por encubrimiento, prevaricato por omisión, entre otras violaciones a los derechos humanos cometidas durante un operativo militar ocurrido el 14 de enero de 2021.

Juvenal Díaz Mateus, salpicado por caso de corrupción

En agosto de 2019, durante una investigación por corrupción, en unos audios apareció el nombre del actual gobernador de Santander, quien en ese entonces estaba al frente de la Cuarta División del Ejército.

Durante esa ocasión, Díaz expresó estar dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar los presuntos hechos de corrupción al interior de las fuerzas militares.

CI FC/02/05/2025/18:00