CI.- El 9 y 10 de septiembre, la policía asesinó a 14 personas en Bogotá y Soacha e hirió a decenas más en el marco de las protestas realizadas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, a manos de la autoridad policial. El próximo 13 de septiembre, varias organizaciones conmemorarán los hechos y exigirán justicia.

El 8 de septiembre de 2020, el abogado Javier Ordóñez fue asesinado por la policía en el CAI de Villa Luz, en la localidad de Engativá en Bogotá.

Ordóñez fue torturado por policías, quienes lo llevaron al Comando de Atención Inmediata (CAI), en el sector de Villa Luz (se cree que allí sufrió nuevas agresiones físicas). Javier Ordóñez entró con vida al CAI y terminó asesinado.

En un video que circuló en redes sociales se escuchaban los gritos de Javier Ordóñez, quien pedía ayuda mientras era detenido y golpeado por varios patrulleros de la policía colombiana.

La indignación por este crimen fue el detonante de una ola de protestas en las que miles de personas denunciaron los constantes crímenes cometidos por la policía en Bogotá.

Javier Ordóñez

Antecedentes

Durante las protestas por la educación, el 23 de noviembre de 2019, los policías del ESMAD asesinaron al joven Dilan Cruz.

Así mismo, para las personas estaban presentes otros miles de casos donde la policía hirió y asesinó a personas o las dejaba sin ojos. De hecho, en el estallido social de 2021 se repitió ese patrón de la policía, en el que hieren, asesinan y se asocian con grupos paramilitares.

De la indignación al genocidio estatal

En las protestas del 8 y 9 de septiembre de 2020, la gente indignada quemó o destruyó más de 80 CAI de policía en Bogotá, lugares denunciados por otros casos de violencia, como el que sufrió una mujer quien, tras ser detenida por los uniformados, fue llevada a uno de estos cuarteles móviles donde fue víctima de violencia sexual por parte de los policías.

Las personas realizaron convocatorias espontáneas para protestar en distintos barrios de Bogotá. Los distintos y variados manifestantes buscaban rechazar los constantes casos de violencia, agresiones y abusos sexuales cometidos por la policía en los barrios populares de la ciudad.

Cientos de jóvenes manifestantes atacaron los CAI de cada barrio, mientras denunciaban que en esos lugares se cometían toda clase de abusos y violaciones contra los derechos humanos.

La respuesta de la policía fue disparar sus armas de forma indiscriminada contra las comunidades que protestaban en los barrios populares de Bogotá.

Evidencias que no tuvo en cuenta la justicia

Periodistas de medios alternativos o personas que llevaban sus celulares grabaron miles de vídeos que demostraban cómo los policías disparaban sus armas contra las personas. 14 personas asesinadas y otras decenas heridas fue el saldo que dejó la policía en varios puntos de la ciudad.

En muchos casos, personas que fueron heridas por la fuerza pública ni siquiera participaban en las protestas. Para la policía bastaba con ser joven, proveniente de barrios populares como Verbenal, La Gaitana, Rincón de Suba, Timiza, entre otros barrios, para declararlos una amenaza.

Impunidad

En 2022, la alcaldía con presencia del gobierno colombiano reconoció el crimen cometido por la policía colombiana: «En nombre de todo Bogotá, de la Alcaldía Mayor, y sobre todo de las familias de Javier Ordóñez, Cristian Rodríguez Cano, Lorwan Stiven Mendoza, Antony Gabriel Estrada, Cristian Andrés Hurtado, Jaider Fonseca, Julieth Ramírez, German Puentes, Julián González, Cristian Hernández, Andrés Rodríguez, Fredy Mahecha, Angie Paola Vaquero, Manuel Fernández, y de todas las víctimas que fueron asesinadas o resultaron heridas, violentadas o agredidas en los hechos dolorosos e inaceptables del 9 de septiembre».

Por su parte, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo denunció: «La masacre del 9 de septiembre no fue un exceso aislado ni una reacción desbordada de algunos agentes: fue la expresión de una política estatal de represión contra la protesta social. El uso indiscriminado de la fuerza, el encubrimiento institucional y la falta de sanciones a los responsables demuestran que se trató de un crimen de Estado, cuya responsabilidad no recae únicamente en los ejecutores materiales sino también en las autoridades que han mantenido la impunidad».

Además, la Organización de Derechos Humanos resaltó:
  • No se han realizado transformaciones estructurales en la Policía Nacional, pese a los anuncios de reforma.
  • El simple cambio de nombre del ESMAD no ha modificado las prácticas letales y represivas.
  • Las doctrinas militares de enemigo interno continúan orientando la acción estatal contra líderes sociales, comunidades y quienes ejercen el derecho a la protesta.
  • Las víctimas del 9 de septiembre y sus familias siguen enfrentando impunidad, estigmatización, amenazas en algunos casos y ausencia de reparación y garantías de no repetición.

A pesar de las promesas hechas por el Presidente Petro de reformar a la policía y acabar con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (los temidos agentes del ESMAD), hasta ahora el Gobierno les cambió el nombre a Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), grupo que hace exactamente lo mismo que el antiguo ESMAD.

Exigencias de las organizaciones de derechos humanos

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en exigir al Estado:

  • Verdad plena, justicia y reparación efectiva para las víctimas y familiares del 9 de septiembre.
  • Una reforma estructural y participativa de la Policía Nacional.
  • El desmonte real y definitivo de dispositivos antidisturbios como la UNDMO, herederos del ESMAD.
  • El fin de la doctrina del enemigo interno y de toda práctica estatal que criminalice la protesta social.

El próximo 13 de septiembre de 2025, varias organizaciones realizarán una conmemoración en Bogotá y Soacha para honrar a las víctimas y reiterar que la paz exige transformaciones reales.

CI CH/FC/10/09/2025/08:00