La tragedia de los montajes judiciales

29 ago. CI.- El pasado 26 de agosto fue realizada una jornada cultural contra los montajes judiciales en Colombia. La actividad tuvo lugar en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Víctimas, defensoras y defensores de derechos humanos, así como familiares de personas que han sufrido persecución judicial a manos de la fiscalía realizaron actividades culturales y narraron en sus historias, la forma como esta práctica judicial afecta la vida de decenas de personas en el país.

En Colombia una de las prácticas judiciales tradicionales para perseguir a personas que se oponen a prácticas o políticas del Estado son los montajes judiciales. Para la abogada Gloria Silva del Equipo Jurídico Pueblos, los falsos positivos judiciales o montajes: “Es el uso del sistema judicial y legal por parte del Estado en contra de determinada persona, bajo acusaciones que resultan ser falsas o que también constituyen formas de criminalización del pensamiento crítico o de los proyectos contra-hegemónicos de los cuales forma parte esa persona, a la cual se le inicia un proceso judicial”.

Aunque este tipo de persecución judicial se incrementó durante el levantamiento popular de 2021, son cientos las personas que desde hace años han sido encarceladas durante años, para luego ser dejadas en libertad tras demostrarse su inocencia.

Durante el evento cultural realizado en la Universidad Pedagógica Nacional –UPN-, hubo presencia de varias personas familiares de víctimas de esta práctica de persecución adelantada por la fiscalía colombiana.
Gladis Jiménez Muñoz, madre de una de las victimas narró como en 2012 varios estudiantes de distintas universidades fueron encarcelados, entre ellos su hija Xiomara Alejandra Torres, quien en esos años estudiaba Licenciatura en Física: “Mi hija estuvo cuatro años en la cárcel junto con Érica Aguirre, otra estudiante de Química (en ese entonces), en la UPN. Ellas estuvieron cuatro años en la cárcel de mujeres de Bucaramanga”. Tras esos largos años de prisión ambas salieron libres puesto que, la fiscalía no pudo demostrar ninguna de las acusaciones ni desaparecer ninguna de las irregularidades del proceso judicial.

Tras recobrar la libertad las personas que son víctimas deben enfrentar al igual que sus familias, los daños que esto producen en las familias. “Cuando a ella la detienen, ella es la mayor de cinco hijos. En ese momento estaba por cumplir 20 años y sus hermanas menores muy pequeñas. Fue una situación psicológica muy difícil de la que las hermanas han tenido secuelas muy fuertes. La situación económica fue otra muy grave, porque yo soy madre cabeza de hogar y de mi dependen mis cinco hijos. Viajar a Bucaramanga cada mes fue una cruzada por la situación económica”.

En varios de los casos se ha encontrado que aunque la Fiscalía es ágil para abrir el proceso judicial y conseguir el encarcelamiento de las víctimas, la justicia colombiana es lenta para resolver estos casos. De esta manera, las personas duran muchos años en las cárceles hasta que el proceso legal se cae o son liberadas por vencimiento de términos.

A propósito explica la abogada Gloria Silva del Equipo Jurídico Pueblos: “Llama la atención como terminan estos procesos siendo abandonados por la misma administración de justicia después de que salen en libertad las personas. Aceleran todo para evitar la libertad, pero como se supone que la detención preventiva tiene un término límite, cuando estas personas salen libres tienen que ser liberadas por términos los procesos pierde la celeridad que tenían. Lo digo porque varios de nuestros casos están terminando por prescripción, es decir ni inocentes ni culpables pero finalmente culpables en la medida en que pagaron cárcel por un hecho en el que la fiscalía, finalmente no logra demostrar nada”.

Andrés Felipe Oviedo es víctima de un montaje judicial y acaba de cumplir dos años de ser capturado. Actualmente, se encuentra recluido en el centro penitenciario de Jamundí. Al igual que otras personas víctimas de montajes judiciales es mantenido en prisión, lejos de sus familias sin que exista ninguna condena. Sebastián Oviedo, primo de Andrés Felipe explicó: “Estamos aún en fase preparatoria. Ha sido un proceso bastante dilatorio por parte de la fiscalía. De hecho la última audiencia fue hace menos de una semana y no se ha llegado a ningún objetivo claro. El vencimiento de términos ya paso y no se ha aprobado por la fiscal, entonces han sido dos años en los que no se ha avanzado mucho”.

Pero la tragedia de una persona que sufre un montaje judicial no termina tras ser dejada en libertad y demostrar su inocencia. Los traumas psicológicos y la continuación de seguimientos obligan a muchas de las víctimas a abandonar el país.

Gladis Jiménez Muñoz, madre de Xiomara Alejandra Torres y quien estuvo cuatro años en la cárcel del Buen Pastor de Bucaramanga contó que su hija, a pesar de demostrar su inocencia debió irse del país, por temor a sufrir daños contra su vida: “Ella, por salvaguardar su vida en el proceso final del caso decide viajar a España, junto con otros de los estudiantes que sufrieron los montajes judiciales. Estuvieron allí un tiempo y como no se adaptan acceden a una beca en Argentina. Igual, su decisión de irse del país era salvaguardar su vida por persecuciones que se han dado en este país”.

El mismo caso vive Julián Andrés Gil, líder social del Congreso de los Pueblos quien estuvo encarcelado dos años, víctima de uno de estos montajes judiciales. A pesar de ser encontrado inocente, debió abandonar Colombia para proteger su vida. “Yo fui detenido el seis de junio de 2018 y quede en libertad el 25 de noviembre de 2022. Estuve 30 meses privado de la libertad, en una cárcel de alta seguridad en Bogotá (La Picota)”. El 24 de noviembre de 2020 hubo un fallo absolutorio en favor de Gil, tras una ardua lucha jurídica y constantes protestas de manifestantes exigiendo su libertad. “Después de mi libertad tuve que salir del país por algunas situaciones de seguridad como seguimientos y signos de que podía pasar algo diferente a estar privado de la libertad… Estando fuera del país he intentado nuevamente iniciar mi vida como cualquier otra persona. Mi vida de militante como cualquier otro militante como cualquier otra persona que quiere transformar las condiciones que nos niegan la vida digna en Colombia. Estoy trabajando en un espacio académico, en un centro de investigación de antropología”.

Otro aspecto que tienen estos falsos montajes judiciales es que tras recobrar su libertad y demostrar su inocencia las victimas demandan al Estado colombiano debido a todos los daños ocasionados por la Fiscalía. Sobre esto Julián Gil explica: “Desde el Equipo Jurídico que está llevando el caso y desde Congreso de los Pueblos entendemos que es necesario demandar al Estado, porque en este caso pudimos comprobar que había un montaje judicial y pudimos comprobar mi inocencia con un fallo absolutorio. Estamos esperando la segunda instancia. Vamos a demandar al Estado, claro que si para que estos casos no se repitan, pero también para que no se mancille la posibilidad de organizarse, para que no se estigmatice la organización comunitaria, que es el objetivo de ellos”.

A pesar de los testimonios dramáticos de varias mujeres y hombres en Colombia, víctimas de estos montajes judiciales la Fiscalía continua abriendo procesos y enviando personas a las cárceles, como una forma de perseguir a opositores políticos. Este fue el caso de varias de las personas capturadas y judicializadas en el marco de las protestas ocurridas en Colombia en 2021.

De hecho, el pasado día 25 de agosto del 2022 en el recinto de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia fue instalado en el Congreso la Comisión Accidental para la verificación de garantías y derechos humanos de personas capturadas en el marco de la protesta. La Comisión está conformada por 22 representantes a la Cámara y es coordinada por los Representantes Alirio Uribe Muñoz y Jorge Hernán Bastidas Rosero.

Dicha comisión dio a conocer alarmantes cifras de la Fiscalía sobre la cantidad de personas judicializadas durante el levantamiento popular de 2021. La misma señala que de las investigaciones en contra de manifestantes:
Existen 5472 investigaciones de la Fiscalía General de la Nación por hechos ocurridos en el marco de las manifestaciones durante los años 2019, 2020 y 2021. De estos 2546 están activos y 2926 inactivos. 2986 personas indiciadas por hechos cometidos con ocasión de las protestas en los años 2019, 2020 y 2021.

717 personas indiciadas con un registro de actuación de formulación de imputación por investigaciones de hechos cometidos con ocasión de las protestas de estos años dentro de 281 investigaciones, de estas noticias criminales 223 se encuentran activas y 58 inactivas. En el año 2019 no hay personas indiciadas con formulación de imputación. 691 personas con captura legalizada por hechos cometidos con ocasión de la protesta de los años 2020 y 2021. 537 de las personas indiciadas presentan un registro de escrito de acusación para los años 2020 y 2021.

El sistema de información SPOA presenta 273 personas con registro de actuaciones de disposición de detención domiciliaria y de detención preventiva en establecimiento carcelario para los años 2020 y 2021.

194 personas con registro de medida de aseguramiento intramural por hechos presuntamente relacionados con las protestas de los años 2020 y 2021. 83 personas con registro de medida de detención domiciliaria por hechos relacionados con protestas de los años 2020 y 2021. 56 personas con registro de medida de aseguramiento no privativa de la libertad de los años 2020 y 2021.

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