CI.- Este sábado, 6 de julio, la Campaña Objetivo Libertad hará una fiesta en La Hoguera (calle 45 #22-55, Bogotá) para recoger dinero y continuar con la materialización de las acciones que realiza al exigir la libertad de aquellas personas que por participar en procesos de resistencia son objeto de criminalización y judicialización por parte del Estado.

Juliana Higuera, feminista, mamá e integrante de la Campaña Objetivo Libertad es objeto de un proceso de criminalización por su labor como defensora de derechos humanos en el marco del levantamiento popular de 2021 en Boyacá.

Colombia Informa entrevistó a Juliana no solo para explicar las razones de la fiesta, sino el contexto de criminalización de la protesta social en Colombia, una práctica social genocida que desde hace décadas enfrenta el movimiento social.

Colombia Informa: ¿Cuál es la misión de la Campaña Objetivo Libertad?

Juliana Higuera: Desde la Campaña Objetivo Libertad acompañamos, denunciamos, documentamos, visibilizamos y nos movilizamos con personas detenidas, exdetenidas y judicializadas, así como familiares y redes de apoyo de todas, todes y todos los presos perseguidos por luchar.

Exigimos su libertad y la abolición de las prisiones. Reconocemos que la criminalización y la judicialización son prácticas sociales genocidas que tienen por objetivo exterminarnos, romper el tejido social, disgregar los procesos, silenciar a las personas, amedrentar a las comunidades y buscar, a partir de la estigmatización, la persecución, la privación de la libertad y la judicialización.

Quieren que dejemos de salir a las calles y a las carreteras, que dejemos de juntarnos, que dejemos de resistir. Es fundamental organizarnos para hacerle frente a ese proceso genocida continuado que mediante diferentes prácticas busca aniquilarnos.

De igual forma, en Colombia, esa criminalización se fundamenta en la doctrina del enemigo interno. Todo lo que sea diferente al establecimiento es perseguido y aniquilado. Una de esas prácticas es el encarcelamiento.

C.I: Sabiendo que la criminalización es una práctica social genocida que realiza el Estado para exterminar al que piensa y actúa diferente, ¿cómo enfrentar semejante estructura?

Juliana Higuera: Entendemos que la criminalización trae consigo múltiples afectaciones tanto para las personas detenidas y judicializadas como para sus familias, sus procesos y sus comunidades.

Para hacerle frente a la privación de la libertad es necesario que podamos, no solamente denunciar la criminalización y la judicialización histórica y sistemática, tanto en nuestro país como en otros territorios.

Igualmente, que podamos hacerle frente a la judicialización de manera colectiva a partir de la solidaridad, de la movilización y que podamos adoptar herramientas individuales y colectivas para luchar contra ella.

Es fundamental organizarnos para lograr la libertad, para lograr la absolución de todas, de todos y todes. Durante los últimos años, con ocasión de levantamientos populares como el del 2021, la estrategia de persecución y de judicialización cambió.

Por lo tanto, para nosotras como Campaña Objetivo Libertad es una necesidad organizarnos desde la experiencia individual y colectiva de quienes hemos sido detenidas y judicializadas, así como de nuestras familias.

Nos organizamos junto a nuestro círculo cercano y nuestras redes de apoyo, porque es precisamente a partir de esas experiencias y a partir de esas situaciones que hemos vivenciado y que seguimos viviendo, que acompañamos a otras, otros, otres, que pasan por lo mismo.

C.I: Recientemente, la prensa corporativa difundió una serie de casos en los que integrantes de la Primera Línea que participaron en las protestas del llamado Estallido Social fueron condenados por la justicia, ya que según las pruebas fueron infiltrados por la guerrilla. ¿Cómo entender esto qué pasó y qué relación tiene con la criminalización a la protesta social?

Juliana Higuera: Es fundamental reconocer que el levantamiento popular del 2021 estuvo compuesto por múltiples sectores, organizaciones, movimientos y poblaciones.

En ese sentido, el discurso de la infiltración, por un lado, busca deslegitimar y estigmatizar las acciones que se desarrollaron en el marco de ese proceso de movilización e inválida los diferentes repertorios de lucha y de organización que existen.

Por otro lado, con el discurso de la infiltración se sitúa en una otredad negativa a la insurgencia. Ese es el discurso contrainsurgente cimentado por la doctrina del enemigo interno en el que se fundamentan las judicializaciones y las criminalizaciones, entre otras prácticas sociales genocidas.

Creo que es crucial que la crítica vaya de la mano precisamente a desestigmatizar. Asumir que el proceso de movilización estuvo compuesto por múltiples sectores de la sociedad y que unos no tienen que entonces ser excluyentes de otros.

C.I: Hace dos años ocurrió un incendio en la cárcel de Tuluá y 57 personas murieron allí, entre ellas Jhonatan Sabogal, uno de los jóvenes de Primera Línea que protestó durante el Estallido Social y que luego fue vinculado al caso colectivo de criminalización Bugalagrande y Andalucía. Desde la Campaña Objetivo Libertad sostienen que fue una masacre. ¿Qué se sabe y cómo avanza la justicia en este caso?

Juliana Higuera: El pasado 28 de junio se cumplieron dos años de la masacre perpetrada en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, donde fueron incineradas 57 personas.

Una de ellas fue Jonathan Sabogal, compañero de Primera Línea que se encontraba en detención preventiva. Él estaba vinculado al caso de criminalización conocido como la “La Ye de Buga la Grande y Andalucía”, donde judicializan a varias personas por haber participado en el levantamiento popular del 2021.

Jhonatan Sabogal fue una de las víctimas mortales de esa masacre. El Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) y el Estado tienen toda la responsabilidad alrededor de lo sucedido.

CI: ¿Por qué creen que hubo responsabilidad del INPEC?

Juliana Higuera: Es fundamental recalcar que, por acción y por omisión, el INPEC y, por tanto, el Estado, es responsable de la masacre, ya que no atendió el incendio y no hubo una reacción oportuna y adecuada para salvaguardar la integridad y la vida de las personas.

Algunas versiones que son materia de investigación, indican que la guardia de la cárcel originó el incendio y tendría responsabilidad directa en los hechos.

También recordamos la masacre de la cárcel la Modelo que ocurrió en el año 2020 en Bogotá, donde más de 20 personas fueron torturadas y asesinadas a manos del INPEC.

En ese sentido, es necesario denunciar que, si bien la pena de muerte legalmente no existe en Colombia, sí es llevada a cabo en las cárceles del país.

A su vez, exigimos verdad, justicia, reparación y no repetición, tanto para las víctimas mortales, como para las personas heridas y para las familias de estas dos masacres, así como en general para todas las personas que han sufrido el flagelo de la cárcel.

Frente a este tema de la masacre en la cárcel de Tuluá, no han avanzado las investigaciones ni ha habido ningún tipo de responsabilidad.

Quien fue director de la cárcel de Tuluá cuando se perpetró la masacre, ahora es director de la cárcel de Jamundí, lo que demuestra que no hubo ningún tipo de sanción ni de medida disciplinaria, penal o civil alrededor de lo que sucedió, sino que pasó a ser director de otro centro carcelario.

Seguimos exigiendo que haya procesos de reparación y justicia para las víctimas y sus familias.

C.I: Estos procesos de exigencia de libertad, verdad, justicia y reparación también los acompañan de actividades para garantizar recursos financieros que sostengan el funcionamiento de la Campaña, por ejemplo, rumbas. Este sábado van a hacer una en la Hoguera. ¿Cómo invitarían a la gente para que vaya a esta fiesta?

Juliana Higuera: La fiesta que vamos a realizar este sábado 6 de julio a las 8 de la noche en La Hoguera, es una posibilidad de materializar la solidaridad, de seguir apostándole a la autogestión, pues todas las acciones que nosotras y nosotros realizamos desde la campaña Objetivo Libertad son completamente autogestionadas.

Es una rumba solidaria y bailable. Se busca recolectar fondos para seguir con la materialización del acompañamiento que realizamos.

Los fondos son también para la producción del segundo documental de la campaña Objetivo Libertad, que en este caso lo desarrollamos junto al medio de comunicación popular Telascanto.

Este documental busca visibilizar los procesos de criminalización perpetrados a partir de la participación en el levantamiento popular del 2021.

CI: ¿Un documental para denunciar los montajes judiciales?

Juliana Higuera: El primer documental que hicimos en la campaña se llama “SuVersión – no más montajes judiciales” que es sobre casos de criminalización hacia el movimiento estudiantil, social y popular en otros contextos, en otras temporalidades.

Por otra parte, nosotras en la Campaña Objetivo Libertad realizamos procesos de acompañamiento, de documentación, de denuncia, entre otras, y pues los fondos son para seguir con la materialización de esas acciones.

Entonces, la invitación es a que puedan hacer material la solidaridad, que caigan y apoyen este proceso que realizamos con las uñas, con todo el amor y con toda la convicción, también porque nos atravesó y nos atraviesa individual y colectivamente esta lucha por la libertad, por el fin de las prisiones.

La invitación es a que puedan aportar a este proceso, donde acompañamos a personas detenidas, exdetenidas judicializadas, así como sus familias y círculos cercanos.

Aquí luchamos por la abolición de todas las prisiones, pues reconocemos que las cárceles son centros de tortura y explotación donde se recrudecen y profundizan las violencias y desigualdades estructurales.

CI OB/FC/06/07/2024/15:00