11 nov, CI.- La situación de pandemia por Covid-19 ha introducido nuevos retos en la lucha de justicia para Berta Cáceres. Esta lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -Copinh- fue asesinada por sicarios vinculados al Estado de Honduras en marzo del año 2016.

A 56 meses del asesinato, el Copinh sigue exigiendo verdad y justicia contra la impunidad en el país centroamericano. Y es que a pesar de la importante visibilidad a nivel internacional que tuvo el asesinato de esta lideresa del pueblo Lenca, la lucha para lograr una justicia verdadera continúa siendo ardua y trabada por muchas irregularidades, campañas de difamación y encubrimiento.

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Esta organización indígena hondureña asegura que los obstáculos para lograr una justicia real solo han aumentado debido al contexto de la pandemia. Este escenario ha permitido un ambiente de menos transparencia y mayor dilatación.

En noviembre de 2018 fueron condenadas siete personas consideradas “autores materiales” del asesinato. Pero estas personas son simplemente los sicarios contratados y pagados para llevar a cabo el crimen que asesinó a Cáceres y atentó contra la vida del ambientalista mexicano Gustavo Castro.

Sin embargo, los miembros de la familia de Cáceres y el Copinh aseguraron que en este momento “las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no terminan la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos”.

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Campaña violenta contra la resistencia

El asesinato de Berta Cáceres -llevado a cabo en la madrugada entre el 2 y el 3 de marzo del año 2016- no fue aleatorio, ni un crimen “pasional” (como intentaron disfrazar desde los medios de comunicación en el momento). Por el contrario, significó el punto más violento de la campaña de vigilancia, hostigamiento, amenazas, intimidación y criminalización que enfrentaban Berta, sus compañeras y compañeros del Copinh, y la comunidad toda de Río Blanco que resiste a la imposición ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Dicha campaña hace parte de un esfuerzo conjunto entre las fuerzas de seguridad del Estado hondureño, la seguridad privada de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. -DESA- que impulsaba el proyecto Agua Zarca y personas privadas contratadas (sicarios, paramilitares).

Para el Copinh la justicia no se limita a la condena de quienes solamente dispararon, sino que exigen juzgar y castigar a los responsables “detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”. Es por esto que en los últimos meses dicha organización indígena y popular ha entrado a una etapa clave en esa búsqueda, que tiene que ver con dos casos de los 13 que son parte de la Causa Berta Cáceres: el caso contra David Castillo, Presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA; y el caso Fraude sobre el Gualcarque.

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David Castillo: primera pieza del entramado de los autores intelectuales

El Presidente de la empresa DESA, David Castillo, fue capturado el pasado 2 de marzo del año 2018 mientras intentaba huir del país. A él se le acusa de participar en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, lo cual comprende la vigilancia de Berta en el territorio, la planificación del asesinato y la coordinación entre los accionistas más importantes de la empresa y el grupo de sicarios que ejecutaron el crimen. Es importante señalar que Castillo es un militar egresado de la Academia Militar West Point, perteneciente a los Estados Unidos, y se desempeñó como Subteniente de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas en Honduras.

La detención de Castillo es de mucha importancia, no solamente por su participación en el asesinato de Berta Cáceres sino también por su papel en la imposición ilegal del proyecto Agua Zarca.

La Coordinadora General del Copinh e hija de Cáceres, Bertha Zúñiga, sostiene que Castillo “es la persona con el perfil más alto hasta el momento capturado y que tiene unos vínculos muy importantes con los accionistas mayoritarios de la empresa que son de la familia Atala Zablah, una familia que forma parte de la oligarquía y pues sigue en la total impunidad”. Para Zúñiga y el Copinh, “la condena de Castillo debe derivar en investigaciones hacia estas otras personas que a más de cuatro años (ya cerca de cinco) pues se mantienen en impunidad”.

Aunque el equipo legal del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras asegura que hay muchas pruebas en su contra, el proceso judicial contra Castillo por el asesinato de Berta Cáceres está en peligro por el vencimiento de la prisión preventiva. Frente a esto, Zúñiga explica que “se ha convertido en una reiterada actuación de la defensa de Castillo de imposibilitar el desarrollo de este proceso con una serie de recursos legales para obstaculizar el desarrollo del mismo”.

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El Copinh entiende este accionar en dos sentidos: “uno es someter al límite el vencimiento de la prisión preventiva y buscar un excarcelación del señor Castillo. Pero también lo entendemos como una actuación maliciosa que intenta obstaculizar el proceso de búsqueda de justicia, de seguir encubriendo las actuaciones que lo vinculan como parte de este crimen y por ende encubrir los vínculos con los máximos responsables”.

La organización popular e indígena hondureña anunció en un comunicado público que el pasado 22 de octubre, después de siete suspensiones, se realizó una de las audiencias preparatorias del juicio de David Castillo. Sin embargo, como en otras ocasiones, la defensa del gerente de la empresa hidroeléctrica presentó más recursos, según el Copinh, “con el fin de dilatar el proceso en busca de la impunidad”.

Adicionalmente, la organización indígena denunció que siguen siendo excluidos del proceso y el poder judicial se negó a transmitir la audiencia públicamente. En el caso contra Castillo quedan grandes retos y solo un poco más de seis meses para realizar el juicio contra él ya que la Sala 1 del Tribunal de Sentencia declaró que su prisión preventiva vence el día 25 de mayo de 2021. El Copinh seguirá insistiendo en que se haga justicia.

Fraude sobre el Gualcarque

El caso Fraude sobre el Gualcarque surgió el 4 de marzo de 2019 cuando la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad “presentaron requerimiento fiscal contra 16 funcionarios públicos por delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, hechos cometidos con el objetivo de favorecer a la familia Atala Zablah a través de contratos del Estado de Honduras con la empresa DESA para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque”, según explicaron desde el Copinh.

El proyecto Gualcarque es uno de los 51 proyectos concesionados por el Estado de Honduras en territorio Lenca que Berta Cáceres, al frente del Copinh, había denunciado. Según la organización, muchas de estas concesiones denunciadas fueron dadas tras el Golpe de Estado de 2009 y “conllevaron delitos de corrupción relacionados al otorgamiento de licencias para operar proyectos extractivos”. El proyecto Agua Zarca “fue aprobado sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Lencas afectadas por el mismo”.

Asimismo, en todo esto están fuertemente implicados David Castillo y la familia Atala Zablah. Según la investigación en el caso, la empresa DESA que impulsa el proyecto Agua Zarca fue creada de manera ilegal por dos “testaferros” que eran empleados de otra empresa de Castillo. Él había asistido a reuniones en 2009 donde se hizo la “aprobación de contratos para la producción de energía eléctrica otorgados a DESA” y posterior a la aprobación de los contratos a DESA, Castillo pasó a ser parte oficialmente de la junta directiva de la empresa junto a la familia Atala Zablah.

La investigación en el caso revela que Castillo y la familia Atala Zablah habrían construido “una estructura criminal con el fin de imponer el proyecto hidroeléctrico y así beneficiarse económicamente” y en este contexto se cometió “una serie de crímenes y violaciones a los Derechos Humanos contra la comunidad de Río Blanco debido a su oposición al proyecto, desde el fraude y corrupción para producción de supuesta ‘energía limpia’ en venta al Estado de Honduras, como el asesinato de al menos seis personas de la comunidad de Río Blanco en defensa del agua y la vida, en las que se incluye Berta Cáceres”.

El Copinh había participado en la etapa inicial del proceso como víctima pero fue excluido en agosto de 2019 tras un recurso interpuesto por la defensa de los funcionarios, parecido a lo que sucedió durante el juicio contra los autores materiales en que el equipo legal de Copinh también fue excluido. Después de esta decisión, el equipo legal ha intentado interponer diversos recursos jurídicos para garantizar la participación de las víctimas, la comunidad afectada de Río Blanco y la organización que integra. Sin embargo, el caso avanza sin su participación.

Sobre esto, la coordinadora Zúñiga comentó que “la exclusión del COPINH y de la comunidad del Río Blanco del proceso Fraude sobre el Gualcarque habla de que el sistema de justicia no ha sido construido en Honduras para responder enmendar o subsanar el daño proporcionado hacia las víctimas, sino es una justicia instrumental que trata de maquillar los resultados con la causa para la justicia para Berta Cáceres”.

En ese sentido, añadió que “a pesar de todo el sufrimiento causado por esta represa, los pueblos indígenas siguen sin ser reconocidos como víctimas directas y eso también responde a la intermediación de muchos intereses poderosos que tratan de obstaculizar la presencia del Copinh por lo que pueda aportar por la información que tienen porque es una organización que ha disputado con la justicia la verdad sobre este crimen, que no es solamente el asesinato sino que es la instalación ilegal de los proyectos que han afectado los derechos territoriales, la dignidad del pueblo lenca que han desencadenado opciones de violencia hasta llegar al asesinato”.

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CI ZP/PC/11/11/2020/8:00