26 oct, CI.- La Agencia Católica para el Desarrollo en el Extranjero – CAFOD, por sus siglas en inglés- publicó en el segundo semestre de este año un informe donde evidencia el contexto de violaciones a los Derechos Humanos y del ambiente en Latinoamérica. En el estudio, se analiza el caso de La Guajira y la mina de carbón El Cerrejón, que lleva 37 años de explotación y que ha ocasionado numerables problemáticas socioambientales como la grave situación de crisis en el acceso al agua.

La vida que recuerda la población guajira -en su mayoría indígena (48%) y afrodescendiente (14%) según estadísticas del 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)- difiere mucho de la actual. Especialmente con aquello que les fueron prometiendo las multinacionales que llegaron a finales de los años sesenta.

Desaparecieron fuentes hídricas, acabaron con las tierras fértiles, desplazaron y confinaron comunidades. Así lo han denunciado durante años las víctimas de la mina de carbón a cielo abierto más grande de Nuestra América: El Cerrejón. Actualmente, acumula más de 14 fallos judiciales que ratifican la sistemática vulneración de los derechos de las personas que habitan ese territorio por parte de la mina y del Estado.

“A lo largo de estos cuarenta y cuatro (44) años de actividad minera en nuestro territorio se violentaron nuestros derechos como comunidades Wayuu, Afro y Campesinos, de múltiples y diversas maneras. Fuimos confinados, despojados, desplazados, amenazados, intimidados, engañados y desalojados bajo las promesas del ‘desarrollo’ para La Guajira, pero lo único que nos ha dejado es una crisis humanitaria por la falta de agua, soberanía alimentaria y contaminación al ambiente, y sin territorio”, explica el texto “Minería a gran escala y derechos humanos: lo que el des-arroyo trajo a La Guajira”, de la revista Noche y Niebla del año 2020.

Para la investigación realizada por CAFOD y publicada el pasado mes de julio, las situaciones de crisis social en Bolivia, Brasil, Perú, Honduras, Guatemala y Colombia revelan que tanto las empresas como los Estados tienen que ver con la criminalización, estigmatización, violencia física y psicológica, y los asesinatos de las personas y comunidades que habitan en territorios donde se disputan especialmente el control y tenencia de la tierra para beneficio privados.

El Cerrejón ha realizado un ecocidio y etnocidio contra las comunidades de La Guajira. La operación minera, que usa 24 millones de litros de agua al día, ha ocasionado que el líquido vital que se hallaba a cinco metros de profundidad, ahora tenga que ser encontrado a 20 o 30 metros. Este territorio ha sufrido durante años por tener uno de los mayores déficits de agua en el país.

Actualmente Carbones Cerrejón tiene una concesión minera de 69 mil hectáreas, de las cuales hace uso aproximadamente de 14.000. Está dividida en tres zonas: Zona Sur, Centro y Norte de La Guajira y comprende otros territorios principalmente rurales en municipios como Albania, Hatonuevo, Barrancas, Uribia, Maicao, Manaure.

“Tabaco fue presionada por el largo pasado de confinamiento y desplazamiento que habían vivido otras comunidades. La sombra del miedo y la desesperanza de ser despojados de sus territorios por la contaminación ambiental empezó a generar una sensación de zozobra entre las familias tabaqueras. También se utilizó como método opresor para generar desplazamiento y despojo la aplicación del código minero que justificó la expulsión violenta por parte del ESMAD, policía y ejército”, afirma la Revista Noche y Niebla sobre el caso de la comunidad Tabaco, que se ubica en la Zona Norte del proyecto Cerrejón.

El Código Minero, sustentado en Ley 685 de 2001, declara el subsuelo como utilidad pública lo cual no es otra cosa que proteger los intereses extractivos y contribuir al desplazamiento forzado.

El informe de CAFOD argumenta que países como Colombia han priorizado modelos de desarrollo que garantizan ganancias para unos privados y que aumentan brechas de desigualdades en territorios cuyas luchas están concentradas en la resistencia a los megaproyectos. Además, añade que con la pandemia de Covid-19 estas problemáticas estructurales se han exacerbado debido a las prioridades de los Gobiernos por la recuperación económica, favoreciendo las economías extractivistas. Todo lo cual ha generado el aumento de los niveles de amenazas y ataques contra las y los defensores de la tierra, el ambiente y sus comunidades.

“En muchos países de la región, los Estados han eximido a las industrias extractivas de las restricciones impuestas durante la pandemia y han tratado de suavizar las normas medioambientales, al mismo tiempo que imponen medidas extremas en sectores productivos más vulnerables. Muchos proyectos extractivos siguieron funcionando, con el riesgo de que se propagara el virus en las regiones indígenas, afrodescendiente”, denuncia CAFOD.

Un discurso nada creíble

“En Cerrejón hay carbón para muchos años y el carbón va a estar en la matriz energética mundial durante muchos años. Si tenemos esos dos factores en cuenta, nuestra responsabilidad con nuestra gente, con La Guajira y con el país es adaptarnos para seguir generando beneficios durante los próximos años”, afirma Claudia Bejarano, presidenta del Cerrejón, quien además resalta que dejará para este año un $1,5 de billones en regalías, a pesar de que la exportación ha disminuido. En el 2019, estas exportaciones de carbón representaron un 34% para el país y un 3% para el mundo, según comunicó la empresa en febrero de 2020.

Sin embargo, las comunidades se preguntan: ¿Cuáles han sido los aportes de El Cerrejón al departamento de La Guajira, que hoy en día sobrepasa los niveles de pobreza nacional y enfrenta desde hace varios años una masiva vulneración de derechos humanos?

A pesar de las estadísticas de los aportes económicos, según cifras del DANE en 2018, un 51% de la población de la Guajira se encuentra en situación de pobreza respecto al promedio nacional, que es de un 19,6%. Todo esto ha empeorado durante la pandemia.

Para hacer valer su derecho a permanecer en sus territorios, a la salud, el agua y también denunciar la sistemática estrategia de violaciones de los Derechos Humanos, en el 2014 y 2015 se realizaron dos tribunales populares étnicos y políticos que condenaron al Estado y a la empresa minera por agresión a las comunidades.

Además, los pueblos organizados de La Guajira han interpuesto y realizado diversas acciones para frenar la extracción minera en su territorio. Una de estas acciones logró proteger al río Ranchería, que iba a ser desviado en 16,7 km para extraerle 500 millones de toneladas de carbón. Con otra, protegieron al arroyo Bruno pues a pesar de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le aprobó la solicitud al Cerrejón en 2014, la Corte Constitucional frenó dicho proyecto en 2017. Todo gracias a las acciones jurídicas realizadas por organizaciones y comunidades.

Aunque sobre el panorama jurídico pesan más de 14 fallos que le dan la razón a las comunidades, la empresa no acata todas las sentencias en su contra. Según denuncias recientes, se ha evidenciado la reanudación de obras (pérdida de caminos, contaminación, botaderos de residuos, etc.) cerca a las aguas del arroyo Bruno.

CAFOD asegura que estas problemáticas no son aisladas y que se configuran como un patrón de abusos que también afecta gravemente a poblaciones que han estado históricamente desatendidas como los pueblos indígenas, afros y campesinos. Además, alerta que Colombia continúa siendo el país con mayor cantidad de defensoras y defensores de DDHH asesinados en el mundo.

CI AO/PC/26/10/2021/9:30