31 mar. CI.- El 28 de marzo de 2023 se conmemora un año de la masacre perpetrada por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea colombiana contra comunidades en el Alto Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo.  El ataque dejó 11 personas muertas, cuatro heridas y cinco desaparecidas, entre las cuales había menores de edad y una mujer embarazada.

El 28 de marzo de 2022, la Junta de Acción Comunal de la vereda del Alto Remanso organizó un bazar de tres días con el fin de recoger recursos para arreglar la vía principal de la vereda, en el tercer día de celebración se produjo la incursión armada de sujetos sin identificar, pero que posteriormente se demostraría pertenecían a las Fuerzas Armadas colombianas.

Según los testimonios de las personas sobrevivientes, los militares dispararon durante una hora y media y después retuvieron e intimidaron a la comunidad para impedir cualquier protesta, pues esta manifestó siempre que en el lugar no había nadie armado. Contrario a las versiones oficiales, lo que ocurrió fue una masacre donde los soldados asesinaron, entre otras personas, al presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández, y a su esposa Ana María Sierra, quien estaba embarazada y que murió desangrada cuando intentaba escapar. El Ejército también mató al Gobernador indígena Pablo Panduro, y a un menor de edad llamado Brayan Pama. También dejó varias personas heridas y desaparecidos.

Los militares justificaron la matanza argumentando que era una operación contra las disidencias de las FARC. Incluso, el entonces Ministro de Defensa y actual candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano, dijo el 28 de marzo a las 4.35 pm, mediante un trino: “Neutralizados nueve criminales y capturados cuatro más en Puerto Leguízamo”. Más tarde se confirmó que eran 11 las víctimas, siendo el entonces Presidente Iván Duque, quien reportó las cifras como una “exitosa” operación militar.

El operativo contó con un francotirador y cuarenta militares más en la vía fluvial, integrantes de la Fuerza Aérea y la Armada, los cuales nunca reconocieron la presencia de civiles en la zona y la catalogaron como una acción legítima contra las disidencias del Frente 48 y el grupo “Comandos de Frontera”.

Frente a las personas asesinadas, el gobierno de Duque siempre defendió la acción, y los señaló de ser disidentes. La Fiscalía no fue informada previamente del operativo y llego siete horas después a lugar de la masacre, tiempo en el cual, el área fue controlada por el ejército. Es por esto que en la actualidad, el abogado de las víctimas afirma que la escena fue contaminada. Aunque la fiscalía dice que no hubo alteración en la escena del crimen y en los cuerpos, expertos forenses consultados por varios medios de comunicación que llegaron al sitio señalan lo contrario.

El informe de la Defensoría del Pueblo solamente se limitó a hacer un resumen ejecutivo de la operación, teniendo en cuenta solo la versión de las fuerzas militares, y estigmatizó a la comunidad diciendo que el evento estaba convocado por un grupo armado, concluyendo que el operativo se hizo en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Por otro lado, la misión de la ONU y la Comisión de Paz hicieron llamamientos a la búsqueda de la verdad, la implementación del acuerdo de paz y a la moción de censura del entonces Ministro de Defensa.

Las víctimas hoy denuncian lo difícil que ha sido continuar con sus vidas luego de la tragedia. Cuentan que han recibido amenazas y también denuncian la negligencia estatal para encontrar la verdad. Dicen que cambian a los fiscales constantemente, que el caso no avanza y que “están esperando hasta el último día” del tiempo estipulado (2 años) para dar respuestas, temen que todo quede en la impunidad.

CI CZ/FC/31/03/2023/7:00