El presidente ecuatoriano Rafael Correa amenazó con renunciar si la Asamblea despenalizaba el aborto en casos de violación, e inició un enfrentamiento público con las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en su país. Esa actitud parece ir a contrapelo de lo que se espera de algunos gobiernos considerados «progresistas» en la región, pero encuentra similitudes con las posiciones de los mandatarios de Argentina, Bolivia o Nicaragua, estos dos últimos países, al igual que Ecuador, integrantes del ALBA junto a Cuba y Venezuela.

En medio del debate sobre la aprobación del nuevo Código Penal, el presidente Correa llamó «traidores y desleales» a los diputados de su propio partido que se mostraban favorables a que se incorporara la despenalización del aborto en casos de violación. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) despertó severas críticas, como expresó el jurista y penalista Ramiro García Falconí, quien definió al proyecto finalmente aprobado como «legitimador de prácticas punitivas arbitrarias». Pero el presidente eligió concentrar sus cuestionamientos al Movimiento de Mujeres del Ecuador, que se manifestó el pasado sábado durante el cambio de guardia presidencial interrumpiendo la canción Patria, para hacer oír el reclamo por la despenalización del aborto. Correa hizo un llamado a la «reacción popular» contra las feministas: «ciudadanía, a reaccionar, somos la inmensa mayoría, no permitamos que una minoría de desubicados o desubicadas, nos roben nuestros símbolos nacionales”, exhortó, en lo que fue entendido como una » práctica de intolerancia y confrontación» por parte de las manifestantes.

Entre las voces que salieron al cruce de la embestida presidencial, se encuentra la Asociación Femenina Universitaria, que fundamentó su posición a favor del aborto con cifras que describen la situación que padecen las muejres en el país: «según la Organización Mundial de la Salud, Ecuador es uno de los países con más altos índices de aborto en Latinoamérica, en donde se estima que más de 125.000 mujeres al año abortan, por lo tanto hay un aborto cada cuatro minutos», expresan en un comunicado, y agregan: «en el país uno de cada cuatro mujeres han sido victimas de violencia sexual, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, que pueden resultar en embarazos no deseados, no pueden someterse a una maternidad obligada y peor aun, ser considerada criminal por el estado». También el Movimiento de Mujeres y Feministas de Ecuador, a quien apuntó directamente Correa, respondió a las duras palabras del presidente: «Rechazamos la aprobación del Código Penal porque descarta las propuestas presentadas por las organizaciones de mujeres y se ajusta a los credos personales del presidente Rafael Correa y grupos que promueven la eliminación de los derechos de las mujeres», manifestaron, y denunciaron » la forma de hacer política implementada por este régimen, que reemplaza debate por fidelidad al Ejecutivo o al Partido, el chantaje y la imposición». También desde las filas oficialistas se hicieron oír voces críticas con el proyecto oficial, aunque finalmente disciplinaron su voto contrario a la despenalización. La diputada y vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, manifestó al periódico argentino Marcha: «Soy una feminista convencida y siempre buscaré más derechos en el camino a la igualdad real entre hombres y mujeres, pero al mismo tiempo soy incapaz de exigir la política del todo o nada». De esa forma tomó distancia del Movimiento Feminista al encuadrar su voto dentro de los márgenes del oficialismo.

Desigual panorama regional

El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez tal vez haya sido el dirigente político de mayor envergadura de la historia en proclamarse públicamente «feminista». En su retórica, valorada por su aporte a la instalación mundial de un eje de lucha muchas veces invisibilizado, llegó a involucrar al propio Correa en tal definición: «Un verdadero socialista tiene que ser feminista, tú eres feminista, Rafael?», puede escucharse en la exposición que ambos compartieron en el Foro de Social Mundial de 2009 en Belem, Brasil.

La prédica de Chávez redituó en una mayor participación política de la mujer en Venezuela, y en la aprobación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero otras  reivindicaciones, como el derecho al aborto, no avanzaron. La pena para una mujer que aborta en la revolución bolivariana es de 6 meses a dos años de prisión y la pena para un médico u otra persona que realiza el procedimiento es de uno a tres años.  Por eso, la despenalización sigue siendo una bandera de lucha con la que insisten colectivos de mujeres y movimientos sociales, aún apoyando el proceso político de avances populares que vive el país.

En Bolivia la situación no es mejor: Evo Morales también se declaró contrario a la despenalización, y la legislación sigue igual de restrictiva que antes de su llegada al poder: las leyes sólo permiten que el embarazo sea interrumpido en casos de «violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto», aunque en todos los casos hace falta una dificultosa autorización judicial.

Pero dentro de los países que comparten la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) junto a Ecuador, Bolivia y Venezuela, el caso más resonante tal vez sea el de la Nicaragua que gobierna el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El presidente Daniel Ortega impulsó la derogación del aborto terapéutico, un derecho que constaba en la legislación nicaraguense, en medio de la campaña electoral de 2011 y como parte de los gestos de conciliación con la Iglesia Católica.

Uruguay, en cambio, a finales de 2012 despenalizó el aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación. El presidente José Mujica promulgó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y como reacción, la Iglesia Católica amenazó con excomulgar a los legisladores que la votaron. La implementación de la nueva Ley muestra resultados positivos: en lo que va del año disminuyó a cero la mortalidad femenina asociada a esta práctica. Oficialmente se informó que se han  realizado 2550 abortos -unos 426 por mes-, y no hubo muertes de mujeres ni complicaciones desde que se practica en centros asistenciales controlados.

En Argentina, los proyectos de despenalización no avanzaron en el Parlamento por impedimento de la bancada mayoritaria oficialista. La presidenta Cristina Fernández reafirmó ante la Conferencia Episcopal su rechazo a la aprobación de una norma que vuelva no punible el aborto en ninguna de sus variantes:  “Siempre me definí contra el aborto”, fueron sus palabras.

También desde Argentina, la educadora popular y militante feminista Claudia Korol, integrante del colectivo Pañuelos en Rebeldía que tiene entre sus propuestas la despenalización del aborto, manifestó su solidaridad con el Movimiento de Mujeres de Ecuador, a raíz de lo sucedido en estos días y su impacto en la región. «Toda la solidaridad con las compañeras de Ecuador. Hoy sufrimos un retroceso fuerte en el derecho a decidir sobre nuestras vidas». Korol integra la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA en su país, pero eso no le impide caracterizar negativamente el proceder el presidente Ecuatoriano: «El chantaje realizado por un presidente que se presenta como progresista, para que la Asamblea vote la penalización del aborto aun en caso de violación, nos muestra lo contradictorios que son los procesos sociales, y la necesidad de poner en debate las propuestas emancipatorias de manera integral, para que nunca más se negocie nuestra autonomía como mujeres en las mesas del poder», concluyó.