CI.- En Medellín y en Caldas, los gobiernos locales y la policía desalojan a familias vulnerables que viven en zonas periféricas. Denuncian procedimientos irregulares y agresiones físicas a niños y personas mayores.

En la vereda La Chuscala (parte baja) en el municipio de Caldas, Antioquia, la alcaldía desalojó a las familias asentadas en la zona, tras asegurar que esos predios pertenecen al empresario Juan Guillermo de Cuesta.

Sin embargo, la comunidad dijo que esos terrenos son propiedad del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y que no hay prueba jurídica que acredite la propiedad privada del empresario.

“La diligencia de desalojo fue ejecutada de forma arbitraria, sin oferta institucional de vivienda alternativa, lo que vulnera el derecho fundamental a una vivienda digna consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política”, afirma el comunicado de las comunidades.

Además, los defensores de derechos humanos que acompañan a las comunidades en estas acciones agregan que se vulneró el derecho a la vivienda, puesto que se pasó por encima de la sentencia T391 de 2022 y T—305 de 2024 de la Corte Constitucional que ordena que no se pueden realizar desalojos sin garantizar medidas alternativas efectivas.

Violencia policial

La comunidad también denunció agresiones por parte de la Policía Nacional con la complicidad de propietarios de predios vecinos. Los desalojos dejaron personas lesionadas, entre ellos niños y adultos mayores.

En los hechos se registró hostigamientos, intimidaciones y perfilamiento de los líderes y lideresas comunitarios, así como de los defensores y defensoras de derechos humanos por parte de la SIJIN de la policía. Así mismo, las autoridades impidieron el ingreso de la prensa y de comisiones defensoras de derechos humanos.

“El señor Duvan Ferney Larrota Niño quien se identifica como capitán de la policía de Valle de Aburrá hostigó y amedrentó la misión de verificación de Derechos Humanos y Prensa”, denunció el comunicado del Proceso Social de Garantías de Antioquia.

Exigen cese inmediato del desalojo y una mesa de interlocución con la comunidad y la presencia de los gobiernos locales para que se brinden todas garantías y el esclarecimiento de los hechos de violencia cometidos por la fuerza pública.

Desalojos en Medellín

En días anteriores, en el corregimiento Altavista de la ciudad de Medellín, policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UDMO) desalojaron y agredieron a varias familias en condición de pobreza y damnificadas por la ola invernal.

Como consecuencia de estos hechos, resultaron afectados niños y personas mayores. El concejal José Luis Marín, del Pacto Histórico expresó:

“Altavista, Barrio Verde, asentamiento de personas que han sido desalojadas, aparentemente de manera violenta, niños, adultos mayores y personas con discapacidad se ven afectadas. La militarización no es la vía para solucionar los problemas estructurales de vivienda y hábitat”

Lo que dice la alcaldía

La alcaldía de Medellín calificó el desalojo como una “evacuación humanitaria” en respuesta a la declaratoria de Calamidad Pública emitida mediante el Decreto 0363 de 2025. “La cual ordena la demolición inmediata de 76 estructuras, ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, conforme a un informe técnico que identifica amenazas por avenida torrencial y movimientos en masa”

Según datos del Ministerio de Vivienda en Medellín, el 10% de la población vive en barrios informales, principalmente en zonas de ladera.

A nivel nacional, cerca de 1.2 millones de hogares están en situación de informalidad, mientras que un informe de la ONU-Habitat del 2020, estimó que un 20% de la población urbana en Colombia vive en asentamientos informales o en condiciones de precariedad.

CI CZ/FC/18/06/2025/12:00