5 feb, CI.- Luego de los hechos presentados el pasado 4 de septiembre, en los que fallecieron incinerados ocho jóvenes que se encontraban recluidos en la estación San Mateo del Municipio de Soacha, la Fiscalía realizó la citación de imputación de cargos contra los patrulleros Jorge Suárez, Aleida González y Gabriel Ruiz.

Según había dispuesto la Fiscalía, la audiencia de imputación debería realizarse este 3 de febrero. Pero fue pospuesta para el 17 por inasistencia de los abogados de dos de los indiciados. Los patrulleros deberán responder ante la ley por el delito de “homicidio doloso agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con homicidio doloso agravado tentado”.

Esta masacre sucedió en uno de los meses de más violencia policial del 2020. En la estación de Policía de San Mateo, en el Municipio Soacha (Cundinamarca), luego de varios días sin alimento y después de ser torturados con amenazas y golpes; uno de los internos encendió una cobija en forma de protesta sobre el mediodía.

Durante las visitas familiares, una nube de humo se tomó las instalaciones de la estación. A los contados segundos, un artefacto explosivo lanzado por la policía intensificó las llamas, según aseguran los testigos y los familiares de los jóvenes. Estos últimos fueron quienes asistieron el incendio y lograron sacar los cuerpos de los fallecidos.

Cuatro meses después de los hechos y tras la denuncia del concejal de Bogotá, Diego Cancino, así como la presión ejercida por las familias de las víctimas; la Fiscalía anunció que el dictamen médico confirmó presencia de gasolina en los cuerpos de las víctimas.

Asimismo, los videos que tomaron como material probatorio las propias familias, evidenciaron que la celda estaba hacinada y no se abrió a tiempo. “¿Quién puso esa gasolina si los detenidos eran despojados de todo? ¿Se trató de un homicidio por acción o por omisión? Acá estamos frente a una masacre”, denunció Diego Cancino.

Parte forense donde puede leerse que uno de los retenidos en el CAI de Soacha presentaba «trauma térmico por combustión de gasolina».

Tras las dilaciones presentadas en el caso, las familias exigen prontitud y que no se recurra a las ya acostumbradas acciones de la Policía y sus defensas. También se pide que el proceso sea público y que se conozca toda la verdad de los hechos.

CI JJ/PC/05/02/2021/7:00