CI.- El Decreto 0585 del 28 de mayo, emitido por el Ministerio de Vivienda, establece la posibilidad de que organizaciones comunitarias y Juntas de Acción Comunal puedan construir sus propias viviendas, lo que dejará de lado a los intermediarios privados. Aun así, manifiestan necesarios cambios estructurales en la política de vivienda.
El decreto del pasado 28 de mayo señala: “Por el cual se adiciona el Título 13 a la parte 1 del libro 2 del decreto 1077 de 2025 en relación con el subsidio familiar de vivienda del programa de Autogestión de Vivienda de Interés Social Nueva Urbana y Rural”.
Programa de autogestión de vivienda de interés social nueva urbana y rural
El proceso establece la asignación del subsidio familiar de vivienda para la construcción de vivienda de interés social nueva a través de las modalidades de autoconstrucción de vivienda nueva, a través de modalidades de autoconstrucción y construcción delegada, aplicable a suelo urbano y rural, otorgado por Fonvivienda a los hogares que pertenezcan a organizaciones y/o comunidades legalmente constituidas.
Según líderes viviendistas como Julián Díaz de la Asociación de Vivienda Hogar Digno Hogar, el decreto es significativo, porque: “Quita a los intermediarios que en este caso son las grandes constructoras y los bancos, que son eslabones donde se encarece la vivienda, ya que las constructoras tienen un interés en generar mayores ganancias y los bancos van a generar endeudamiento”.
También es crucial porque muchas de las personas que no tienen vivienda trabajan en la construcción y les permite organizarse para construir su propio barrio.
De igual forma, se solventa la mano de obra, que es otro de los componentes que encarece hoy en día la construcción de vivienda.
Esta figura no había sido eliminada con la apertura económica y la llegada del neoliberalismo y hoy se está recuperando. Es una exigencia atendida por el gobierno hecha por las comunidades desde años atrás.
Persiste la política de vivienda neoliberal
A pesar de esta iniciativa, el movimiento viviendista reclama cambios dentro de la política de vivienda de los últimos gobiernos de derecha, específicamente programas como Mi Casa Ya, orientado al subsidio a la oferta, donde el Estado es quien subsidia a las constructoras y los bancos.
A lo anterior se suma la calidad de la que suele ser de un tamaño reducido, sin condiciones dignas y con materiales que no son los mejores.
Según las organizaciones de vivienda: “Es una lógica neoliberal donde son solo los privados quienes pueden garantizar la vivienda de interés social”, lo que en realidad despojaría de todo su carácter “social”.
Explican que esto incrementa los costos y niega este derecho fundamental a las familias más necesitadas, obligadas a ser arrendatarios o a vivir en asentamientos ilegales.
En Colombia, el 28% de los hogares urbanos vive en arriendo. Esta cifra aumenta un 35% en la capital del país.
Además, en los estratos 1 y 2, el arriendo puede consumir hasta el 40-60% de los ingresos. En contraste, en los estratos 4, 5 y 6, el gasto en arriendo representa el 20-30% de sus ingresos.
Hay un déficit de 1.5 millones de familias que no tienen acceso a vivienda propia.
Julian Diaz (rojo) en negociaciones con el Alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz. (derecha)
Lucha y organización
La asociación a la que pertenece Julián Díaz fue constituida hace nueve años. Surgió de la confluencia de liderazgos de varios asentamientos y arrendatarios de la ciudad de Popayán, que se movilizaron por el derecho a la vivienda digna durante paros y jornadas de movilización.
Este proceso los llevó a conocer las políticas de vivienda y cuáles son los derechos que tienen los colombianos en este aspecto fundamental de la vida diaria.
Muchas veces no hay voluntad política de buscar soluciones para estas comunidades por parte de los gobiernos locales y departamentales.
Debido a esto, la movilización constante se convertiría en una herramienta de las organizaciones para lograr avanzar en acuerdos y en la obtención de sus derechos.
“De esta forma hemos logrado unas mesas técnicas con entidades locales y departamentales que permiten avanzar en los requerimientos para construir una vivienda digna. Eso es lo que hicimos, logramos conseguir la tierra que es relevante para iniciar y también tener contacto con el gobierno actual”, dijo Díaz.
Lo que hace falta
Hoy la mayoría de recursos (70%) de subsidios están destinados a familias con ingresos de más de dos salarios mínimos.
Los viviendistas reclaman cambiar la proporción para que sean priorizadas las familias con ingresos menores y bajo la línea de pobreza, que son mayoría.
Al mismo tiempo advierten que es necesario dar una lucha para que las entidades territoriales como alcaldías y gobernaciones proporcionen terrenos para la implementación de este decreto.
Dicen que comúnmente no hay disponibilidad de terrenos, puesto que los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial son direccionados por constructoras, quienes son las mismas que financian campañas electorales.
CI FC/03/06/2025/18:00
