3 jun CI. – Varias organizaciones de Derechos Humanos están preocupadas por el decreto de Conmoción Interior que propone el candidato presidencial Rodolfo Hernández si llega a la presidencia. Aseguran que pondría en riesgo la democracia y las libertades de los ciudadanos, así como la garantía de los derechos plasmados en la constitución de 1991. En el año 2002 se posesionó a Álvaro Uribe y cuatro días después decretó la misma medida para impulsar su política de seguridad democrática, violatoria de Derecho Internacional Humanitario –DIH- en Colombia.

El artículo 213 de la Constitución dice que la conmoción puede aplicarse “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias del presidente (…)”, una medida que no necesitaría autorización del Congreso.

Con el decreto 2002/2002 Uribe le dio funciones de policía judicial al Ejército y de allí derivó la práctica sistemática de detenciones tanto masivas como selectivas sin orden judicial. El documento Diario Oficial 44.930, de 11 de septiembre de 2002 autorizó al Ejército a realizar capturas por sospecha, interceptaciones telefónicas y de comunicaciones, así como allanamientos y registros domiciliarios.

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Defensores de DDHH recuerdan que -con el decreto- Uribe autorizó al Ejército Nacional a realizar capturas por sospecha, interceptaciones telefónicas y de comunicaciones y allanamientos y registros domiciliarios. Igualmente, A la Policía, al DAS y al CTI, que ya tenían funciones de policía judicial, también las autorizó para actuar sin orden judicial. Además, autorizó al ejército a llevar un registro de la información de los capturados sin orden judicial, incentivando la creación de archivos secretos de inteligencia.

La propuesta de Hernández, que él mismo reiteró en entrevista con un medio nacional, ya ha recibido el rechazo de sectores sociales de jóvenes que aseguran que el candidato se está alineando con la forma de gobernar del expresidente Álvaro Uribe.

El Corrupto que rompió la Liga

Tras pasar a la segunda vuelta Rodolfo Hernández formuló que declararía la conmoción interior, al considerar que la corrupción es una epidemia, justificando que estaría facultado para emitir tales decretos con fuerza de ley.

Sin embargo, el exalcalde de Bucaramanga evade la investigación que sigue la Fiscalía General de la Nación, acusado formalmente en mayo de 2021 por actos de corrupción, vinculados a la empresa Vitalogic. Curiosamente, se señala que su esposa Socorro Oliveros de adquirir dos apartamentos en Estados Unidos por casi un millón de dólares, entre 2016 y 2017, en pleno proceso licitatorio del escándalo por el modelo de basuras de Bucaramanga, cuando aun fungía como alcalde.

Se trata de un delito contra la administración pública, más específicamente por “celebración indebida de contratos”, donde Luís Carlos Hernández, hijo del exalcalde buscó ganarse una coima de más de 1,5 millones de pesos, mediante un contrato de más de 336 millones de pesos destinados al procesamiento de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco.

En el caso donde otros cinco exfuncionarios y un contratista también fueron acusados, Rodolfo Hernández habría intervenido para direccionar el contrato de consultoría 096 de 2016, suscrito entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga -EMAB- y el ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala. Así fue ratificado en audiencia virtual ante el juez 10° Penal del Circuito de Bucaramanga.

En Colombia no es raro que la lucha anticorrupción sea el discurso bandera de quienes luego son, condenados por corrupción. Es el caso del ex fiscal colombiano anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera quien fuera condenado, en enero de 2019, a cuatro años de cárcel en Miami tras haberse declarado culpable de haber recibido miles de dólares en sobornos

CI AI/AR/03/06/2022 13:50

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