2 sep, CI.- Actualmente el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, atraviesa una crisis humanitaria. Las comunidades han realizado reiterativas denuncias frente a la presencia de grupos armados en este territorio; asimismo, varias familias han sido desplazadas, un líder social sigue desaparecido, una lideresa fue asesinada y recientemente se hallaron dos jóvenes degollados.
El 30 de agosto se encontraron degollados y con signos de tortura los cuerpos de Wilmer Andrés Ramírez Martínez y Edil Alfonso Ramírez Martínez, hermanos gemelos de 17 años de edad que estaban desaparecidos desde el 27 de agosto. Sus cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal en Montería para investigar lo sucedido.
También el 30 de agosto fue asesinada Sandra Banda Meneses, lideresa social de 48 de edad y presidenta de la Junta de Acción Comunal –JAC– del barrio El Paraíso, en La Caucana de Tarazá.
Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-, la lideresa fue citada por grupos armados que luego la asesinaron en el sector conocido como El 90. Este asesinato fue rechazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– instando al Estado a velar por la seguridad de quienes defienden los Derechos Humanos en el país.
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Asimismo, varias familias fueron desplazadas de la vereda La Esperanza, que por temor al recrudecimiento de la violencia y a la presencia de grupos paramilitares como el Clan del Golfo y Los Caparros, salieron de su territorio y permanecen en un albergue en una de las instituciones educativas del municipio.
El coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas, Menderson Mosquera, mencionó que, “la situación de orden público es compleja y pone en riesgo la seguridad de quienes habitan la zona que se ha convertido en una disputa de los grupos armados por las rentas ilícitas”.
Ante esta grave situación, un medio nacional enunció que “Las autoridades de Tarazá anunciaron un consejo de seguridad extraordinario para determinar nuevas medidas. En el municipio, desde el pasado lunes, siguen desaparecidos otros dos jóvenes, uno de ellos es el hijo de un líder social”.
Este municipio antioqueño ha vivido en el marco del conflicto social y armado desde hace décadas, especialmente luego de que se presentó una disputa por el territorio entre grupos paramilitares con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc– y el Ejército de Liberación Nacional –ELN–. A partir de 1997 los primeros se tomaron el control del territorio, regulando de manera violenta las relaciones sociales tras la consolidación del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–.
A raíz de esto y de nuevos ciclos de violencia con la reagrupación del paramilitarismo entre los años 2008 y 2010, como lo menciona Alec Sierra en su texto El Proceso Paramilitar en Tarazá y el Bajo Cauca Antioqueño, 1997-2010, persistieron fenómenos como el desplazamiento forzado que hoy se continúan presentando y que se han agudizado a partir de la reconfiguración paramilitar en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
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CI CG/ND/02/09/2020/12:30
