11 jul CI.- El primer debate de la reforma pensional fue aprobado la noche de este miércoles, bajo protestas en las calles del vecino país protagonizadas por trabajadores del sector público y privado, junto a partidos políticos de oposición como el Partido de los Trabajadores -PT-, que votaron en contra. En Colombia, el desarrollo de esta reforma es importante pues las políticas del Presidente Jair Bolsonaro son similares a las del gobierno uribista, que ya anunció una próxima reforma pensional.

Por Brasil de Fato* Del otro lado de la disputa, estuvieron el Partido Social Liberal -PSL-, al que pertenece el Presidente Jair Bolsonaro, el Partido Progresista -PP-, Movimiento Democrático Brasileño -MDB-, Partido Laborista Brasileño -PTB-, Partido Liberal -PL-, Partido Socialdemócrata -PSD-, Partido de la Socialdemocracia Brasileña -Psdb-, Demócratas -DEM-, Solidaridad, Podemos, Pros, -PSC-, Cidadania, Novo, Avante, Patriota, Partido Humanista de la Solidaridad -PHS- y que pidieron a sus miembros un voto favorable a la medida. El Partido Verde -PV-, que tiene cuatro miembros, liberó la bancada para votar libremente, habiendo registrado dos votos de cada lado.

La votación terminó con 379 votos a favor y 131 en contra, participaron 510 de los 513 parlamentarios de la Casa. Solamente el PT, PSOL, PCdoB, Rede y el Partido de la Movilización Nacional (PMN), este último con apenas un miembro, tuvieron 100% de votos en contra.

«Es una decisión lamentable de una mayoría que votó mirando apenas los números, sin considerar a las personas. Se necesita encontrar el equilibrio ideal entre estos dos lados, para que la dosis del remedio no se vuelva veneno, tanto para el pueblo como para nuestra economía. Desgraciadamente, no fue eso lo que vimos aquí hoy”, dijo el líder de la oposición en la Cámara de Diputados, Alessandro Molon (PSB – Rio de Janeiro), al resaltar que los parlamentarios del campo defienden cambios en el sistema de pensiones, pero rechazan las reglas propuestas por el gobierno.

“Esta factura será cobrada a la Cámara cuando el pueblo brasileño sienta en la piel los efectos de las crueldades aprobadas esta noche. Tengo certeza de que la Casa será obligada a rever esta decisión más adelante”, sentenció Molon.

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La Propuesta de Enmienda Constitucional -PEC-, nombre técnico de la reforma, entra ahora en la fase de votación y, después, precisa de un segundo turno de votación, que puede ocurrir aún esta semana. En líneas generales, el texto aprobado exige una edad mínima para requerir jubilación, fijando la norma en 65 años para hombres y 62 para mujeres; impone cambios en el cálculo de los beneficios y reglas de transición para quien está trabajando actualmente. También determina, por ejemplo, que el piso del beneficio será de 60% de la media de las contribuciones hechas por el trabajador, mientras exige 40 años de contribución para tener derecho al 100% de esa marca.

“Es la reforma más perversa y más cruel que un Presidente envió a esta Casa. Ni en los tiempos de Cardoso y de Temer [fue así]. Todos querían reforma. Lula la hizo, Dilma la hizo, pero nadie tuvo la osadía que Bolsonaro está teniendo de quebrar el orden constitucional y hacer la más drástica y amplia restricción de derechos”, criticó el diputado José Guimarães (PT – Ceará), uno de los articuladores políticos de la bancada petista.

“Dudo que cada uno de estos diputados que votan por la reforma tenga el coraje de volver a sus ciudades para apretar la mano del conductor, del obrero de la construcción, del cobrador de autobús, de aquellos que hacen la vida de las ciudades y de Brasil crecer y decirle ‘mire, pedí su voto el año pasado para ser diputado en Brasilia y ahora estoy regresando para decirle que aprobé una reforma de las Pensiones que destruye su jubilación’”, sostuvo Lídice da Mata (PSB – Bahía) durante los debates de este miércoles, que se dieron en clima electrizante.

En medio de protestas

La votación ocurrió mientras los pueblos formaban contra la PEC en los alrededores de la Cámara de Diputados. La acción reunió a manifestantes de diferentes segmentos sociales, entre servidores públicos, movimientos populares y otros actores. La militante Mazé Morais, coordinadora general de la Marcha das Margaridas, criticó que se impidió el acceso a los edificios de la Cámara, que llegó a cerrar las puertas de la entrada donde los manifestantes se aglutinaron.

“Nosotros repudiamos [eso], porque siempre dicen que aquí es la ‘casa del pueblo’. ¿Cómo es que nosotros, trabajadores, no tenemos derecho de entrar en este momento tan importante para nuestras vidas? Vamos a continuar aquí, en la resistencia, en la lucha por la defensa de nuestros derechos”, dijo la militante a Brasil de Fato.

El acceso a las galerías del pleno tampoco fue permitido a la población, así como ocurrió durante la votación de otras medidas impopulares en los últimos años. “No recibimos, por lo menos en mi bancada, señas de acceso a las galerías o a cualquier otro recinto con posibilidad de asistir a la sesión, que es pública”, se quejó, la diputada Alice Portugal (PCdoB – Bahia), reclamando además que la Policía usó gas pimienta para dispersar a los manifestantes que intentaron romper el bloqueo.

Inestabilidad política

La tramitación de la reforma tuvo como rasgo fundamental, la inestabilidad política. A pesar de las fuertes embestidas de Rodrigo Maia, considerado el embajador de la propuesta en el Poder Legislativo en los últimos meses, el avance de la PEC tambaleó ante la suma de intemperies que cercan la gestión Bolsonaro. Los problemas de articulación política del Gobierno, que aún no formó una base oficial de partidos que lo apoyen en la Cámara, y la impopularidad de la reforma tuvieron un papel destacado entre los elementos de la disputa, que se mantuvo en nivel de inseguridad hasta este miércoles.

Este martes, mientras el Palacio de Planalto y sus aliados afirmaban tener una media de 320 a 340 votos, cálculos hechos por la oposición después de consulta a los parlamentarios de la Casa, señalaban que el Gobierno no tendría más de 260, según lo anunciado por la líder de la minoría, Jandira Feghali (PCdoB – Rio de Janeiro). Como los nombres de los simpatizantes de cada lado no fueron divulgados públicamente, el marcador de la disputa estuvo inmerso en dudas hasta el momento de la votación.

Por consecuencia de este escenario, los últimos días fueron marcados por intensas articulaciones de ambos lados, con diversas reuniones paralelas en los bastidores de Brasilia para intentar lograr apoyos.

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Apoyo del centro

El apoyo a la reforma fue marcado por disidencias dentro de diferentes siglas, con destaque especial para el llamado “centrão” [centró], grupo situado en el espectro de la derecha liberal, en el que hubo divergencias en partidos como PL y PSD, que registraron, respectivamente, 95% y 94% de adhesión a la PEC, según levantamiento de la consultoría XP Política.

En el campo progresista también hubo fisuras. PDT y PSB llegaron a tener, respectivamente, 30% y 34% de apoyo a la reforma, a pesar de que la dirección nacional de los dos partidos había cerrado posiciones contra ella. Con eso, los diputados que se posicionaron a favor pueden sufrir procesos en el ámbito institucional y exclusión del cuadro partidario.

Compra de votos

Tuvo realce, además, en las previas de la votación de la reforma, la concesión de enmiendas [recursos presupuestarios extraordinarios] para garantizar el apoyo de parlamentarios a la propuesta. En total, fueron liberados, en los cinco primeros días de este mes 2.500 millones más de reales (665 millones de dólares) en enmiendas, de acuerdo con el informe presentado por la ONG Contas Abertas. Según la organización, el valor supera el total empeñado por el Gobierno en el primer semestre del año, que fue de 1.700 millones de reales (422 millones de dólares).

“Es la vieja política de mostrador, vergonzosa. Los profesores, los trabajadores de minas, los barrenderos, los propios policías, tengo la certeza que van a recordar que hicieron que su jubilación fuera perjudicada a cambio de eso”, criticó el diputado Glauber Braga (Psol – Rio de Janeiro).

Psol y PT señalaron que hubo liberación irregular y que la práctica caracterizaría un crimen de responsabilidad. Los dos partidos ingresaron con un reclamo en la Procuraduría General de la República -PGR- y también lo hicieron ante el Supremo Tribunal Federal -STF-.

CI Brasil de Fato/11/07/2019/19:00