¿Cuántas personas están privadas de su libertad en cárceles de Colombia? ¿Cuántos son los presos políticos? ¿Cuáles son los índices de hacinamiento en los lugares de reclusión?  Datos y análisis de la grave situación que padecen quienes, por un motivo u otro, cayeron en manos del cruel sistema carcelario colombiano. Las «megacárceles» que planea el ministro Pinzón y la propuesta de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos -FCSPP- organización que lleva 40 años de existencia y que hace parte del Congreso de los Pueblos.

Datos duros

En la actualidad hay 117.311 personas privadas de su libertad en las cárceles del Instituto Nacional Penitenciario -Inpec-, de las cuales el 7,1% son mujeres y el 92,9% son hombres.

El hacinamiento, que es bien conocido y divulgado por las organizaciones sociales de Colombia y algunas colectividades a nivel internacional, pero escondido e invisibilizado por los medios masivos, es en general del 53,3%.

Dato importante es el nivel de escolaridad de la gran mayoría de internos, que no sobrepasa las 4.000 personas con bachillerato concluido, teniendo en cuenta que casi la mitad de los actuales reclusos son menores de 30 años.

Cada mes están ingresando a las cárceles colombianas un estimado de 2.862 personas, de las cuales no hay más de 564 por delitos en el marco del conflicto armado. De las más de 117.000 personas que conforman la cifra global, alrededor de 67.000 están en los centros de reclusión por delitos menores. Desde la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos aclaran que es difícil precisar una cifra, pero que se estima en cerca de 7000 las personas encarceladas por distintos motivos políticos en Colombia. 

De los 138 centros de reclusión, 129 presentan diferentes niveles de hacinamiento, de los cuales algunos llegan a alcanzar un nivel exagerado: hasta un 380%. De este modo, las estrategias sin éxito del Inpec se traducen en medidas incongruentes para mitigar la crisis, que no es nueva para quienes habitan estos lugares en condiciones poco dignas. Para el movimiento carcelario es claro que no existen ni las garantías para ejercer defensa de los presos y mucho menos voluntad política por parte del Estado para darle soluciones estructurales a estas problemáticas.

Modus operandi del Inpec

Hay índices concretos para analizar el modus operandi del Inpec y del Ministerio de Defensa. Por un lado, 30.715 personas se encuentran en detención domiciliaria, como parte de las apuestas para aminorar el hacinamiento. Pero el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha sido enfático en la creación de nuevas “mega cárceles”, afirmación que da cuenta de la intención de no discutir la política criminal en el país. En un país en donde, con razón o sin razón, se está hablando constantemente de posconflicto, esto cobra relevancia, pues una legislación para la paz debe contemplar el debate de la vida en las cárceles y procurar su solución.

Es preocupante para el movimiento carcelario, pero sobre todo para las familias y amigos de los presos, el nivel de hacinamiento que cada día aumenta. Para el año 2011 fueron privadas de la libertad 55.112 personas, estadística que preocupa, pues, más allá de lo que significa la incomodidad y la mala alimentación con la llegada de más presos, es una muestra de que su solución no va a ser a corto plazo. La Ley 1453 es desesperanzadora en esa materia, pues no contempla un sistema colapsado traspasando la discusión de los espacios físicos y la infraestructura. En Colombia, durante los últimos cinco años el hacinamiento aumentó del 27.8% al 53,7%, y no bastó con las órdenes de deshacinamiento como pasó en los pabellones de mediana seguridad en La Dorada (Caldas) o el impedimento para que ingresen más reclusos en cárceles como La Modelo en Bogotá o Vistahermosa en Cali.

Existen evidencias concretas para resaltar la carencia de garantías para cumplir con los derechos fundamentales de los presos. Falta de programas de estudio y trabajo en perspectiva de resocialización de los internos; poca efectividad en materia de salud, pues hay múltiples casos en donde internos han fallecido por falta de atención médica; internos y organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que se puede estar esperando medicamentos vitales por un rango superior a los seis meses, tanto así que se tuvo que modificar el contrato con la Caja de Previsión Social de Comunicaciones -Caprecom- y ampliar atención con las Entidades Promotoras de Salud -EPS- bajo el decreto 1141 del 1 de marzo de 2009, que tampoco ha solucionado esta emergencia; la apatía también se refleja en la falta de oficinas jurídicas para mayor celeridad de los procesos.

Dentro de las críticas al sistema penitenciario colombiano también está la clasificación de los pabellones. Sin tener en cuenta mayores criterios, asignan patios a presos donde son víctimas de hurtos y lesiones personales que ponen sus vidas en riesgo. Otras afectadas por este modelo son las visitas a los internos, pues se presentan abusos en las requisas, entre otros malos tratos, que desconocen la determinación de la Corte Constitucional, de garantizar la dignidad de quien visite a los reclusos.

Solo hasta mayo de 2013, el gobierno reconoció la emergencia carcelaria, pronunciamiento que le da carácter a la crisis humanitaria; sin embargo, la solución que se propone es la inversión para la construcción de nuevas cárceles con alrededor de 115 millones de dólares, alternativa que no tiene en cuenta la solución de tipo social en el marco de los delitos.

Presos políticos, «el enemigo que hay que combatir»

Los presos políticos tienen la situación aún más complicada, pues han sido implementadas diversas políticas que no solo devienen en cambios operativos.

Los presos políticos son víctimas de la militarización. Desde la firma del Plan Colombia con Estados Unidos en 2001, hay entrenamiento militar y formación de cuerpos de élite para el personal de guardia. El “Plan de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano” anexado a esta firma pone a los reclusos en la lógica del enemigo que hay que combatir. Algunos administradores de los centros penitenciarios son militares retirados, quienes han considerado que las reuniones de estudio de presos políticos y jornadas de ejercicio colectivo, como el ingreso de la prensa alternativa, están en el marco de actividades subversivas. Se pretende profundizar estas medidas con la reforma del código penitenciario y carcelario, que ya existe en la ley 65, donde se proyecta la administración del INPEC por representantes de la fuerza pública. Se ha denunciado el ingreso de la policía a los establecimientos durante los últimos meses.

Bajo la excusa del mejoramiento de la convivencia carcelaria, se han desmontado los pabellones que eran exclusivos para presos políticos, condición que les garantizaba un mejor tratamiento judicial y un mínimo de garantía del respeto de sus derechos. Estos pabellones ahora son ocupados por los cobijados de la Ley de Justicia y Paz, paramilitares que habitan en patios donde reina la corrupción, el microtráfico, el alcohol y la extorsión. Por su parte, sin tener en cuenta la dimensión del conflicto armado, presos políticos son intencionalmente distribuidos en regiones apartados de sus lugares de origen y en patios donde existen “cacicazgo”, es decir, donde son los paramilitares quienes ejercen el control. Esto complica mucho más las visitas de familiares, la visibilización de las problemáticas y la asistencia por parte de organizaciones de derechos humanos.

Su situación es más compleja cuando hacen parte de grupos de estudio o trabajo carcelario o cuando han participado en jornadas de protesta pacífica, pues son limitadas aún más las visitas y entran a hacer parte de acciones de represión disciplinarias.

Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, desde 1973 en solidaridad y defensa de los Derechos Humanos

Esta organización ha velado durante 40 años por la defensa de los derechos de los presos por motivos políticos. Durante el Foro Regional de Víctimas realizado en Villavicencio, Meta, llevaron propuestas para que los presos políticos sean reconocidos como víctimas teniendo en cuenta los argumentos anteriores.

Son catorce las propuestas, cada una de ellas con su respectivo despliegue de exigibilidad: Garantía para escenarios de participación; revisión y transformación de la actual política criminal cimentada en la privación de la libertad y su prolongación como regla general; revisión y depuración del Código Penal colombiano y medidas de prevención del delito; no a la privatización y tercerización de servicios; desmilitarización de las cárceles y penitenciarías; incorporación de un paradigma de justicia restaurativa; detención domiciliaria como alternativa a la privación intramural de la libertad; adecuada clasificación de la población reclusa; prevención, investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos, tratos crueles inhumanos y degradantes contra la población reclusa y sus familias; revisión de reglamentos internos; sistema de salud; actividades para redención de penas; finalmente, un rotundo no  a la extradición.

Esta organización, en las últimas semanas, organizó un intercambio para conversar con colectivos animalistas y abolicionistas bogotanos como Rod Coronado, que a su vez integra la organización juvenil Tejuntas que hace parte del Congreso de los Pueblos; participó también un militante de Prision Books, organización estadounidense de carácter anarquista, quien contó su experiencia en el movimiento carcelario norteamericano y su asistencia a los presos políticos animalistas y libertarios. Con este evento llamado “perspectivas del movimiento carcelario en Estados Unidos y Colombia”, se continúa con un debate inacabado que aporta a la radiografía sobre el movimiento carcelario y la situación real de los presos políticos en Colombia.

Fotos: Evento «Perspectivas del movimiento carcelario en Estados Unidos y Colombia” 

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