26 sep CI.- El informe presentado en febrero por Human Rights Watch denunció la promoción de nueve generales implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército Nacional en gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).  Entre los casos mencionados está el del comandante Nicacio de Jesús Martínez, ascendido en los primeros meses del gobierno de Iván Duque. A lo largo del 2019, altos mandos del Ejército han estado involucrados con grupos paramilitares, órdenes directas de duplicar el número de bajas, y desviación de recursos públicos.

La nueva cúpula del Ejército Nacional ha tenido un transcurrir lleno de irregularidades por parte de los comandantes que fueron nombrados el pasado 21 de diciembre del 2018 por el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, y por diferentes generales activos a lo largo del país. El escándalo se desató con el nombramiento de nueve comandantes quienes están siendo investigados por la Procuraduría y Fiscalía por casos de ejecuciones extrajudiciales durante la presidencia de Álvaro Uribe.

El nombramiento del comandante Nicacio de Jesús Martínez fue el más cuestionado por diferentes sectores. Martínez, quien fue denunciado por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo entre 2004 y 2006, fue ascendido a uno de los más altos rangos en la línea de mando del Ejército Nacional. La decisión tomada por el gobierno de Iván Duque tiene como único propósito establecer  directrices para obtener mayor cantidad de bajas en combates. 

Los escándalos en la institución aumentaron al hacerse públicos en una publicación del periódico The New York Times, el artículo dejó en evidencia documentos que ordenaban a los generales duplicar los resultados, entre estos, las bajas en combate. La directriz era proveniente directamente del comandante Nicacio Martínez y del Ministro de Defensa, Guillermo Botero. Las órdenes provenientes de estos altos mandos llevarían a dos posibles escenarios:el regreso de las ejecuciones extrajudiciales con el objetivo de cumplir un número de resultados y un segundo escenarios en donde el Ejército Nacional y grupos paramilitares trabajan en conjunto en la planeación de operaciones para el mismo fin. Según la información publicada por el diario estadounidense, los comandantes y generales que cumplieran los objetivos recibirían una suma de doscientos millones de pesos o seis meses de vacaciones.

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Según los testimonios, el comandante Martínez afirmó que la meta era “doblar los resultados operacionales en todos los niveles de mando”. Por esto, el 26 de enero de 2019 se realizó una reunión en Cúcuta, cuyo objetivo era plantear estrategias para que el Ejército lograra esas metas, incluso si esto significara crear alianzas con el grupo paramilitar los Pelusos. Lo anterior se evidenció en la reunión, allí uno de los comandantes nombrados en diciembre del 2018, 

“(…) el ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso”. Diego Villegas

Es necesario saber que Villegas, quien está siendo investigado por la Fiscalía debido a sus declaraciones en la reunión de Cúcuta, fue el mismo que ofreció disculpas por el asesinato de Dimar Torres, un excombatiente de las FARC a quien pretendieron hacer pasar como miembro activo del ELN. Adicionalmente, Villegas habría firmado los formatos para el aumento de número de bajas promovido por Nicasio Martínez.

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Cuando la prensa logró filtrar los documentos y las pruebas de los formatos promovidos por la comandancia del Ejército, inició una persecución dentro de la institución. A través de grupos de contrainteligencia del Ejército Nacional operados por Eduardo Quirós y bajo las órdenes de Martínez, se amenazó y presionó a los asistentes de la reunión en Cúcuta y a los presentes en la introducción de los formatos de Nicacio Martínez, con el fin de encontrar al responsable de las filtraciones. Por esta razón, se citó en la sede de la segunda división de Bucaramanga, el 22 de mayo de 2019, a catorce oficiales de diferentes partes del país con la excusa de una reunión operativa. 

La directriz que exigía duplicar los resultados de combate y que el Ministerio de Defensa intentó defender, fue retirada dos días después por el comandante Nicacio Martínez. Sin embargo, Quirós, el promotor de la persecución, amenazas e intimidaciones a demás oficiales, sigue activo en el Ejército en un cargo de mando en la unidad encargada de operaciones militares y asesoría al comando. El testimonio del informante activo del Ejército, aseguró que la persecución al interior de la institución no es algo nuevo y pone en riesgo sus propias vidas y las de sus familiares. Incluso hay oficiales que denuncian amenazas de vida y persecuciones a causa de sus declaraciones en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y en escenarios de justicia.

¿Qué se pretende silenciar?

Declaraciones de alianzas entre el Ejército y grupos paramilitares en el Catatumbo, amenazas de vida y persecución a otros militares, son solo una parte de los hechos que se quieren mantener en el silencio. Entre la multiplicidad de prácticas de corrupción en el ejército, se encuentran: manejo indebido de recursos y legalización de gastos personales, la venta de permisos para portar armas, y negocios entre generales del Ejército y grupos de narcotraficantes y paramilitares pertenecientes a la oficina de Envigado.

El primer caso implica a Adelmo Fajardo, el segundo comandante del ejército, quien estando al frente del comando de Educación y Doctrina del Ejército -Cedoc-, exigió la destinación de alrededor de 50 millones de pesos de recursos públicos para gastos personales y viajes familiares al exterior. Según la denuncia de un oficial, dichos gastos eran camuflados en actividades como en actividades del ‘Día de la Familia’.

El segundo caso tiene que ver con el ex Brigadier Jorge Romero, quien está siendo investigado por la Fiscalía por el mal manejo de mil millones de pesos destinados para beneficio propio, y por emitir permisos de porte de armas de forma ilegal a cambio de grandes sumas de dinero: once millones de pesos por cada salvoconducto. Sin ser esto suficiente, los permisos de porte eran otorgados, en gran parte, a miembros de la banda de paramilitares y narcotraficantes denominada la oficina de Envigado. Cuando hacía parte de la IV Brigada, Romero celebró negocios con grupos armados, permitiendo que personas con antecedentes de asesinato y narcotráfico pudieran portar armas de fuego con permiso del mismo Ejército Nacional.

Una lista publicada por Human Rights Watch da cuenta de los nueve nombramientos realizados por el gobierno de Iván Duque y su relación con las ejecuciones extrajudiciales entre 2003 y 2008.

Nicacio de Jesús Martínez: Comandante del ejército en el 2018 y ascendido a general de cuatro soles en junio de 2019, por el senado de la república. Entre octubre de 2004 y enero de 2006 fue segundo comandante de la X Brigada Blindada con presencia en la Guajira y el Cesar, periodo en el cual se cometieron 23 ejecuciones ilegales, según investigaciones de la fiscalía. Existen documentos firmados por Martínez certificando el pago de un millón de pesos a un informante que permitió las bajas extrajudiciales.

Jorge Enrique Navarrete: Nombrado jefe de la jefatura del Estado Mayor de generador de fuerza en 2018. Entre julio de 2007 y agosto de 2008 comandó de la VIII Brigada del Ejército. La Fiscalía tiene investigaciones contra esta Brigada por al menos 19 muertes ilegales cometidas en 2008 bajo su dirigencia. El mismo comandante pagó dos millones de pesos que llevaron la muerte de dos “combatientes”, los cuales resultaron ser civiles desarmados. Como si fuera poco, en el año 2015 fue investigado por colaboración con paramilitares, producto de una declaración del ex paramilitar Adolfo Enrique Guevara.

Raúl Antonio Rodríguez: Actual jefe de la jefatura de Estado Mayor de planeación y políticas en 2018. Estuvo al mando del batallón la Popa de la X Brigada blindada entre 2005 y 2006. La fiscalía inició investigaciones en relación con 21 asesinatos ilegales, realizados en 2005 y 2006 por este batallón

Adolfo León Hernández: En la actualidad opera como comandante del comando de transformación del ejército del futuro. Fue comandante del batallón la Popa de la X Brigada blindada cuando se cometieron 7 ejecuciones ilegales, en el año 2008. Por estos hechos la fiscalía inició investigaciones. A pesar de que hay militares rasos condenados por algunas de estas ejecuciones, el comandante sigue activo en el Ejército.

Diego Luis Villegas M: Nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, una unidad especial de opera en el Catatumbo. Fue investigado por el asesinato de Omar Alcides, un agricultor con discapacidad mental quien fue pasado como baja en combate. El asesinato se cometió por parte de soldados del Batallón Pedro Nel Ospina cuyo comandante era Diego Villegas. Denunciado por promover alianzas con los Pelusos en el Catatumbo en enero del 2019, con el fin de aumentar las bajas del ELN.

Edgar Alberto Rodríguez: Opera como comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles con presencia en el Bajo Cauca. La fiscalía inició investigaciones por al menos 22 asesinatos cometidos por el batallón Magdalena de la IX Brigada del Ejército entre julio de 2006 y diciembre de 2007, bajo su comandancia.

Raúl Hernando Flórez: Nombrado en el 2018 comandante del centro nacional de Entrenamiento. En el 2008 fue comandante del Batallón de Infantería Domingo Caicedo de la VI Brigada, año en el que se cometieron cinco falsos positivos, entre ellos sindicalistas, por ese batallón. A pesar de esta información, según Human Rights Watch, en el 2017 ya no existían dichas investigaciones por estos casos en la fiscalía.

Miguel Eduardo Bastidas: Nombrado comandante de la X Brigada Blindada en 2018. Es investigado por la fiscalía, por el papel que tuvo como comandante del Batallón de Artillería Jorge Eduardo Sánchez de la IV Brigada en abusos cometidos entre 2004 y 2005, entre los cuales se presentan 32 homicidios, 14 desapariciones y 10 casos de tortura.

Marcos Evangelista Pinto: Opera como comandante de la XIII Brigada. Fue comandante del Batallón Anastasio Girardot de la IV Brigada entre 2006 y 2007. A partir de 23 falsos positivos cometidos por este batallón en los años de comandancia de Evangelista, la fiscalía inició investigaciones. A pesar de que en 2011 fueron condenados cuatro soldados por dos de los 23 falsos positivos, el comandante sigue activo en el Ejército.

CI /DC/SL/MR/25/09/2019/07:30