2 ago, CI.- El dramático caso de la desaparición y el posterior hallazgo de cuatro personas asesinadas, que tenían como misión llegar al predio del que habían sido despojados 20 años atrás en el municipio de Mesetas (Meta), habla del riesgo de quienes se encuentran en el proceso de reclamación de tierras.

En junio de 2011, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, se inició el proceso de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Dicho proceso está cobijado bajo la Ley 1448 (o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras). Su objetivo es adelantar una lucha legal para que las tierras sean devueltas a los campesinos, campesinas y comunidades étnicas que fueron despojados de sus viviendas en el marco del conflicto armado. Sin embargo, a pesar del fortalecimiento de la misma con la firma de los Acuerdos de Paz entre Gobierno y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, reclamar las tierras es una de las luchas más arriesgadas y amenazadas en Colombia.

Las hermanas Cortés Uribe, víctimas del conflicto armado, fueron desaparecidas y luego encontradas asesinadas cuando se dirigían desde la cabecera municipal de Mesetas (Meta) hasta la vereda San Isidro para realizar labores catastrales en predio La Ilusión. Su caso retrata el violento panorama que se vive en las familias y comunidades que se acogieron al proceso de la Unidad de Restitución de Tierras -URT-. Según el Observatorio de Tierras, entre 2018 y 2020 fueron asesinados y asesinadas 48 reclamantes de tierras.

Pie de foto: De izq. a der. arriba: Sandra Milena y Yadmil Cortés Uribe, reclamantes de tierras. De izq. a der. abajo: Jhon Steven Cogua, conductor de la camioneta de la empresa Servitransportes Andina, y Karen Sulay Garay, contratista de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Sandra Milena y Yadmil Cortés Uribe eran las reclamantes del predio La Ilusión, del que fueron desplazadas por las antiguas FARC en 1999. El 27 de mayo del 2021 se reportó la desaparición de la comisión que las acompañaba a las labores catastrales (compuesta además por Karen Garay, funcionaria de la URT, y Jhon Steven Cogua, conductor que movilizaba la camioneta). El 9 de julio el director general de la institución de restitución, Andrés Castro, confirmó que los cuatro cuerpos hallados en una fosa común en Vereda Boscosa correspondían a los reportados como desaparecidos en este sector.

Amenazas contra Sandra Milena Cortés Uribe

Cuando en 1999 la zona que era controlada por el entonces Frente 40, las antiguas FARC amenazaron a la familia Cortés Uribe. Sandra Milena y Yadmil eran adolescentes para cuando estos actores asesinaron en 1996 a su padre Luis Eduardo Cortés porque, según la familia, se negó a pagar una “vacuna”. En 1999 tuvieron que abandonar las 240 hectáreas y venderlas forzosamente a un integrante de las FARC por un precio mínimo.

Veinte años después, la URT buscó a los reclamantes para convocarlos a una jornada de reconocimiento y notificación del proceso de restitución. Las tierras en cuestión fueron entregadas por las FARC en 2017. Sin embargo, la familia Cortés Uribe se negó a ir pues consideró que no tenía garantías de seguridad, pues la propuesta de la institución fue que la visita se hiciera únicamente con el topógrafo y la persona conductora.

Luz Mery Cortés aseguró entonces a la prensa que Sandra Milena se encontraba amenazada, pues era quien había liderado el proceso de restitución del predio. Una resolución de la Unidad de Protección del 21 de mayo de 2019 consideró su caso como prioritario y excepcional luego de varias amenazas. A Sandra Milena, como medida de prevención, la UNP le dio únicamente un chaleco antibalas y un celular.

“Las medidas de protección adoptadas por la UNP en el marco del programa especial para reclamantes de tierras son esencialmente reactivas e insuficientes para la protección de la comunidad o la persona, revelando además debilidades estructurales de las entidades públicas para la construcción e implementación de planes de intervención que garanticen protección y seguridad”, sostiene el informe Radiografía de la Restitución de Tierras en Colombia, presentado por más de 10 organizaciones en 2019 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH.

La negligencia institucional del caso de la comisión donde se encontraban las hermanas se mantuvo incluso durante la diligencia. A pesar del grave caso que habían denunciado ante la URT, esta entidad no había reportado el desplazamiento de dichas personas el día del fatídico hecho, según a personera de Mesetas, Deisy Melo. Incluso, luego del reporte de la desaparición pasó casi más de una semana en la que las autoridades no se comunicaron con la familia Cortés Uribe para apoyar la supuesta investigación que realizaban la Fiscalía y los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal -Gaula.

Los principales actores armados en Mesetas, Meta

En 2020, la Defensoría del Pueblo publicó una Alerta Temprana de más de 70 páginas en las que evidencia y explica el alto riesgo en que se encuentra poblaciones como excombatientes reincorporados, campesinos y campesinas reclamantes, líderes y lideresas, defensores de Derechos Humanos y comunidades indígenas.

“Uribe y Mesetas enfrenta un nuevo ciclo de disputa por el territorio y su población, esta vez a cargo de las Facciones Disidentes de las FARC frentes 1, 7 y 40 (Tercero) que pretenden restablecer a través de imposiciones violentas, el orden social que las extintas FARC EP sostuvieron hasta el 2016. También el asedio de Grupos Armados Organizados Sucesores del Paramilitarismo conocidos como AGC y Bloque Meta, que provenientes desde la subregión del Ariari realizan incursiones esporádicas a las veredas aledañas a los límites municipales con Lejanías, San Juan de Arama, Vistahermosa y las cabeceras municipales”, señala la Alerta Temprana.

También hizo hincapié en cómo la militarización del territorio revela la falta de soluciones estructurales a la problemática, sumado al abandono estatal que ahí en este municipio de Colombia.

En el caso del asesinato de la comisión asesinada, aún no se han encontrado los responsables de este hecho alarmante que debilita las luchas sociales y políticas por lograr la justicia en los casos de desplazamiento forzado y despojo de las tierras en hechos de violencia armada.

Según la Fundación Forjando Futuros, durante las investigaciones realizadas a lo largo de más de ocho años encontraron que los principales despojadores en el contexto del conflicto armado, desde hace más de 20 años, son los paramilitares con un 55%. Luego estarían siguiendo las guerrillas con un 16%, el Estado con un 10%, grupos armados no identificados con el 6%, y por último un 22% perpetrado en medio de enfrentamientos entre distintos actores armados.

Según la misma Fundación, las principales razones de estas prácticas violentas de control territorial son los intereses económicos y políticos relacionados con la implementación de proyectos de minería, ganadería, cultivos ilícitos y agroindustria.

CI AO/PC/02/08/2021/9:00