16 may, CI- El terreno que corresponde a la zona ‘Altos de la Estancia’ en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, fue declarado como zona alto riesgo desde 1997. Sin embargo, el desalojo se ordenó el pasado sábado 2 de Mayo, en el marco de una emergencia sanitaria que requiere que las personas permanezcan en sus casas. Desde entonces las imágenes del procedimiento policial han sido trágicas e indignantes.

Por: KDM* Apenas ayer se pronunció la administración distrital de Bogotá, en cabeza de Claudia López. Durante un cuidadoso operativo policial que contó con tres anillos de seguridad, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, citó a una tardía rueda de prensa. Allí asegura que Altos de la Estancia es un sitio de “alto riesgo de deslizamiento y desastre desde 1997”, por ende, nadie podría asentarse en el lugar.

En el fondo se distingue la ciudad; las casas que se confunden con la distancia cubren las colinas con un tapiz entre gris cemento, el naranja de los ladrillos, y el verde de los árboles a lo lejos.

Además de Gómez, la rueda de prensa cuenta con la participación de un coronel, el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER-, la secretaria distrital de hábitat, el secretario distrital de seguridad, la Fiscalía General de la Nación, el alcalde de la localidad, el personero local, el subsecretario de gestión local y la subdirectora de integración social.

Todos están rodeados de policías, lejos de las personas que habitan la zona, las mismas que están siendo desalojadas de sus hogares, y que fueron aisladas de los medios alternativos y de los defensores de Derechos Humanos que fueron sacados del lugar.

Los servidores públicos que aparecen en la transmisión en vivo no están, ni estarán en riesgo durante la rueda de prensa, ni durante el operativo policial. No están en riesgo porque tienen un salario fijo, seguramente digno, a diferencia de las personas que han estado desalojando que, en su mayoría, dependen de las economías informales o del rebusque. No están en riesgo porque, seguramente, cuentan con un hogar digno. No están en riesgo porque durante la emergencia sanitaria, social y económica a raíz de la pandemia, no han carecido de las garantías mínimas para sobrellevar la cuarentena.

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A través de tecnicismos explican por qué los 14 barrios se encuentran en riesgo y en un mapa señalan las zonas que deben ser intervenidas. Asimismo, hacen un recuento de la historia del sector enfatizando en que la zona no es estable y quienes la habitan lo han hecho y lo hacen de manera ilegal.

En compañía únicamente de las cámaras que pertenecen al distrito, porque la prensa fue censurada, suben una escarpada colina. En la cima cuentan la situación de los terreros (estructuras criminales que ilegalmente venden lotes que ya se encuentran invadidos a familias empobrecidas) y los señalan como los culpables de los desalojos. Prometen que la policía investigaría esta situación; de nuevo, medidas tardías anunciadas en una rueda de prensa tardía.

Mientras tanto, las personas afectadas por esta situación son las mismas de siempre: quienes por algún motivo, casi siempre violento, llegan a estos lugares y construyen su casa. Ahora solo miran impotentes mientras policías, protegidos de pies a cabeza, desarman sus casas de madera, latas y cartón.

Este desalojo fue ordenado y efectuado en el marco de una pandemia que demanda medidas estrictas de protección para cumplir con la misma consigna que fue impuesta por el Gobierno: Quédate en casa.

La policía asegura que se ha realizado un proceso de diálogo; sin embargo, en los vídeos que han circulado, evidencian a la comunidad desesperada, así como los hostigamientos y agresiones por parte de la fuerza pública.

Durante la rueda de prensa se habla de garantías, de diálogo, de soluciones de fondo. Asimismo se mencionan supuestas alternativas para los pobladores y aseguran que los procedimientos han estado completamente apegados a la normatividad.

Mientras tanto, no muy lejos de ahí, las personas continúan exigiendo condiciones dignas para vivir y, preocupadas, miran sus enceres ya desprotegidos entre lonas rotas y latas desmontadas. Denuncian malos tratos de la policía y hostigamientos por parte de los contratistas y funcionarios del distrito.

Desde el comienzo, los desalojos contaron con una enorme presencia policial que, mediocremente, fue justificada por el secretario de seguridad del distrito, Hugo Acero.

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Según los pobladores, en el lugar ya había hecho presencia una funcionaria del distrito, pero no para hablar de planes de reubicación ni de garantías de vivienda. La funcionaria tampoco vestía la chaqueta con los distintivos de la Alcaldía, sino que usaba ropa negra y tenía el rostro tapado, sin identificación y sin ninguna orden judicial. Ella estaba encargada de señalar qué casas tumbar y hostigó, tanto a la prensa como a los Observadores Internacionales que acompañaban a la comunidad.

Así, la Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá realizó una denuncia pública por los desalojos y el uso desmedido de la fuerza que se ha implementado en los mismos por parte de la asministración. Asimismo, aseguran que al no respetar el debido proceso y el principio de proporcionalidad y diferenciación, las comunidades quedan en una situación de mayor vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria.

A pesar de haber recibido el apoyo de sectores alternativos y de haber generado confluencia de partidos y colectividades de izquierda, el gobierno distrital, en cabeza de Claudia López decepciona de nuevo. Durante los desalojos llevados a cabo en Altos de la Estancia ha demostrado un talante autoritario que pasa por encima de los derechos fundamentales y que carece de empatía hacia las comunidades que, literalmente, ven cómo destruyen su hogar en un contexto en el que les piden permanecer en él.

*KDM hace parte del equipo de Colombia Informa en Bogotá

CI YA/ND/16/05/2020/19:45