21 jun CI. – Con la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales Colombia inicia, sin duda, un ciclo histórico para la Paz tan anhelada por el país. También hace soñar a las mayorías excluidas que, con su voto, le hicieron saber a la fórmula presidencial que están decididos a acompañarles. Entrevistamos al recién electo Senador, Robert Daza, para analizar este enfoque y el nuevo ciclo gubernamental que inicia en agosto.

*Entrevista producida en alianza entre Grupo de Investigación Kavilando y Colombia Informa

Alfonso Insuasty: ¿Quién es Robert Daza?

Robert Daza: Soy un líder campesino que empezó la defensa del territorio en el Macizo colombiano por allá en la década del 80, y junto con el comité de integración del Macizo colombiano la organización de base a la cual hago parte, empezamos a entender la importancia de defender el territorio en el que vivimos y con los compañeros del Sur del Cauca y del norte del departamento de Nariño, trabajamos una propuesta de un modelo de vida amigable en el Macizo. Desde allí fuimos desarrollando la sensibilidad para entender que cualquier vida humana depende del agua, depende de la comida y de la diversidad biológica, del paisaje en el cual estamos asentados.

Por eso, mis luchas han sido siempre en defensa de las montañas del departamento de Nariño. Hemos participado de luchas en el Congreso de los Pueblos donde las comunidades mandataron, desde el Congreso de Tierras y Territorios el 2011, defender los territorios del país, defenderlo de las represas que en ese momento estaban ya iniciando una fuerte expansión de la mano de toda esa “locomotora” minera y minero-energética del presidente Santos y, que por la acción decidida de la movilización campesina indígena y de las comunidades habitantes de esos polígonos de concesión Minera, se lograron detener varios proyectos.

Entonces, nosotros desde hace un poco más de 30 años estamos dando luchas para defender el agua, para cuidar la diversidad biológica y para que los territorios sean territorios de las comunidades en las que naturaleza no sea para la acumulación de riqueza de los grandes poderes nacional. Y es que después de hacer todo el saqueo que hacen de los bienes comunes, nos dejan únicamente los problemas ambientales y la pobreza absoluta.

AI: Se viene profundizando un modelo extractivo desde el Estado mismo, definido como parte de su eje económico central. ¿Cuáles han sido las consecuencias de ese modelo extractivo para el pueblo campesino e indígena, y para la naturaleza como tal?

RD: Todo este modelo extractivista entra a partir de la década del 90 a fondo con el modelo neoliberal, que se caracteriza por ser profundamente extractivista, agro importador y agroexportador. Con la apertura económica de César Gaviria a los campesinos y las campesinas se nos aisló de la posibilidad de tener acceso a la política pública y a la financiación de nuestra agricultura campesina, a la que tendríamos derecho, así como hoy en día la tienen los agroindustriales que se están llevando toda la financiación del Ministerio de agricultura, mientras el campesinado está trabajando con los propios esfuerzos.

Desde ese momento entendimos que para Colombia se venía con fuerza los permisos de exploración y explotación no únicamente de minerales, sino también de hidrocarburos y para la construcción de represas y toda la infraestructura.

La justificación del alto gobierno, de los ministerios y de las empresas transnacionales, es que hay que hacer la extracción de los minerales, construir las represas y extraer el petróleo, porque eso es el desarrollo para la región y así llevarán la riqueza y el trabajo

Nosotros hemos analizado, entre los liderazgos campesinos, indígenas y afros, los hechos que ya han pasado en Colombia. Por ejemplo, en el Putumayo desde 1960 se hace la extracción petrolera y hasta la década del 90 esa región no tenía un kilómetro de carreteras pavimentadas. Es decir, las acciones de resolver necesidades básicas insatisfechas prácticamente eran nulas, entonces no es cierto que la extracción de minerales hidrocarburos traerá bienestar a las comunidades.

Lo que si llegan son los conflictos, porque alrededor de toda esta entrada de las transnacionales se exacerba todo el conflicto social y armado, el enfrentamiento entre las comunidades y también la llegada de grupos de seguridad de las transnacionales junto con grupos paramilitares y la Fuerza Pública, que cuidan a las grandes empresas y que se convierten en factor de violencia y de violación de los Derechos Humanos para los liderazgos y para las comunidades, que no están de acuerdo con estos proyectos extractivos.

Desde 1990 ya identificábamos que debíamos organizar con fuerza a las comunidades campesinas, para dar la lucha ya no solo por la tierra, sino por la protección de los territorios. Como Coordinador Nacional Agrario –CNA- de la mano con la Vía Campesina nacimos a la luz de garantizar la resistencia y la permanencia del campesinado en los territorios. Hoy pues, todavía están a título de exploración grandes mineras acá en Colombia, principalmente la Anglo Gold Ashanty y Camino Real, una transnacional propiedad de la de la Corona Británica.

AI: ¿Cuál ha sido el papel del Estado en este escenario?

Ha sido el agenciador del extractivismo, de ese modelo neoliberal que entra a nuestro país. Un Estado que pretende extraer hasta la última gota de petróleo y hasta el último gramo de mineral, hacer uso hasta la última gota de agua de nuestros manantiales para la comercialización y para la acumulación de riqueza.

Encontramos que, por ejemplo en el putumayo el bloque Petrolero en Teteyé – La Vega, un territorio campesino que es una zona de reserva, donde el CNA tiene proyectado un territorio Agro-Alimentario, allí el Estado tiene 110 permisos de exploración y explotación petrolera, son más de 100 000 hectáreas, casi 160 000 hectáreas que están solicitando estas empresa de extracción de Cobre en las cabeceras de Mocoa, capital del departamento del Putumayo, allá donde sucedió la tragedia que conocemos del desbordamiento del río.

El estado ha sido uno de los promotores de la venta y la entrega de los territorios, para que las trasnacionales entren y adelanten la exploración y explotación, esa es una política

Tengo entendido que hoy hay 19 000 títulos, 19 000 permisos que equivale a 7 000 kilómetros que ya están cedidos para la extracción de Hidrocarburos. Para el Putumayo, Caquetá, Arauca sucede igual. Así mismo, conocemos el problema de las Centrales Eléctricas y de las Micro-Centrales en Antioquia, y toda la parte del Río Cauca.

El estado ha facilitado la entrega de los territorios a las transnacionales. Pero nosotros lo vemos actuando a través de la fuerza pública, reprimiendo a las comunidades que protestan por la llegada de las transnacionales a sus territorios, y encontramos también a la Fuerza Pública y las Trasnacionales aliándose para convivir con Grupos Ilegales como los grupos paramilitares, qué son los que asesinan y han realizado todo un genocidio. Por ejemplo, en el Casanare varios han sido los casos documentados de violaciones de Derechos Humanos, de masacres y de asesinato de líderes que se opusieron a la llegada de toda esta exploración y explotación de todas las empresas que estuvieron aquí en el sitio de Casanare y Arauca como la OXI, aliadas con el paramilitarismo y ahora también el Estado pacta para criminalizar la protesta social.

Así, nosotros por salir a defender nuestros territorios quedamos debiendo a las trasnacionales. Las petroleras en Arauca están denunciando a los líderes campesinos que están haciendo la defensa del territorio y reclamando las tierras que fueron robadas a sus abuelos, para ponerla a producir. Por ejemplo, el caso de la Laguna de Lipa en donde más de 2 000 familias volvieron a recuperar esas tierras para sembrar maíz, allí el Ejército Nacional y las fuerzas de seguridad de éstas empresas llegan a cortarles el Maíz, el Plátano y además a denunciarlos como si fueran delincuentes, como si ellos fueran los extraños, sabiendo que ellos son los daños legítimos.

Entonces, el papel del Estado es un papel agenciador de la violencia y de los conflictos en el territorio, mientras el gobierno nacional se ampara en que el subsuelo es propiedad de la Nación y que el administrador de los bienes de la Nación es el alto gobierno y que ellos tienen derecho a determinar el uso de esos bienes, de esa riqueza que hay en el subsuelo.

Pero, desconocen su propia normatividad que le da fuerza a las comunidades para defender sus territorios, por ejemplo, las consultas populares consagradas en la Ley, en este caso el Consejo de Estado después de que en Cajamarca se votara una consulta popular a favor de las comunidades y en contra del extractivismo, ellos le quitan piso jurídico a dicha consulta, pero nosotros, como comunidades tenemos muy claro lo que nos corresponde y a lo que tenemos derecho.

Por eso en el departamento de Nariño, en el norte de Nariño donde yo vivo y en el sur del departamento del Cauca, dónde hacemos parte de una misma comunidad, hemos empezado lo que se llaman las Consultas Populares Legítimas, es decir, unos procesos de votación libre de la población para que la población se exprese. Es así que, en estos ocho municipios más del 98% ha dicho NO queremos minería.

Por eso, a través de la movilización en estos territorios hemos expulsado a las transnacionales mineras con la decisión de no dejar ingresar la minería a nuestros territorios. Tenemos, incluso, la primera experiencia del territorio Campesino Agro-alimentario de Colombia, donde participan 14 municipios del norte de Nariño y tres municipios del Sur del Cauca.

Vamos a continuar haciendo estas consultas populares mineras, para que todo el territorio campesino se exprese, a una sola voz, diciendo NO queremos minería y esa tiene que ser una apuesta para el nuevo gobierno

Como legislador voy a insistir que se reconozca en la normatividad esa decisión voluntaria y legítima de la gente, de las comunidades, que sus decisiones sean reconocidas y tengan poder vinculante.

AI: hay varios elementos en lo que describes: la criminalización aupada por el Estado y las alianzas con fuerzas paraestatales, simultáneamente una persecución de los líderes y lideresas sociales. ¿Estas acciones se han profundizado?

RD: Si nosotros revisamos las estadísticas hay un mapa nacional de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamientos, y encontramos que coincide con los intereses transnacionales para el extractivismo.

El paramilitarismo lo colocaron como matriz de opinión de origen uribista, y se argumenta que surgió como una forma de defensa legítima de los bienes de los ricos, de terratenientes, de ganaderos y agroindustriales. Pero si nosotros hacemos el mapa de actuación del paramilitarismo en Colombia la encontramos alrededor de los intereses de transnacionales.

Encontramos zonas donde no había guerrilla, pero si paramilitares que siempre coincide con la presencia de intereses trasnacionales, es decir, nosotros tenemos claro que al paramilitarismo se lo pensó para limpiar los territorios de campesinos, indígenas, comunidades negras. El desplazamiento campesino en Colombia y las masacres obedecieron a intereses tanto del gobierno nacional como las transnacionales y los empresarios, que necesitaban tener libres esos territorios para emprender sus negocios de corte extractivo.

Esa es como la tesis que nosotros tenemos hasta ahora, un poco para explicar esa pregunta que tú me hacías de la criminalización y de cómo se dio el genocidio campesino a nivel nacional está muy relacionado con estos proyectos extractivistas y los conflictos territoriales.

AI: Entre esos proyectos también está la agroindustria, sobre todo de la palma de aceite. Ahora, el tema de los Territorios Agroalimentarios es clave frente a una alerta roja por una hambruna que viene para el país, y la FAO lo ha dicho. Desde las agendas populares, cómo se constituyen estos territorios agroalimentarios y otras propuestas de agenda para la transformación de esta realidad.

RD: Está política extractivista golpeó toda la parte agroalimentaria. Todos esos tratados de libre comercio desmantelaron la soberanía alimentaria del país. En 1990 éramos autosuficientes en cereales, trigo, cebada, maíz y sorgo principalmente, hoy no lo somos. Estamos importando más del 97% en eso productos, y eso qué significa? que nosotros estamos dependiendo de países extranjeros principalmente Estados Unidos y Canadá, firmantes de los Tratados de Libre Comercio –TLC- y también la Unión Europea.

Desde las iniciativas populares estamos proponiendo recuperar la soberanía alimentaria, que se tiene que renegociar esos TLC, porque nosotros no podemos depender de la comida producida por países extranjeros y principalmente producida por grandes empresarios y transnacional.

Nosotros en Colombia somos un país que puede ser una potencia agroalimentaria porque tenemos las tierras y el agua, pero, sobre todo, tenemos la vocación del campesinado que sabe producir comida, que le gusta producir comida. Hoy por esa política desatada de los TLC y sus efectos, el campesinado está sembrando coca, está en el moto-taxismo o está en las ciudades de vendedores y vendedoras informales, entonces tiene que darse la recuperación de ese aparato agroalimentario que lo desmantelaron estos gobiernos irresponsables con esas medidas.

Necesitamos volver a sembrar el maíz, trigo y cebada, es un anhelo del campesinado. Ellos dicen “cuando éramos productores de cebada, trigo, maíz, no teníamos la pobreza que tenemos hoy en día, no teníamos nosotros en el departamento de Nariño, que irnos al Putumayo, a la costa pacífica a sembrar coca, sino que vivíamos con dignidad de nuestros territorios”. Entonces mire también que es una cuestión de tipo social, de dignidad de la vida y de manejo autónomo de la economía del país.

Mi papel como parlamentario será el de impulsar iniciativas para la economía campesina, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, el reconocimiento de su economía campesina como aporte de riqueza y bienestar para el país. Así como hay inversión para los grandes empresarios, para la agricultura industrial y de la ganadería, en Colombia debe haber también apoyo para la agricultura campesina, que es la que hasta ahora, aún con los grandes problemas, ha estado alimentando a los colombianos.

AI: Qué perspectivas hay frente a un nuevo gobierno, porque todo el aparato institucional está creado para el beneficio de las élites, según nos confirmas, que esperanza se tienen de cambio en un nuevo gobierno de generar las transformaciones necesarias, ¿Cuáles son los retos allí?

Bueno, recibimos un gobierno con una institucionalidad y una normatividad al servicio de la corrupción de las mafias y de los grandes poderes. Por ejemplo, si nosotros llevamos hoy en día un proyecto productivo de economía campesina al Ministerio de agricultura, no lo financia porque no está de acuerdo a las normas y a los manuales que ellos tienen de agricultura, porque es una agricultura para los grandes empresarios las que ellos financian.

Entonces, en eso nos toca intervenir, en la normatividad que existe en este momento, para que la gente pobre tenga la posibilidad de acceso a las inversiones del Estado, que hoy en día son inversiones únicamente para las grandes empresas. En eso seguramente nos tendremos que concentrar el primer y segundo año.

Más allá de ir desbaratando toda esta normatividad que está al servicio de mafias de los politiqueros y la corrupción, debemos recuperar el Estado para la transparencia y para la inversión social

Debemos quitar todas esas facilidades para que los corruptos dejen de llevarse tanto dinero público y que pueda ponerse al servicio de la gente. En eso nos demoraríamos un poquito más, pues habría que atender a corto plazo problemas urgentes, por ejemplo, el problema del hambre de 20 millones de personas y más, que están en condición de pobreza y que no están ni siquiera alimentándose de manera adecuada. Entonces, a ellos hay que garantizarles la comida en lo inmediato.

Gustavo Petro está proponiendo que en sus primeros 100 días va a definir una emergencia económica que, como senador de la República lo voy a apoyar y seguramente la bancada del Pacto Histórico también, porque necesitamos que el Ejecutivo tenga recursos para poder actuar de manera inmediata en atender estos problemas de inmediato.

Pero ojo, no tiene que ser comida gringa ni comida europea, tiene que ser comida producida por nuestros agricultores y nuestras agricultoras. Entonces, a través de esas medidas de emergencia tenemos que garantizar el apoyo a la compra de insumos para los agricultores, para los pequeños agricultores, para la siembra de productos y garantía de compra.

Nosotros tenemos que hacer una transformación muy grande, porque nos estamos metiendo en una era bien avanzada de este cambio climático. Estos gobiernos que están terminando no se han pensado el cambio climático con seriedad, el cambio climático es un fenómeno que desde la academia y la ciencia se han dado las alertas, pero que debemos interpretarlo como campesinos y campesinas. Nosotros estamos ya sufriendo las consecuencias de ese cambio climático y empíricamente estamos haciendo adaptaciones, estamos buscando semillas para no tener problemas de hambre, buscamos formas de cultivo acordes para nosotros decir como campesinos y campesinas: nos estamos preparando.

Pero el país no está preparado, y la situación de hambre puede venir si nosotros no interpretamos de manera adecuada el cambio climático. De ahí la voluntad de volver a recuperar la soberanía alimentaria en el país. Yo creo que ese es un propósito que se tiene como gran bancada parlamentaria del Pacto Histórico, como programa de gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez y seguramente los Aliados del Frente Amplio también están entendiendo que eso es urgente para el país. De esa manera tenemos que ponernos a hacer dentro de los márgenes estrechos que nos deja la ley. Pero luego como legisladores tenemos que ir adecuando esa legislación a una que permita tener un modelo de gobierno para la gente y no para unas pocas.

AI: Quisiera abordar dos temas rápidamente el Acuerdo de Paz y las Relaciones Internacionales, que hay dos formas de entenderlas: entre los gobiernos y los bloques regionales y la otra entre los pueblos. ¿Qué tendrías para decirnos en este aspecto?

RD: Creo que hay que recoger lo bueno del acuerdo de La Habana. No todo lo que está en el acuerdo de La Habana es favorable. Nosotros como campesinos tenemos bastantes críticas al punto uno y al punto dos y también al Decreto Ley 901, porque allí el gobierno re-categorizo el concepto de Reforma Agraria, es decir, allí hay un perjuicio para el campesinado. Todo ese trabajo tenemos que ponerlo a dialogar con las iniciativas, las experiencias y las propuestas que desde el movimiento social y campesino hemos propuesto siempre. Hay, por ejemplo, un pliego de la Cumbre Campesina donde está el planteamiento y otros insumos.

Para que haya una Paz completa y duradera, que no es únicamente una desmovilización, sino una intervención directa y real en los territorios dónde hay conflicto, es necesario revisar los títulos mineros y la presencia de las transnacionales mineras en los territorios. Ese avance se debe acabar en un gobierno democrático, ya que no debe haber transnacionales mineras haciendo exploración donde las comunidades claramente han dicho que NO.

Esto lo ha expresado bien Gustavo Petro, debe dársele autoridad al campesinado y respetar su capacidad de decidir, respetar las consultas previas del campesinado para que decidan, así también los pueblos indígenas. Por otra parte, debe haber inversión en esos territorios.

Si usted se da cuenta, en todas las zonas donde hay cultivos de soja la infraestructura es pésima, sobre todo las carreteras, entonces el campesinado ante la falta de apoyo del gobierno se fue a sembrar coca, víctima de la falta de inversión social y la estructura de conectividad e infraestructura productiva. Eso tiene que resolverse para que haya una era de Paz. Yo creo que eso lo tenemos claro como propuesta de gobierno del pacto histórico, a eso nos disponemos a dar inicio, porque no lo vamos a resolver totalmente en 4 años, pero sí podemos sentar las bases en diálogos directos con la población.

Por su parte, también se tendrá que negociar con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-  y entrar en un diálogo para que haya una desmovilización de grupos armados al margen de la ley, y poder lograr finalmente una situación de Paz y de tranquilidad para el campesinado, los afros e indígenas en los territorios. Eso depende también del avance de los acuerdos firmados.

Creo que como gobierno el Pacto Histórico tiene que desarrollar en la región -América Latina- unas relaciones bilaterales, una relación regional con los gobiernos vecinos que nos permitan ser soberanos y no ser títeres y serviles de intereses, tanto de Estados Unidos como de Rusia o como de la China o de la Unión Europea. En este caso, por ejemplo, tenemos que hablar de la recuperación de las relaciones con Venezuela, pues tiene unas potencialidades en tanto cliente privilegiado para la compra de comida, entre otras.

Yo creo que las relaciones no tienen que basarse en odio como lo han hecho este presidente Uribe y cómo lo ha hecho este presidente Duque, que con mentiras generan odios, desarrollan unas relaciones internacionales nefastas. Allí no tienen que ponerse a jugar con la gente, pues somos las que en últimas sufrimos las consecuencias. Si recuperamos relaciones con Venezuela todo este pueblo venezolano, que ha venido engañado para andar para arriba y para abajo, seguramente ya tendrá la posibilidad de regresar a su Patria. Tenemos que desarrollar unos tratados, unos acuerdos sobre todo desde Latinoamérica, que nos permita entrar en el contexto mundial con autonomía y no como peones de poderes y de imperios.

AI: Nos quedan retos y también miradas de lo que pueda ocurrir en los próximos cuatro años en Colombia y en la región…

RD: No puede ser que desde Bogotá se piensa el territorio sin conocerlo, los tecnócratas basados en información secundaria, ni siquiera han pisado el Putumayo, por ejemplo, y quieren organizarles la vida a los putumayenses. Entonces, nosotros hoy estamos en contacto permanente y diálogo permanente con las comunidades.

las comunidades están hablando de proponer sus propios proyectos y sus propias experiencias para que queden en el Plan de Desarrollo, la gente está dispuesta a los diálogos regionales y locales para recuperar todas esas iniciativas propuestas en los paros agrarios y que se han quedado en pliegos incumplidos

Debemos recoger todas las iniciativas regionales y plantearla con fuerza, para que queden en el primer Plan de Desarrollo de un gobierno democrático y, de esa manera, nosotros vamos a contribuir a que se cambie esa forma de planeación fracasada, basada en los intereses de los poderosos y en las metodologías, en las prácticas y en los enfoques que dan desde Bogotá.

 

El Gobierno Central tendrá que recibir las propuestas desde las regiones, y con base en los enfoques territoriales construir el Plan Nacional de desarrollo. De esa manera creo que empezamos a reconocer la sabiduría y la inteligencia que hay en los territorios, para interpretar los problemas, para orientar cómo deben ser las soluciones y para que haya un gobierno verdaderamente democrático y no una dictadura como la tenemos hoy en día.

Como bancada parlamentaria vamos a estar haciendo fuerza, haciendo presión frente al gobierno amigo de Gustavo Petro, pero diciéndole mire aquí las cosas las comunidades están mandando que se hagan de esta manera y nosotros somos voceros de eso y nos obedecemos más a las comunidades y su antología.

 

Puede que tengamos un gobierno amigo en Gustavo Petro, pero si hay que decirle las cosas, se le dirán en su momento.

Ver entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=qzkHEh-NyMY

CI AI/AR/21/06/2021 19:18