10 jun, CI.- Eran las 9 de la noche a las afueras de la cárcel La Picota en Bogotá. Aunque el frío es abrumador, alrededor de 25 personas esperan inquietas en las rejas del centro penitenciario; caminan de lado a lado, miran por las rendijas y hacen preguntas a los guardias. Entre todos resaltan un señor y un niño. Se trata de Cesar Barrera y su nieto que esperan la salida de su hijo, Cesar Barrera, y su compañero Cristian Sandoval, luego de haber estado tres años privados de su libertad.
Desde las 11 de la mañana del viernes 5 de junio, distintas organizaciones sociales, de Derechos Humanos, expresos políticos y familiares se reunieron luego de conocer la decisión del Juez 79 de Control de Garantías, con la que declaró ilegal el proceso de captura que se llevó a cabo al interior de la cárcel, luego de que el 2 de junio se hubiera decretado la libertad de Barrera y Sandoval.
Este panorama no fue muy distinto al que se vivió el lunes 8 de junio, cuando se decretó la libertad a Boris Rojas, Camilo Pulido y Andrés Bohórquez. Ese día las familias también se encontraron a las 11 de la mañana (luego de haber permanecido a las afueras de la cárcel hasta la medianoche del día anterior) a la espera de que se hiciera efectiva la sentencia de un juez que concedió la libertad de sus seres queridos.
Al mismo tiempo, en la cárcel La Picaleña, de Ibagué, salían en libertad Alejandra Méndez y Lizeth Rodríguez.
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Fueron sindicados y sindicadas por lo que se conoce como el Falso Positivo del Centro Comercial Andino, luego de una explosión que ocurrió el 17 de Junio del 2017 en un emporio del Norte de Bogotá. Rápidamente se sindicó por este delito a 10 jóvenes, en su mayoría integrantes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos.
Durante todo el proceso, tanto la Fiscalía como los medios de comunicación hegemónicos dieron por sentada la culpa de las personas capturadas, a pesar de que no se presentó evidencia.
Así como sus liberaciones, todo el proceso estuvo cargado de injusticias y dilaciones. El 24 de agosto del 2018, un año después del hecho, un juez rechazó la petición mediante la cual la Fiscalía solicitó prorrogar la medida de aseguramiento. Días más tarde, ese ente judicial abrió un nuevo proceso en el que acusaban que existían vínculos entre los capturados y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Nunca se presentaron pruebas contundentes de esta acusación.
Por su parte, los sindicados siempre aseguraron que se trataba de un falso positivo judicial, exigiendo su libertad y afirmando que este montaje no era más que «terror en épocas electorales».
Este caso se suma a una larga lista de montajes judiciales como el de Mateo Gutiérrez León (Estudiante de la Universidad Nacional), Miguel Ángel Beltrán (Docente de la Universidad Nacional), Caso Lebrija (Estudiantes Universidad Pedagógica Nacional) y otros con los que se busca atentar desde el Estado contra el movimiento social en Colombia.
Todavía se espera la liberación de Iván Ramírez, Lina Jiménez y Natalia Trujillo, también capturados injustamente por el mismo caso.
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CI JJ/ND/10/06/2020/18:45
