11 mar. CI.- El pasado domingo 5 de marzo, en el corregimiento del Mango del Municipio de Argelia, Cauca, fue perpetrado un atentado contra la firmante de paz Mayelín Bolaños Cadena y su esposo, quienes departían junto a otras personas en un establecimiento.

La granada arrojada por desconocidos dejo 2 personas heridas y pérdidas materiales. Sin embargo, este solo fue uno de los tantos hechos de violencia que suceden en este municipio, en el que, según algunos investigadores, se produce casi una tercera parte de la cocaína que sale por el Pacífico colombiano hacia Norteamérica.

Desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016 y la guerrilla de las FARC abandonó la zona, quedó en la región el ELN. Sin embargo, en los últimos años llegaron las llamadas “disidencias de las Farc del Comando Coordinador de Occidente”. Este grupo controla el narcotráfico y atemoriza a la población con amenazas y asesinatos a sus líderes. Esta situación es similar en otros lugares del Cauca. Los últimos enfrentamientos entre estos grupos dejaron 1117 desplazados, y desde que llegaron las “Disidencias” la alcaldía ha registrado 27 desplazamientos con casi 12.000 personas obligadas a huir de sus territoriosl.

El alcalde de Argelia, Jonatán Patiño, dijo a un medio del Cauca tras el atentado: “Hacen acuerdos y no se cumplen, que iba a haber cese al fuego, que los grupos armados no iban a invadir los centros poblados, que no se iban a sembrar más minas, que no iban a arremeter contra la población y todo eso lo han seguido haciendo…. Uno sabe que pa´ acabar una guerra toca con diálogos, pero sí la contraparte no quiere dialogar… El gobierno nacional piensa que las disidencias quieren hacer un acuerdo de paz y no es así, hay una mala interpretación del momento político o el momento de guerra que vive el país, y es que los grupos armados, en este caso las disidencias, no quieren la paz, quieren seguir con su negocio porque es rentable para ellos.”

Según la ONU, 355 excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados desde la firma del acuerdo en 2016. La Justicia Especial para la Paz determinó que gran parte de estos crímenes han ocurrido en el departamento del Cauca, y que la mayor responsabilidad es atribuida a las “Disidencias de Farc”. Otras comunidades también han sido víctimas de ataques de estos grupos. La senadora indígena Aida Quilcué denunció hace un mes que en el municipio de Caldono fueron atacados con granadas 4 guardias indígenas, de los cuales 3 quedaron gravemente heridos y otro falleció.

El pasado 31 de enero el Comité de Integración del Macizo (CIMA) denunció el asesinato de Edilsan Andrade Avirama, lideresa de esta organización campesina en el municipio de Rosas, Cauca.

Situaciones similares a las del Cauca ocurren en otras regiones como en Arauca, donde grupos autodenominados disidentes de Farc le han declarado la guerra no solo al ELN; sino también a la población y sus organizaciones sociales. Allí, las comunidades acusan a estos grupos de estar detrás del narcotráfico y en alianza con las Fuerzas Militares de Colombia.

Actualmente, se presenta un debate en Colombia por la caracterización de estos grupos y cuál va a ser el tratamiento que se les aplicara en el marco de la política de Paz Total del Gobierno Nacional.

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