26 mar CI.- Con una amenaza de pandemia que se extiende en el país, las paredes de la cárcel no funcionan como barrera. Los centros penitenciarios, lugares en los que permanecen más de 100 mil personas en Colombia, resultan ser un foco de alto riesgo para cualquier emergencia sanitaria, debido a las precarias condiciones en las que se encuentran.

En Colombia aproximadamente 118.769 personas permanecen recluidas en alguno de los 138 centros penitenciarios del país. Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento es del 53%, teniendo en cuenta que las instalaciones tienen capacidad para albergar a 76.553 presos. Esto quiere decir que al menos 42 mil personas recluidas se encuentran en situación de hacinamiento.

Aunque esta problemática afecta a todas las regionales, los casos más graves se presentan en la norte y noroeste, con el 82,4% y el 83,5% de hacinamiento respectivamente, según el Informe Estadístico presentado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- en enero del 2019.

Esta situación se agudiza cada año a causa del aumento de personas recluidas en las cárceles, debido, en gran parte, al carácter punitivo de la política criminal en Colombia. Así, el hacinamiento es un detonante para la vulneración sistemática de derechos fundamentales (salud, alimentación, trato digno) al interior de los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional -Eron-.

Según el Informe de Derechos Humanos del Sistema Penitenciario en Colombia, realizado en el 2018 por el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, «Las condiciones de salubridad y las condiciones de higiene, en el caso específico de los establecimientos carcelarios en Colombia, constituyen uno de los escenarios en el que se vulnera en mayor medida las garantías propias del derecho a la salud».

En ese sentido, el Movimiento Nacional Carcelario -MNC- ha denunciado en varias ocasiones las precarias condiciones en materia de salubridad que tienen las cárceles. Incluso en febrero de este año denunciaron las nulas condiciones de higiene para el manejo de alimentos, la insuficiente red de aguas negras, así como la propagación de roedores y zancudos. Aunque el documento corresponde puntualmente a los presos de La Picota, esta situación también se presenta en las demás cárceles del país.

Según Gloria Silva, abogada penalista e integrante del Equipo Jurídico Pueblos, esto «es producto de la privatización del sistema penitenciario que se expresa en contratar privados que convierten los derechos de la población reclusa en un negocio».

Vivir la pandemia desde la cárcel

En Colombia, la amenaza de pandemia ha estado acompañada por el miedo de vivir una situación de emergencia sanitaria en condiciones de tanto riesgo. Las medidas preventivas que tomó el gobierno y el Inpec fueron: la suspensión de todas las visitas de personas externas a la cárcel, excepto por el personal de guardia y contratista. La incomunicación entre los internos y sus familias genera una situación compleja debido a que se da en un tiempo en el que, justo, se requiere de la presencia de los lazos de apoyo.

Asimismo, se suspendieron las revisiones medicas, judiciales, y se ordenó la ubicación de sitios de aislamiento para posibles contagiados.

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Sin embargo, las medidas no fueron implementadas de manera efectiva. Numerosos centros penitenciarios denunciaron que el personal entraba y salía de las cárceles sin tapabocas ni guantes. Tampoco había antibacterial ni los implementos necesarios para prevenir «un virus que puede generar una masacre o un genocidio al interior de la cárcel», según Silva.

Por ese motivo, el jueves 19 de marzo el MNC realizó un comunicado a la opinión pública en donde se recogían las denuncias que hicieron varias cárceles del país en el marco de la llegada del coronavirus.

Entre las cinco exigencias que plantean se encuentran: declarar la emergencia nacional carcelaria, permitir la ejecución de otro tipo de penas para personas en mayor situación de vulnerabilidad y declarar el acuartelamiento del personal de guardia del Inpec.

Algunas organizaciones y senadores apoyaron la petición del MNC, aludiendo a los riesgos de propagación del covid-19 que implica el hacinamiento en los centros penitenciarios.

Finalmente el comunicado convoca a las cárceles, familiares y personas cercanas a los presos y presas, para participar de un cacerolazo el sábado 21 de marzo a las 9:00 p.m, con el fin de exigir la emergencia carcelaria.

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¿Qué pasó la noche del sábado 21 de marzo?

‘Disturbios’ o ‘motines’, así nombraron los medios de comunicación los hechos sucedidos en la noche del sábado 21 de marzo en varias cárceles del país. Aunque esto sucede en un contexto coyuntural ante una emergencia de salud, como se mencionó anteriormente, los motivos son profundos y de carácter estructural.

Ibagué, Cúcuta, Bogotá, Medellín, Boyacá y Jamundí fueron algunos de los lugares en los que se reportaron protestas al interior de los centros penitenciarios. Los cacerolazos por «la liberación humanitaria de presos» comenzaron y, como respuesta, el gobierno autorizó la intervención policial y militar en varias de las prisiones.

Durante la noche y la madrugada del 22 de marzo se conocieron denuncias de la evidente represión que se desató al interior de las cárceles. En La Modelo de Bogotá, por ejemplo, se denunció un posible tiroteo en su interior, así como la posibilidad de que hubieran personas heridas.

La madrugada transcurrió sin ningún reporte por parte del Inpec ni del Ministerio de Justicia acerca de lo que había sucedido al interior de la cárcel La Modelo, por lo que a la mañana siguiente los familiares de las personas detenidas realizaron un plantón a las afueras del centro penitenciario, exigiendo información.

De nuevo, la respuesta fue la misma. Las personas que estaban en el lugar aseguraron que fueron intimidadas, hostigadas y golpeadas por la policía y el Inpec.

82 heridos de los cuales 32 estaban siendo atendidos en hospitales, 23 muertos y ningún nombre. Esa era la única certeza con la que contaban los familiares de los presos.

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Un gobierno que desinforma

Luego de que se conocieran estas cifras, el gobierno nacional, en cabeza de Iván Duque; y Margarita Cabello, ministra de justicia, afirmaron que las protestas realmente habían sido intentos de fuga y que, en ese sentido, se había procedido para controlar esa situación.

Esta matriz informativa que reprodujeron medios de comunicación como Semana, buscó deslegitimar el cacerolazo nacional llevado a cabo por los presos y presas, así como quitar relevancia a las causas de carácter estructural que motivaron esta jornada.

Ante esta situación, el Movimiento Nacional de Presos, así como organizaciones de derechos humanos e individualidades continuaron exigiendo la liberación humanitaria y la declaración de la emergencia carcelaria. Asimismo, afirmaron que lo sucedido en la noche del sábado 21 de marzo se trató de una evidente violación de derechos humanos que concluyó con una ‘masacre’ perpetrada por el Estado.

Apenas 48 horas después el Ministerio de Justicia y el Inpec expidieron una resolución en la que se declaró el «Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional del INPEC».

¿Qué significa el estado de emergencia carcelaria?

El director general del Inpec «podrá disponer de los traslados de los internos que se requiera, a los lugares indicados. De igual manera, se podrán clausurar los establecimientos penales, si así lo exigen las circunstancias”, asegura el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014 que hace referencia a la emergencia carcelaria.

Asimismo, en la resolución se habla de la posible excarcelación de las personas que: sean madres gestantes o de niños menores de tres años, tengan más de 60 años, sufran alguna enfermedad crónica o tengan una pena de poca duración.

Sin embargo, después de haber decretado esta medida que se había exigido con el fin de reducir los riesgos de contagio del Covid-19 en las precarias instalaciones de los centros de reclusión, el miércoles 25 de marzo se aprobó la libertad condicional para Alberto Santofimio, condenado a 25 años de prisión por el crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento.

Por otro lado, el martes en la madrugada el colectivo Libres e Inocentes denunció que el Inpec estaba realizando traslados injustificados de los y las reclusas. Tres presos políticos de Farc y las tres jóvenes sindicadas por el caso del centro comercial Andino, fueron algunos de los casos denunciados por los mismos internos.

Apenas 24 horas después se tuvo información -no oficial- del paradero de las tres jóvenes. Según el mismo colectivo «permanecen en un calabozo del Centro de Reclusión la Picaleña en Ibagué, aisladas y con restricciones de comunicación».

El panorama después: ¿Qué pasó en la cárcel de Cúcuta?

La cárcel de Cúcuta también se sumó al cacerolazo nacional en la noche del sábado y, al igual que en otros lugares, fue reprimido. Pasados tres días, el martes 24 de marzo, el personal del Inpec continuó entrando y saliendo del ERON sin ninguna protección (sin tapabocas ni guantes), desconociendo las exigencias de salubridad que se habían tomado para evitar el contagio y propagación del covid-19.

Los reclusos intentaron hablar con los guardias, pero no hubo ninguna respuesta por parte de ellos. «Ante esta situación el Impec nunca se ha pronunciado; les pedimos que se cuiden pero la única respuesta que nos dan es ‘aquí tenemos el tapabocas'», afirma Ángela Ochoa, integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de los Internos de la Cárcel de Cúcuta -Asofamintercuc-.

Debido a la indiferencia del Inpec y del gobierno hacia los reclamos de la población reclusa, los internos decidieron realizar una manifestación ese mismo martes. Cuando se organizaron en uno de los patios, el personal del Inpec los atacó con armas de fuego, a pesar de que en la normatividad aplicada al sistema penitenciario se afirma que «únicamente deben ser utilizadas por personas autorizadas y con fines netamente de seguridad y no de violencia».

Ante esta situación, las y los familiares de los presos realizaron un plantón afuera de la cárcel para exigir información sobre el estado de las personas que se encontraban adentro. «Nos están corriendo con gases», dijo una de las familiares a Colombia Informa, para referirse a los atropellos por parte del Esmad y del Inpec hacia ellas.

Aproximadamente a las 6:00 p.m la situación se calmó, tanto al interior como al exterior de la cárcel. La única información que han obtenido las familias -hasta el día de hoy- es que hay al menos tres personas heridas de bala (de acuerdo a los videos). No existe ningún informe oficial, debido a que el Inpec se ha negado a dar una respuesta.

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Una crisis que no comienza ni termina con el covid-19

Es cierto que la emergencia sanitaria que implicó la llegada del virus al país ha potenciado las brechas de desigualdad que se agudizan para poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad como la reclusa. La emergencia carcelaria decretada a raíz de la coyuntura del covid-19, deja en evidencia una problemática estructural que ha sido denunciada de manera sistemática por los presos, presas y sus familiares en todo el país.

El cacerolazo también «es la continuidad de un grito que hace décadas viene reclamando el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de quienes han sido privados de la libertad pero no de su humanidad», afirma el Movimiento Nacional Carcelario en un comunicado a la opinión pública realizado el martes 24 de marzo.

En este mismo comunicado, el MNC pide que también sean escuchadas sus exigencias de carácter estructural y que su Plan de Vida (descongestión de las cárceles, mejorar alimentación, brigadas de salud, garantías reales para la prevención del covid-19) sea tenido en cuenta.

La pandemia logró proyectar en unos días lo que el Movimiento Carcelario había buscado durante décadas: atención a las problemáticas que se viven en los centros de reclusión. Ante un sistema penitenciario punitivo y unas infraestructuras precarias e indignas para cualquier apuesta de resocialización, la frase de expedida por la Corte en la sentencia T-388 tiene vigencia, más allá de esta coyuntura:

«Cuando el sistema penitenciario y carcelario está deteriorado, porque por ejemplo, no cuenta con infraestructura adecuada y suficiente, está sobrepoblado, ofrece mala alimentación, no ocupa a las personas, ni les brinda la posibilidad de realizar ejercicios o actividades de esparcimiento y en cambio si las expone a riesgos de violencia que puedan afectar su integridad personal, o su vida misma, no garantiza el acceso a servicios de salud, es una violación grosera y flagrante del orden constitucional vigente. Es encerrar a personas que, se sabe que se van a enfermar gravemente, y abandonarlas a su suerte».

CI ND/ND-JO/26/03/2020/19:00