3 may. CI.- Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de La Libertad de Prensa para visibilizar y promover garantías y protección al libre ejercicio del periodismo. Sin embargo, el panorama actual de esta profesión en Colombia está marcado por ataques de censura, persecución, interceptaciones y asesinatos.
Según los informes que anualmente realiza la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP-, sobre los casos documentados de vulneraciones al ejercicio del periodismo en Colombia, desde el año 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, se ha presentado un incremento preocupante de agresiones a esta labor: entre 2016 y 2019, 583 periodistas fueron amenazados, mientras que de 2014 a 2016 la cifra fue 257. Así lo demostró el último informe de la Flip “Callar y Fingir”
Gran parte de las víctimas que representan estas cifras son medios y reporteros regionales que se encuentran en territorios que están en disputa por distintos actores armados (legales e ilegales). Este contexto de guerra que se está agudizando en las regiones a causa de la militarización por parte del Estado, mantiene una constante de riesgo para ejercer el legítimo derecho a comunicar e informar.
Casos como el del 9 de mayo de 2019 cuando fue asesinado el cineasta y gestor cultural Mauricio Lezama en Arauca, que además realizaba un documental sobre víctimas de conflicto armado. O el 19 de octubre del mismo año cuando Javier Córdoba Chaguendo, periodista de una emisora comunitaria de Llorente, Tumaco, fue también asesinado mientras presentaba su programa en la cabina de radio. Estos episodios dan cuenta de la total impunidad con la que actúan los autores de este sistemático flagelo que afecta gravemente a los periodistas de región.
Estos hechos han generado un efecto dominó; ante la ausencia de garantías por parte del Estado, los mensajes de violencia han calado en los integrantes de medios de comunicación locales en contextos complejos, quienes, en muchos casos, han recurrido a la autocensura como mecanismo alternativo de protección de sus vidas y la de sus familiares. Esta situación pone en jaque lo que está consagrado en el artículo 73 de la constitución: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.
“En el Catatumbo, Norte de Santander, únicamente se presentaron dos ataques contra periodistas locales en 2019. Esta sospechosa disminución tiene un antecedente importante relacionado con las intimidaciones que recibieron varias emisoras locales en la región. En abril de 2018, emisoras de cinco de los once municipios que están ubicados en el Catatumbo recibieron amenazas para emitir un comunicado del EPL sobre el paro armado que pretendía imponer este grupo ilegal en la región”, analiza el informe de la Flip 2019: Callar y Fingir.
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Protesta social: agresiones de la fuerza pública a periodistas
La protesta social es uno de los escenarios en el que sistemáticamente los periodistas son atacados durante el ejercicio de su labor informativa. Las protestas sociales entre noviembre y diciembre de 2019, dejaron en evidencia la arbitrariedad, censura y amenazas por parte de integrantes de la fuerza pública, con un saldo total de 66 periodistas víctimas de agresiones. Estos casos implicaron daños al material y herramientas de los comunicadores, agresiones físicas y retenciones ilegales en el contexto de cubrimiento de la protesta social; así lo informó la Flip en el informe.
Asimismo, organizaciones de periodistas y medios de comunicación han manifestado su preocupación respecto a la posición del gobierno de mantener lineamientos represivos y que justifican la violencia contra los mismos. Este es el caso del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Hoover Penilla, quien durante una rueda de prensa en diciembre de 2019, justificó el actuar arbitrario contra medios de comunicación: «Sé que han habido casos en los que miembros de medios de comunicación se han visto afectados; no quiero justificar, pero han llevado a niveles de susceptibilidad muy grandes a la sociedad».
Las agresiones por parte de la fuerza pública hacia periodistas y comunicadores continúan; ante la ausencia de pronunciamientos por parte del Gobierno nacional y local, son los organismos internacionales quienes se han pronunciado sobre estos hechos.
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Perfilamientos a periodistas, una práctica estatal que persiste
Las recientes denuncias de la revista Semana fueron construidas a partir de testimonios de militares y del allanamiento realizado en diciembre de 2019 al Cantón de Comunicaciones del Ejército en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, en donde se encuentra la unidad del Batallón de Ciberinteligencia –Bacib- y el Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información –Bacsi-. Con las denuncias se arrojaron pruebas en donde más de 130 personas, entre ellas políticas, ONG’S, sindicalistas y varios periodistas de medios de comunicación, son víctimas de perfilamiento y vigilancia por parte de la inteligencia militar.
Bajo órdenes de superiores del Ejército se ejecutaron investigaciones minuciosas alrededor de periodistas de medios nacionales e internacionales; contactos, números telefónicos, rastreo en redes sociales, registro de multas de tránsito y mapeo de sus movimientos geográficos fue la información que se recolectó para fines que aún se desconocen.
“La investigación muestra un evidente caso de violación a nuestra intimidad y un grave atentado contra nuestro trabajo como periodistas, contra nuestro derecho a la libertad de expresión”, expresa Rutas del Conflicto, uno de los medios de comunicación independientes que fue víctima de este espionaje; asimismo agrega que:
“Primero como medio de comunicación que termina perfilado por parte de inteligencia militar, como si se tratara de alguna organización que actuara por fuera de la ley, por el simple hecho de ejercer un periodismo crítico con las instituciones. Y segundo con el derecho de cada uno de los y las colegas que hacen parte de este proyecto de poder expresar sus opiniones personales en redes sociales, sin que por eso sean ‘fichados’ y ligarlos sin ningún tipo de sustento con círculos de relación que solo existen en la paranoia de algunos militares”.
Hasta el día de hoy han sido retirados 11 oficiales del Ejército Nacional y un general que presentó su renuncia voluntariamente, en el marco de estas denuncias.
Estos episodios de vigilancia ilegales e ilegítimos contra periodistas ya se han repetido en el país. Bajo instrucciones del exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- (organismo que estaba adscrito a la Presidencia de la República, en ese entonces encabezada por Álvaro Uribe Vélez), Jorge Noguera Cortés, conformó un grupo de inteligencia nombrado G-3, del que se desconoce su fecha de creación, para perfilar, interceptar teléfonos y amenazar a comunicadores.
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La estrategia del DAS se realizaba a través de campañas mediáticas de desprestigio en las que acusaba de ser terroristas y servir a grupos armados ilegales a periodistas que generalmente cubrían temas de corrupción y violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado. En febrero de 2009 un informe, similar al reciente escándalo de perfilamientos por parte del ejército, detalló estos hostigamientos contra diferentes personas de la vida pública y política.
CI AO/ND/03/05/20/13:00
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