Continúa persecución de liderazgos sociales en el Oriente colombiano

CI.- El reciente asesinato del líder social Alveiro Caicedo Barragán en Tame se suma a un trágico listado de líderes y lideresas sociales víctimas del paramilitarismo y la permisividad estatal en los departamentos de Casanare, Arauca y Boyacá en el Oriente colombiano.

Alveiro Caicedo Barragán era un reconocido líder social que se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Cabalalía y coordinador de la Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación de Juntas (Asojuntas) del municipio de Tame, Arauca.

El líder social y defensor de derechos humanos Alveiro Caicedo Barragán fue asesinado el pasado 1 de noviembre en zona rural del municipio de Tame, entre la vereda Corosito y el casco urbano, sector La Macaguana.

Caicedo Barragán había recibido varias amenazas de muerte, por lo que fue obligado a abandonar el departamento de Arauca. Sin embargo, su compromiso con su comunidad lo llevó a volver a la región, donde fue asesinado tras recibir varios disparos con arma de fuego.

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra aseguró: “Estos hechos ocurren luego que las estructuras paramilitares, denominadas disidencias de las extintas FARC comandadas por los alias “Antonio Medina” y “Héctor Aguilar” o “Pescado” hubieran efectuado amenazas públicas a través de redes sociales de forma general contra organizaciones sociales y otros sectores”.

Así mismo, la Fundación de Derechos Humanos dijo que en lo corrido del 2024 fueron asesinados en la región 14 liderazgos sociales.

Por su parte, Indepaz aseguró que en lo que va del año en Colombia fueron asesinados 151 líderes y lideresas sociales. De igual forma, señalan que desde el 2016 a la fecha en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare fueron asesinados 85 liderazgos sociales.

Fuerzas militares contra la población

En la región operan la Octava División del Ejército colombiano, las llamadas disidencias y la histórica presencia del grupo insurgente ELN.

Sin embargo, las comunidades y las organizaciones sociales afirman que la región es una de las zonas más militarizadas del país con una fuerte presencia de las fuerzas militares, las cuales son responsables de cometer varios crímenes contra la población y de tener vínculos con grupos paramilitares, como lo han confirmado varias sentencias judiciales.

Casos como la masacre de Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998 en Tame, cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana asesinó a diecisiete personas o el asesinato de los líderes Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche Goyeneche y Jorge Eduardo Prieto Chamucero el 5 de agosto del 2004 en el caserío de Caño Seco, vereda del municipio de Saravena a manos de soldados del Grupo de Caballería Mecanizado No. 18 Gr. Gabriel Revéis Pizarro confirman el papel que tienen las fuerzas militares en la región contra las comunidades.

Disidencias transformadas en grupos paramilitares

A esto se suma la acción de las llamadas disidencias, las cuales son denunciadas por las comunidades de ser un grupo paramilitar.

El pasado 5 de marzo, el líder social, comunal y defensor de derechos humanos Josué Castellanos fue secuestrado y asesinado por las disidencias en la vereda Santa Helena, municipio de Tame, Arauca.

Este mismo grupo fue el responsable de varias amenazas contra los líderes, lideresas y organizaciones sociales de la región.

En enero de 2022, las disidencias de Antonio Medina colocaron un carrobomba contra el edificio de las organizaciones sociales en el municipio de Saravena, Arauca, que destruyó varias viviendas y construcciones de distintas organizaciones sociales y empresas. También asesinó a un líder social que trabajaba como vigilante.

Militares y disidencias

Estos crímenes cometidos por las disidencias contra las comunidades ocurren a pesar de la alta presencia militar de las fuerzas militares. Habitantes y organizaciones sociales no dudan en afirmar que las llamadas disidencias no son otra cosa que grupos paramilitares.

Varias denuncias de la comunidad expresan que existen vínculos y colaboración entre estos grupos y las fuerzas militares.

El menor de edad contó que para el año 2021 él era usado como un enlace por parte de Héctor Aguilar, alias Pescado, jefe de las disidencias en el departamento de Arauca.

Firmantes de paz de las desaparecidas FARC han explicado que ni en los mejores años de la existencia de ese grupo insurgente crecieron tan rápido como lo hacen las disidencias, lo que indicaría la existencia de apoyo por parte de sectores de las fuerzas militares, narcotraficantes y empresas interesadas en apoderarse de la región y destruir el movimiento social.

Conflicto armado constante

El pasado 23 de octubre, la comunidad informó que había enfrentamientos entre el grupo insurgente ELN contra las disidencias en inmediaciones de la vereda Aguablanca de Tame, departamento de Arauca, en límites con el municipio de Sácama, Casanare.

Después de los enfrentamientos, las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central amenazaron a la comunidad de la vereda, la cual fue obligada a desplazarse de sus territorios.

En estos hechos, las disidencias con lista en mano amenazaron y expulsaron a varios integrantes de la comunidad de Sácama y les prohibieron vivir en las inmediaciones de Tame o Sácama.

Recrudecimiento de la confrontación

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra explicó que desde el año 2022 se recrudeció la confrontación entre el ELN contra las fuerzas militares y las disidencias.

En septiembre pasado, el ELN atacó una base militar del Ejército en el departamento de Arauca, que dejó tres muertos y 26 heridos.

Son varios los enfrentamientos ocurridos entre las fuerzas militares y el ELN, grupo insurgente que opera en la región desde finales de la década de los setenta.

Así mismo, este grupo sostiene una guerra en la región con las disidencias que dejan varias personas muertas y heridas.

La respuesta de las disidencias a varias derrotas militares sufridas ha sido desquitarse contra las comunidades, los liderazgos y organizaciones sociales y comunitarias.

El 19 de enero de 2022, las disidencias atacaron la sede de las organizaciones sociales en Saravena, Arauca. Así mismo, el cabecilla que lidera la estructura 28 de este grupo amenazó de muerte a 300 líderes sociales. En abril de 2024, alias Pescado de la Estructura 10 anunció el asesinato de líderes sociales en el territorio.

La organización defensora de derechos humanos Joel Sierra dijo que estos hechos se enmarcan en una estrategia de estigmatización, asesinato y persecución contra el movimiento social en la región que coincide con las declaraciones de mandos militares del Ejército.

Exigencias al Estado

Ante estos hechos, la Joel Sierra reiteró sus exigencias al Estado Colombiano encabezado por el presidente Gustavo Petro, a los gobernadores Renson Martínez y Cesar Ortiz Zorro para que impulsen una política de desmonte del paramilitarismo, atiendan a las comunidades afectadas, garanticen el retorno y las condiciones de vida digna de la comunidad en la región.

Al Gobierno nacional le reclaman que cumpla con su obligación de proteger a las personas en su vida e integridad, principalmente a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

De igual forma, exhortaron a los aparatos de justicia a avanzar en las investigaciones por estos casos, principalmente en los hechos contra líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos; agilizar con rigurosidad las investigaciones para superar la impunidad y detener el genocidio.

También le exigen a la Defensoría del Pueblo activar los mecanismos de alertas tempranas frente al desplazamiento. Finalmente, solicitan a la comunidad internacional acompañar con su solidaridad política y monitoreo permanente la grave crisis social y humanitaria que vive la región.

CI FC/04/11/2024/13:30