10 ago. CI.- Este fin de semana se cumplieron dos meses de la captura de seis campesinos en el municipio de Mapiripán, Meta, señalados por el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, de ser integrantes de un grupo armado organizado residual. Las organizaciones campesinas señalan que este hecho se trata de un falso positivo judicial.

Los hechos

El 10 de junio de 2020 el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció públicamente la captura de seis personas en el municipio de Mapiripán, Meta. Según Holmes, los campesinos pertenecen a un grupo armado organizado residual y son autores del “desplazamiento forzado y amenazas contra líderes sociales y comunales del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-, tanto del Meta como del Guaviare”.

Dichas capturas se produjeron entre los días 7 y 8 de junio, en el marco de una operación ejecutada por el Cuerpo Élite de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, la Fuerza Aérea Colombiana y la Unidad Especial de Investigación –UEI- de la Fiscalía General de la Nación.

El ministro afirmó que estas capturas “son de suma importancia” y que se realizaron gracias a una alerta temprana que la Defensoría del Pueblo realizó a finales de mayo. En el anuncio público, el ministro afirma que “estas personas son señaladas de amenazar a la población para evitar la erradicación de cultivos ilícitos”.

Ante los hechos ocurridos, la Red de Comunidades Construyendo Paz en Colombia -Conpazcol- y las Juntas de Acción Comunal de veredas de Mapiripán, rechazaron las acusaciones, afirmando que este hecho se trata de un nuevo caso de falsos positivos judiciales.

Le puede interesar: Ejército ataca a comunidades campesinas en el sur del Meta

Carlos Julio Betancourt Flores, José Isidro Martín Barreto, Carlos Julio Díaz, José Vicente Hernández, Norbey de Jesús Bustamante Cardona y Luis Alberto Méndez, son los campesinos y líderes de la Junta de Acción Comunal de la vereda ‘El Silencio’, capturados por las fuerzas militares bajo las órdenes del Gobierno Nacional.

“Ellos son personas conocidas en nuestras comunidades, algunos desde los 12 años y otros desde hace más 20 años. Son campesinos dedicados al trabajo en sus fincas, cinco de ellos hacen parte de la población que firmó los acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito en 2017, producto de los acuerdos suscritos por el gobierno con las Farc”, añadió la red Conpazcol.

Además, familiares y amigos de los detenidos denunciaron la presión ejercida por personas desconocidas que se presentan como ‘abogados’, induciendo a los campesinos a «reconocer» la responsabilidad en estos hechos para que les otorguen casa por cárcel.

Mientras tanto, sus familias se encuentran en precarias condiciones, pues los campesinos capturados eran los encargados de brindar el sustento económico en sus hogares.

“Doy constancia de que estas personas capturadas son trabajadoras y honradas. Toda la comunidad de esta vereda y comunidades alrededor del municipio de Mapiripán y al otro lado del río Guaviare pueden dar testimonio del buen nombre de estas personas. Aquí hay una injusticia y pido a las autoridades competentes que investiguen los hechos para poder esclarecer este atropello contra estos campesinos”, expuso Arsenio Perdomo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Silencio.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación -UEI- imputó a los detenidos por los delitos de desplazamiento forzado y amenazas. De igual manera, solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario. La petición fue aceptada por el juez.

A los campesinos detenidos los trasladaron a una inspección de policía en Veracruz, Meta, pues la cárcel de Villavicencio es la que tiene más casos de Covid-19 en todo el país, con más del 40% del penal, entre funcionarios e internos, positivos para el virus, según lo confirmó la Gobernación del Meta.

¿Qué exige la comunidad y la red Conpazcol?

Por un lado, la operación fue ejecutada por la Fuerza Pública en dos helicópteros; uno de ellos aterrizó en la cancha de la escuela ‘El Divino Niño’ de la vereda ‘El Silencio’, ocasionando daños en su frágil infraestructura. La comunidad realizó esta denuncia y exige soluciones ante el evidente deterioro de la institución educativa.

Por otro lado, la Red Conpazcol solicitó a la Procuraduría General de la Nación “dar el seguimiento a este grave hecho de vulneración de los derechos de los campesinos detenidos y presentados por el gobierno nacional como criminales y adelantar las investigaciones de tipo disciplinario por este presunto falso positivo judicial”. Asimismo, exigieron a la Defensoría del Pueblo aclarar los hechos por los cuales supuestamente se realizaron las capturas.

Lea también: Nuevos falsos positivos judiciales en Norte de Santander

A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos solicitan brindar el acompañamiento a las familias de los detenidos y exigir al Gobierno colombiano garantías de protección a la vida y al buen nombre de los campesinos y sus familias.

“No podemos callar ante esta nueva injusticia. Replicamos el llamado que hacen las familias, exigiendo libertad inmediata, ya que toda su vida gira entorno a la tierra y a vivir de ella”, expresó la red Conpazcol.

Hasta esta fecha la audiencia de los detenidos ha sido aplazada, alargando y entorpeciendo el proceso de defensa que podrían presentar los campesinos para demostrar su inocencia.

La red Conpazcol solicitó a la Fiscalía General de la Nación “que haga lo pertinente para que los seis detenidos sean puestos en libertad lo antes posible y, mientras permanecen privados de la libertad, garantice la comunicación con sus familiares”.

CI AC/ND/10/08/20/18:00