27 mar. CI.- Desde el 22 de marzo, los consejos comunitarios de los nueve ríos que rodean a Buenaventura adelantaron una movilización que denominaron “Encuentro Cultural Por la Vida en el Territorio” en el cual denunciaron la difícil situación humanitaria que viven las comunidades debido a la violencia generada por grupos paramilitares que pretenden usurpar el territorio y someter a sus habitantes.

La movilización comenzó con una marcha desde las afueras de la ciudad de Buenaventura hasta el punto conocido como “Gallinero” entrada al consejo comunitario del Bajo Calima, en donde procedieron a bloquear la vía principal al puerto como mecanismo de presión. Exigieron la presencia del Alto Comisionado, el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia, para revisar y evaluar temas relacionados con la política de Paz Total y los Ceses Bilaterales con los distintos grupos.

El 23 de marzo, manifestantes y gobierno instalaron la mesa de concertación en la que participaron integrantes de las comunidades, instituciones locales y representantes del gobierno nacional en cabeza de la Viceministra para el diálogo social, Lilian Solano. Los líderes de la movilización aclaran que esta “no se realiza en contra del gobierno nacional, sino en contra de la agudización de las condiciones de violencia, las cuales deben abordarse de manera efectiva para su resolución”.

Manifestantes y Gobierno concertaron 4 grandes ejes que se componen de acciones concretas que son los siguientes:

1. Proceso de negociación de Paz

2. Medidas de Protección Colectivas

3. Asistencia Humanitaria

4. Reparación colectiva.

Cada vez son más las demandas de las comunidades sobre su participación en la política de Paz total, ya que la violencia se viene agudizando en los territorios por grupos paramilitares que tienen como objetivo rentas ilegales y el control violento del territorio. Vienen aumentando las denuncias de abusos, desplazamiento, y asesinato de líderes, por parte de grupos como las AGC y las disidencias que tienen azotada a las comunidades negras, indígenas, campesinas y firmantes de paz. Ya hace dos meses, comunidades del Sur de Bolívar se movilizaron en el sector de la Lizama denunciando la persecución del paramilitarismo a sus organizaciones y líderes, consiguiendo acuerdos que no han sido cumplidos por el gobierno nacional.

El movimiento indígena viene sufriendo una serie de ataques, como denunció la lideresa Aida Quilcue: “En lo corrido del año han sido asesinados cinco personas en el resguardo López Adentro en el Cauca… Hago un llamado urgente al Estado Colombiano para que tome las acciones necesarias para proteger y garantizar la vida de los pueblos Indígenas.”

Igualmente, en Mesetas, departamento del Meta, firmantes de Paz sufrieron amenazas de desplazamiento, lo que obligo a Rodrigo Londoño, Presidente del Partido Comunes, a pronunciarse y pedir la protección del gobierno.

Los distintos ceses bilaterales han sido cuestionados no solamente por la opinión pública. Las comunidades exigen ser incluidas en estos acuerdos, pues consideran que la situación lejos de mejorar empeoro, ya que estos grupos se han expandido y fortalecido.

La suspensión del cese con el grupo de los paramilitares de las AGC evidenció que se necesitan mayores mecanismos de verificación, reglas claras y protocolos que permitan que la Paz Total se materialice en las regiones y no sea solamente un discurso de los mandatarios.

CI CZ/FC/27/03/2023/17:00