18 feb, CI.- Aunque en Arauca no hay cultivos de coca según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC[i]-, desde medios de comunicación nacional, militares, políticos, funcionarios públicos y candidatos presidenciales se asegura que Arauca está inundada por el narcotráfico. Con este argumento enmarcan la tesis de que: “El conflicto es una disputa por las rentas ilícitas”. Y afirman que se necesita una ofensiva, como si la solución se consiguiera con militarización y guerra.

Por Mauricio Reyes Rojas*. Alejadas de esta tesis, organizaciones sociales y de Derechos Humanos como la Fundación Joel Sierra, afirman que Arauca está llena de militares. Denunciando, además, que las Disidencias de FARC y la fuerza pública actúan conjuntamente en contra de las comunidades, organizaciones y sus proyectos económicos y sociales. A estas denuncias se sumó Alirio Uribe Muñoz, defensor de DDHH, quien en su perfil de Twitter expresó:


Por eso, recabar información sobre el conflicto, la militarización y el narcotráfico en Arauca es relevante, puesto que ayudaría a entender la dinámica e intereses que se ciernen sobre el territorio.

Militarización al servicio de los enclaves

Arauca es un departamento limítrofe entre Colombia y Venezuela, comparte una frontera delimitada por el río del mismo nombre. Los 1.118 km que comparte con el estado de Apure son escenario de negocios lícitos e ilícitos, y a su vez están inmersos en una disputa geopolítica regional y mundial.

La población total del departamento es de 264.123 habitantes, según el censo de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-. Además de sus pobladores, en Arauca cohabitan aproximadamente 9.000 efectivos de fuerza pública (Ejército Nacional, Armada y Policía) y militares extranjeros; lo cual hace que allí se viva una militarización total de la vida. Según el Comando General de las Fuerzas Armadas, a ello se le han sumado los 600 nuevos efectivos que envió Iván Duque para “arreglar” el problema de Arauca.

Este es uno de los departamentos más militarizados del país: hay 34,2 militares por cada 1.000 habitantes. Este promedio supera en un 300 % el promedio nacional (8,4 militares por cada 1.000 habitantes). La militarización contrasta con la baja atención en necesidades básicas. En saldo rojo están el trabajo, la educación, la vivienda, la salud y el acceso a los bienes de consumo.

Mirando por encima los datos respecto al acceso a la salud, podemos analizar que en el país solamente hay 1,5 médicos por cada 1.000 habitantes y en Arauca este promedio es inferior. Lo que demuestra el abandono Estatal.

A la fuerte presencia militar se suma la consolidación de las Zonas Futuro, política de Gobierno que entrega el control de la institucionalidad, desmontando la supuesta “Democracia representativa”. Una vez estén consolidadas las Zonas Futuro, los militares asumirían el trabajo de las autoridades locales, ejecutando obras de infraestructura, programas asistenciales y militarizando aún más la vida.

Los programas y proyectos implementados en estas zonas involucran a las comunidades dentro del conflicto. Estas acciones son, a todas luces, violatorias del Derecho Internacional Humanitario -DIH- y se realizan con el visto bueno de la Defensoría del Pueblo y personerías.

Pese a la alta militarización, nuevas bases y entrega de nuevo equipamiento; en Arauca no disminuye la violencia. Por el contrario, esta se ensaña directamente contra las comunidades y sus organizaciones sociales: entre el 2 de enero y el 16 de febrero de 2022, cinco líderes sociales y comunales han sido asesinados; se efectuó un atentado contra la Empresa Comunitaria de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Saravena -ECAAAS E.S.P- y un carrobomba fue activado contra el edificio Héctor Alirio Martínez, sede de varios movimientos sociales de la región.

Frente a esta militarización, las comunidades expresan que la llegada de más militares solo beneficia a las empresas extractivas. “Los militares están enfocados en la defensa de los proyectos minero-energéticos y de empresas multinacionales”, afirmaron en un comunicado.

Estas afirmaciones se corroboran cuando, en medio del conflicto suscitado en 2022, vemos que las empresas petroleras han ingresado maquinaria con acompañamiento militar a zonas donde las comunidades rechazan la explotación petrolera.

Desde el 2014, la Corporación Arcoíris sustentó en estudios la creación de batallones energéticos, mineros y viales, además Estructuras De Apoyo -EDA- de la Fiscalía General, para defender los intereses de los proyectos minero-energéticos.

Según la Corporación Arcoíris: “El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los denominados Batallones Energéticos, Mineros y Viales. Su crecimiento ha acompañado la política de atraer la inversión extranjera de las empresas multinacionales del sector para la implementación de la política neoliberal extractivista: la denominada ‘locomotora minero-energética’. Si a inicios de 2011 eran 11, en 2014 ya son 21 los batallones minero-energéticos (…). Los Batallones Minero-Energéticos están formados por 80.000 efectivos, el 36 % del total de efectivos del Ejército de Tierra en el que están encuadrados, y representan casi un 30 % de las fuerzas armadas”.

Si las fuerzas militares están enfocadas a defender y cuidar la infraestructura y las empresas multinacionales, ¿quién está luchando contra el narcotráfico?

Narcotráfico en Arauca

Lo cierto es que en Arauca la militarización se ha justificado bajo pretexto de luchar contra los grupos armados, y con la consigna de erradicar las rentas ilícitas en la frontera. Cabe mencionar que mientras se plantea que el 50 % de la droga producida en el país sale por Arauca, la UNODC[i] expresó que desde 2019 Arauca está libre de cultivos de coca.

En ese mismo informe, la UNODC reportó en Arauca y Vichada una disminución significativa de áreas sembradas. Según fuentes del organismo, entre 2005 y 2020 los cultivos se redujeron un 99 %. Estos dos departamentos pasaron de tener 9.706 a 121 hectáreas.

En sus informes, la UNODC expone que tal disminución es gracias al Acuerdo de Paz firmado entre las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Gobierno Nacional. Dicho “logro” fue exaltado en un evento público celebrado en 2018, en el que la comunidad nacional e internacional declararon a Arauca libre de cultivos de coca. Esta celebración desconoce la labor del campesinado de Arauca, quienes entre 2007 y 2012 ya habían erradicado la coca, sembrado plátano y cacao, y proyectado la industrialización de estos renglones agropecuarios en el departamento.


Luego de la implementación del Acuerdo de Paz y con el surgimiento de las disidencias de las FARC, comunidades y organizaciones denunciaron presiones para la resiembra de coca. Según las comunidades, este es uno de los desacuerdos entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y los grupos de las antiguas FARC que nunca estuvieron de acuerdo en participar en el proceso de paz.

Incautaciones y laboratorios

Los datos demuestran que la siembra y el cultivo no son las causantes de la afirmación “¡Arauca está inundada en drogas!”. Analizar otras variables como las incautaciones y la destrucción de infraestructura pudiese dar pistas para conocer cómo se mueve el narcotráfico en este departamento. Esto, posiblemente, debelaría si este territorio se usa para el procesamiento o como ruta de paso hacia Venezuela.

Según un informe extraído del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional -SIEDCO-; en Colombia se realizaron 31,789 incautaciones durante el 2021. En dichas operaciones fueron confiscadas aproximadamente 714 toneladas de estupefacientes (marihuana, base de coca, cocaína, bazuco y heroína). Del total de estas incautaciones, en Arauca solo se confiscó el 0,20 %; es decir, 1,55 toneladas. En el departamento, la marihuana fue el mayor estupefaciente incautado (con 1,42 toneladas). Los 130 kilogramos restantes corresponden a base de coca, heroína, cocaína y bazuco, respectivamente.

En los datos obtenidos, las incautaciones más relevantes por la cantidad confiscada se realizaron en Arauca Capital (50 kg de cocaína y 1,2 toneladas de marihuana) y en Arauquita, (78 kg de base de coca y 100 kg de marihuana).

Sumado al informe de las incautaciones, en el Ministerio de Justicia se analizó el aplicativo web: Infraestructura para la Producción de Droga Desmantelada. En él se evidenció que entre 2018 y 2021, en Arauca únicamente se destruyeron dos laboratorios o infraestructuras para el procesamiento de estupefacientes (uno en Arauquita y otro en Arauca Capital).

Entonces, ¿Arauca está inundada de drogas, o solamente es un discurso para vender la militarización y paramilitarizar el territorio?

Los datos históricos de cultivos, incautaciones y destrucción de laboratorios presentados no indican que exista gran flujo de estupefacientes por Arauca, desmintiendo así las aseveraciones realizadas por militares, políticos y funcionarios públicos. Estas cifras también demuestran el nulo control de una zona estratégica. Si es verdad que el 50 % de la droga sale por Arauca, es posible que nos encontremos ante una red que, con complicidad de militares, trafica estupefacientes en la frontera.

No se puede negar que el discurso se vende. Mientras continúa la militarización, nuevas empresas ingresan a los territorios, paramilitares incursionan en Puerto Rondón y permanecen las amenazas contra las comunidades y sus organizaciones.  Todo lo anterior bajo un discurso unificado en el que Gobierno - Disidencias y Paramilitares dicen lo mismo.

[i] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020 (Bogotá: UNODC-SIMCI, 2021).

[i] Líder mundial en la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia internacional.

*Mauricio Reyes Rojas es periodista e investigador.

CI MR/AR y PC/18/02/2022/12:00