1 jun. CI.- Más allá del negocio y las astronómicas cifras que representa (Nutresa vale 7000 millones de dólares), la transacción muestra el control que este poderoso grupo económico posee sobre la alimentación de la clase trabajadora en Colombia. Los análisis más cortos sitúan a la agricultura campesina como la responsable del 80% de la producción destinada para el consumo, ya que existen monopolios y oligopolios de productos procesados que constituyen parte básica de la dieta alimentaria de la clase trabajadora.

El pasado 25 de mayo, el grupo Gilinski en conjunto con inversionistas árabes se quedó con las acciones del grupo Nutresa por medio de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) y a cambio de los intereses del Grupo Empresarial Antioqueño en Sura (empresa aseguradora y especuladora en bolsa) y de Argos, multinacional de materiales para la construcción, responsable de daños ambientales en Boyacá y Antioquia y que está envuelta en el usufructo de tierras despojadas por el paramilitarismo.

Este juego de inversiones y presiones enfrentó por un lado a los Gilinski, quienes iban de la mano con el Grupo IHC Capital Holding LLC, (cuyo capital proviene de Emiratos Árabes Unidos), y al Grupo Empresarial Antioqueño, dueño de Bancolombia, Celsia, Argos, y decenas de empresas más.

La familia Gilinski (su hombre fuerte, Jaime Gilinski Bacal, es el segundo más rico de Colombia según la revista Forbes) controlan conglomerados bancarios, además de la revista de derecha Semana.

Café, galletas y pastas son productos principales en la canasta básica. Proporcionan carbohidratos para la energía que necesitan los hombres y mujeres que mueven el país y se consumen en grandes cantidades en el área rural y urbana, para llenar el estómago, aunque su contenido nutricional sea discutible. El negocio que hicieron los árabes, les expande su influencia alimentaria y refuerza sus inversiones centradas en China e India y refuerza el papel de los banqueros en la seguridad alimentaria.

Pese a que las empresas privadas controlan el sector alimenticio, no hay políticas estatales para facilitar la producción de procesados y garantizar la soberanía alimentaria del país. A esto se suma, el manejo que realizan estas empresas en la comercialización de productos. Las promesas de la exministra López y de Gustavo Petro sobre revivir el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, se las llevó el viento. En el caso de la producción agroindustrial, ni siquiera las hubo.

La propuesta popular

Sobre esta realidad de dependencia y captura alimentaria que supera lo dispuesto en materia de tierras, infraestructura e inversiones de la Ley 160, – tan defendida por la Ministra Mojica-, o el acuerdo entre el Gobierno y las FARC de 2016, las organizaciones campesinas, sociales y populares han propuesto la Reforma Agraria Integral y Popular (RAIP), que ataca de fondo el problema del hambre y el poder que sustentan las corporaciones sobre la alimentación en Colombia.

La RAIP sugiere la entrega de tierras a asalariados, jornaleros y obreros del campo para la producción agroindustrial de materias primas y agroalimentaria (como la cebada, lentejas, garbanzo y trigo en la actualidad importado en su mayoría) por medio de los territorios agroindustriales, pero también el impulso a las empresas de transformación de productos. La organización obrera garantizará la producción de los miles de toneladas de alimentos y su procesamiento, bajo los principios de la gestión popular y con la inversión de una economía de fondos públicos. Esta decisión económica y con la respectiva proyección garantizaría la no dependencia de privados o externos.  De igual manera, la inversión en maquinaria y tecnología agrícola propuesta en la RAIP, permitiría adaptar la producción a las condiciones edafoclimáticas (suelo y clima) del trópico con un menor impacto ambiental de lo que actualmente plantea la revolución verde.

No importa que sea el Grupo Empresarial Antioqueño, los Gilinski, los árabes o cualquier otro capitalista quien monopolice el mercado, si la organización de los trabajadores de la producción, transformación y distribución no se proyecta a definir qué, cómo y para quienes producirán, serán los empresarios y terratenientes quienes seguirán manejando sectores tan importantes como la alimentación para acumular capital.

El Gobierno Nacional tiene la oportunidad de dar los primeros pasos para superar esta dependencia y sumisión, pero esta ruta pasa por implementar medidas que ayuden a viabilizar e impulsar la Reforma Agraria Integral y Popular. La presión popular debe ir encaminada al impulso de reformas no reformistas y mayor politización y conciencia de sus intereses.

CI JL/FC/01/06/2023/15:00